sábado, 31 de diciembre de 2011

CONSEJOS PARA SER UN BUEN GOBERNANTE

CONSEJOS PARA SER UN BUEN GOBERNANTE.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

Existen principios, recomendaciones y sugerencias de tipo filosófico, jurídico, administrativo y ético y moral, que nos enseña como se debe gobernar, ejercer el poder y administrar los bienes públicos; sin embargo, en la filosofía del pueblo hay otros consejos o principios, que por entrevistas los he compilado y que hoy los comparto con ustedes, para que aprendan ser un buenos gobernantes y logren liderazgo en sus regiones.

1. SIMPATIA, AMABILIDAD. Mantenga la amabilidad, cordialidad, humildad que lo caracterizó durante su campaña proselitista, es decir, siga repartiendo “picos”, abrazos, salude a las personas por su nombre y no se vuelva petulante o creído, porque de su manera de tratar a las personas, depende su futuro político. Recuerde que para ejercer el poder no necesita ser déspota o grosero. Lo cortes no quita lo valiente.

2. CONSTESTE EL CELULAR. Al elector le disgusta, que su candidato de su preferencia una vez sale elegido, no contesta el celular, cambia el número o lo apaga. Si no puede contestar el celular, por favor encargue de esta misión a su escolta o persona de confianza, para que reciba los mensajes y una vez tenga el tiempo, devuelva la llamada. Por mi experiencia en cargos públicos, me ha enseñado que la mayoría de llamadas o citas son para pedir favores, contratos o puestos, sin embargo, estos aspectos se deben manejar con mucha elegancia. A las personas le gusta que los hagan sentir importantes, les gusta los pequeños detalles y contestar el celular es seña, que nuestro gobernante no nos ha olvidado y sigue siendo nuestro amigo. El elector es un cliente, y como tal merece la mejor atención.

3. APRENDA A DECIR NO. A la gente le disgusta que le “mamen gallo”, que los pongan a gastar dinero y tiempo en hojas de vida, que en el peor de los casos, van a parar al cesto de la basura. No engañe a su clientela, si no puede darles un contrato, puesto o hacer un favor, dígale con mucha serenidad “no” o “no puedo” y que tratara de ayudarle en otra oportunidad. Tenga palabra de gallero y sea serio en su palabra empeñada.

4. ATIENDA AL PÚBLICO. Cuando un gobernante no atiende al publico, es un mal síntoma que ya tiene “montada su rosca”, para los contratos o los puestos públicos. Fije un día a la semana o establezca un horario especial, para atender al público y que cada cita no se extienda mas de 10 minutos así podrá atender más público. A la personas le gusta que los atiendan, que escuchen sus necesidades o reclamos y así no le otorguen el favor solicitado; por lo menos salen contentos porque su alcalde o gobernador los atendió. Cuando este atendiendo a una persona, mírele fijamente su rostro, pues es mala educación, mirar para otro lado o hacer algo mientras nos dirigen la palabra.

5. NO JUEGUE A LA DOBLE MORAL. Algunos gobernantes, lo primero que le advierten a sus empleados, es que “no toleran actos de corrupción y que funcionario que le pida plata a los contratistas, se va del puesto”. Esto evidencia, que todas las coimas son para el gobernante y no admite competencia dentro de su “cartel”. Hay que tener mucho cuidado, pues la gente ya no come cuento de honradez, moralidad y transparencia y saben de antemano, que los gobernantes van por su “cuarto de hora”.

6. REPARTA UN PORCENTAJE DE LAS COMISIONES. El dicho del pueblo, “es que llegan solo a robar para ellos y no reparten nada”. Hay que destinar un 20% como mínimo de las comisiones de los contratos, para repartirlas entre las personas, a las cuales no se le ha podido cumplir con contratos o puestos. Que ese 20% también sea lo de ley para sus amigos, para aquellos que lucharon por su candidatura.

7. DEMOCRATICE LA CONTRATACION. Cuando una persona le pide al gobernante “que le ayude con un contratico” y éste le responde que no hay nada, es seña, “que tiene amarrada toda la contratación con testaferros o con sus empresas a nombre de terceros”. En los procesos de contratación hay muchas maneras de ayudar a las personas, ya sea otorgándoles contratos de mínima, menor cuantía o solicitándole al contratista la vinculación laboral de determinadas personas. Los contratos deben atender los fines esenciales del Estado, pero también que generen poder adquisitivo o calidad de vida en la región. Cuando un gobernante, tiene toda la contratación amarrada a través de sus empresas, se esta generando mas desigualdad social, pobreza y problemas de inseguridad. Fomente las MIPYMES y democratice la contratación.

8. PREGUNTE, PREGUNTE. Antes de actuar, pregunte, pregunte, consulte, pues es preferible que le digan bruto por cinco minutos y no bruto de por vida. Aprenda a escuchar, a recibir consejos pues la mayoría de gobernantes se creen soberanos y en medio de su arrogancia o prepotencia, se ven en vueltos en procesos disciplinarios, penales o fiscales, que les puede costar “la muerte de la gallinita de los huevos de oro”. La violación a las normas de contratación estatal y del presupuesto publico, son los errores mas comunes que cometen los gobernantes y son los aspectos de mayor control, evaluación y seguimiento por parte de los órganos de control, ya sea por celebración indebida de contratos, prevaricato, peculado, concusión o cohecho. Conforme un grupo interdisciplinario de profesionales en las distintas áreas del conocimiento, para que lo orienten o asesoren en las diferentes áreas de la Administración Publica.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS QUE HIZO. Es el cumplimiento del Programa de Gobierno y posteriormente del Plan de Desarrollo, que deberá reflejar todas las promesas que hizo en su campaña, en especial aquellas relacionas con obras o servicios para determinadas comunidades o sectores.

Si usted tiene en cuenta estos vernáculos consejos para ser un buen gobernante, mantendrá su liderazgo político, pues muchos de los que salen elegidos solo van por “su cuarto de hora” o a enriquecerse ilícitamente, pregonando moralidad, honradez, transparencia en todas sus actuaciones. El pueblo ya no come cuento de honradez, ni vive de “cuentos chinos”.

Hay que dejar bases solidas para otras futuras campañas políticas.



29 de diciembre de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

jueves, 6 de octubre de 2011

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Hasta qué punto un funcionario puede participar en política o hacer proselitismo en favor de un candidato sin que se vea expuesto a una queja ante el Ministerio Publico, una eventual represalia o persecución política por apoyar un determinado candidato a corporación pública o cargo público. El planteamiento también se extiende para los contratistas (O.P.S.) si pueden hacer proselitismo político en favor de un candidato.

Para resolver, se tiene como fundamento de derecho los preceptos constitucionales y legales que se relacionan.

El articulo 127 de la constitución política literalmente expresa:

“Inc. 2, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución”.

“Inc. 3, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria”.

“La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.

De otra parte los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o Código Disciplinarios Único, prescriben como faltas gravísimas, y que dan lugar a destitución e inhabilidad para desempeñar funciones públicas, el de “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.

La misma ley prevé en el artículo 34 numeral 4, como deberes de todo servidor público, los de “utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información que reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos”, así como “dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas” artículo 34 numeral 11 ibídem.

Concordante con lo anterior, el artículo 38 de la ley 996 de 2005, o ley de garantías electorales, relaciona unas prohibiciones para todos los empleados del Estado:

1. Acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en esa ley.

3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.

4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

De acuerdo a lo anterior, corresponde al Congreso de la Republica, mediante ley estatutaria, determinar qué clase de funcionarios públicos desde el punto de vista jerárquico y funcional, pueden participar en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas, ya que para los funcionarios de la rama judicial, órganos electorales, órganos de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en estos asuntos, dejando un “vacío” al no estar reglamentado el inciso tercero del artículo 127 de la constitución, que a titulo enunciativo establece que los funcionarios no detallados en el inciso segundo, si pueden tomar parte activa en los partidos políticos y en las controversias políticas.

Por interpretación restrictiva, la norma constitucional está condicionada a una ley estatutaria que aún no ha sido expedida; al respecto el Consejo de Estado ha sostenido: “desde luego será la ley la que ha de regular la forma de ejercer este derecho y de cubrir el riesgo para evitar que el servidor público se convierta en factor desestabilizador de la administración pública.(…) Pero si bien es cierto que el derecho a participar en actividades políticas fue reconocido directamente por la Constitución, su efectividad quedó condicionada a que el Congreso expida la ley que determina la forma de realizar las actividades políticas. De manera que la actividad política de los empleados solamente puede cumplirse con fundamento en la nueva ley y mientras no se expida, los mismos no pueden realizar ninguna actividad política distinta del sufragio” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación 430 del 18 de marzo de 1992. Ponente: Jaime Paredes Tamayo)

Complementa este concepto la Corte Constitucional mediante sentencia C- 454 de 1993, al señalar que “la regla general consiste hoy en permitir tales actividades aun a los servidores públicos con la excepciones que la norma introduce en concordancia con la mayor libertad de acción que se reconoce y para impedir su ejercicio abusivo, se sanciona, ya no la participación del empleado en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer determinada causa o campaña” (subrayado fuera de texto).

Se infiere, que la facultad de participar en política no corresponde a un derecho absoluto, pues está limitado en el sentido de utilizar el empleo como medio de presión a los ciudadanos a respaldar una campaña política, el cual será causal de mala conducta, lo cual no debe confundirse con la libertad que tiene el funcionario de escoger el candidato de su predilección y votar por él, hacer reuniones privadas o en su residencia para manifestar su intención de voto, ya que esta actividad o controversia, no es incompatible con sus funciones públicas, excepto si las utiliza desde su cargo para presionar a los ciudadanos en favor de determinado candidato.

El hecho que un funcionario público, asista en calidad de espectador a un espectáculo público, bingo, bazar, o evento deportivo patrocinado por un candidato político, no se puede considerar como participación en política, porque no reúne los presupuestos jurídicos que versan sobre la actividad y controversias políticas, y cualquier queja que se interponga ante el Ministerio Publico o Control Interno Disciplinario, serán infundadas.

Se requiere que el funcionario público, sea un sujeto activo, es decir, que realice la conducta descrita en la norma disciplinaria como falta gravísima o conducta antijurídica y no como un simple asistente o espectador.

04 de octubre de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

HOMOLOGAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA

HOMOLOGAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR LOS AÑOS DE SERVICIO.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Con la expedición del acto legislativo 04 de 2011, los provisionales que a 31 de diciembre de 2010, venían ocupando cargos de carrera administrativa y que tienen más de cinco (5) años de servicio, se les homologara la prueba de conocimientos por los años de servicio o de experiencia laboral, quedando sin efectos legales, la convocatoria 01 de 2005, ya que las resoluciones y demás actos administrativos que expidió la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, perdieron fuerza ejecutoria, por ser contrarias a acto legislativo 04 de 2011, como lo establece el artículo 4, de la constitución política.

Sin embargo, la CNSC, creyéndose entidad soberana, desconoce el precepto constitucional, argumentando que el acto legislativo en comento, no se aplicara a los funcionarios en provisionalidad que no están participando en los procesos de selección que se encuentran en trámite y que son beneficiarios del mismo, los funcionarios que se encuentren en lista de elegibles que cobraron fuerza antes de la expedición del acto legislativo, “adquirieron el derecho a ser nombrados, por lo tanto el nominador respectivo deberá proceder a dar cumplimiento a los establecido en el artículo 32 del decreto 1227 de 2005, es decir, proferir el acto de nombramiento y dar posesión en periodo de prueba dentro de los términos previstos”. Es evidente la leguleyada del señor FRIDOLE BALLEN DUQUE, Presidente de la CNSC, a través del comunicado del 14 de julio de 2011.

Basta saber leer e interpretar, para concluir que el acto legislativo, es impersonal y en abstracto, que no es de carácter individual o a un grupo de personas identificables a través de un concurso, porque la disposición superior no lo contempla y que las listas de elegibles, siendo un acto particular que creó unos derechos adquiridos con respecto a los concursantes antes de entrar en vigencia la disposición constitucional, pero ésta ha perdido fuerza ejecutoria, por la sencilla razón de no haberse ejecutado antes de la expedición del acto legislativo 04 de 2011, es decir, estos supuestos derechos adquiridos son meras expectativas, que no vulnera el debido proceso, ya que las expectativas jurídicas no generan derechos.

Queda claro que el acto legislativo 04 de 2011, surtirá efectos frente a aquellas personas o mejor funcionarios públicos, que actualmente están ocupando cargos de provisionales o por encargo y que a 31 de diciembre de 2010, tenía como mínimo cinco (5) años de servicio, condición esta que le homologaría la prueba de conocimientos.

La CNSC, deberá homologar las pruebas de conocimientos establecidas en el concurso público, preservando el principio del mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cual deberá nuevamente solicitar a la entidades estatales, la información o base de datos de la relación de empleados provisionales que a 31 de diciembre de 2010, venían ocupando cargos y que actualmente los ocupen.

Pero la pregunta del millón es ¿Qué pasara con las personas que ganaron los concursos y no están ocupando cargos públicos? Por simple lógica, se deberá dar prelación a los provisionales que cumplen con los requisitos del acto legislativo y los que no lo cumplen, deberán dar paso a la personas que ganaron los concursos, es decir, primero están los provisionales que actualmente ocupan cargos y si queda vacantes, estas serán para los particulares (que no están ocupando cargos públicos), que estaban en lista de elegibles.

Recordemos que el espíritu de este acto legislativo, es garantizar el derecho al trabajo a eso provisionales, que vienen ocupando cargos por más de cinco años y que desafortunadamente no pasaron las pruebas de la convocatoria 01 de 2005.

Cualquier vulneración a la disposición constitucional en comento, es tutelable por violación al derecho a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al desempeño de funciones y cargos públicos, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida y es deber del Juez Constitucional, amparar estos derechos transitoriamente para no causar un perjuicio irremediable al afectado y si es el caso, dejar sin efectos los actos administrativos que generaron la vulneración, como los dispone los artículos 7 y 8 del decreto 2591 de 1991.

COLETILLA. En el próximo artículo periodístico, me voy a referir al caso de los supernumerarios, que actualmente vienen ocupando cargos públicos por más de cinco (5) años, en la DIAN, y otras entidades del Estado.

De otra parte, estoy dispuesto a atender sus inquietudes sobre el asunto o dirigirse directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social, ubicado en la carrera 13 N° 32-76 piso 21 oficina de sistemas, Bogotá D.C.

Los correos electrónicos son:

presidentenalsinaltraempros@hotmail.com

presidentenalsinaltarempros@gmail.com

PAGINA: http://sinaltraempros.blogcindario.com

Presidente JORGE ELIECER PEREZ, Celular 311-586 0964 ó 310-753 0834.


31 de agosto de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.





sábado, 16 de julio de 2011

LOS PROVISIONALES EN CARRERA ADMINISTRATIVA.

LOS PROVISIONALES EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Mediante el acto legislativo 04 del 4 de julio de 2011, el Congreso de la Republica, incluyo un artículo transitorio complementario del artículo 125 que garantiza que los actuales empleados públicos que a 31 de diciembre de 2010, estaban ejerciendo empleos públicos en provisionalidad o en encargo, quedan cobijados por este acto legislativo previo el cumplimiento de las calidades y requisitos exigidos por la convocatoria del respectivo concurso; es decir que los actuales provisionales aspirantes a ingresar al escalafón de carrera administrativa, ya no tendrán que someterse a prueba de conocimientos y la Comisión Nacional del Servicio Civil, les homologara las pruebas de conocimientos por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo.

La calificación se hará de la siguiente manera:

1. Prueba de conocimientos por cinco (5) años o más de ejercicio, equivalen a 70 puntos.

2. Los estudios adicionales, a los requeridos para el ejercicio del cargo, otorgaran un puntaje así:
a. Título de especialización 3 puntos.
b. Título de maestría 6 puntos.
c. Título de doctorado 10 puntos.

3. Para el nivel técnico y asistencial, los estudios adicionales se tomaran por las horas totales debidamente certificadas así:
a. De 50 a 100 horas, 3 puntos.
b. De 101 a 150 horas, 6 puntos.
c. Más de 151 horas, 10 puntos.

De acuerdo a lo anterior, los que están en provisionalidad no quedaron cobijados automáticamente en carrera administrativa, sino que sus hojas de vida tendrán que someterse a evaluación de acuerdo a los anteriores requisitos, saliendo favorecido los empleados que tengan formación en posgrado, y la capacitación certificada; sin embargo, los empleados en el nivel técnico y asistencial, ya no se tendrá en cuenta el titulo sino el número de horas que correspondan a ese título, ya que el acto legislativo, no distingue si son horas de capacitación formal o informal (educación para el trabajo y el desarrollo humano) pero “los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán acumulables entre sí”.
Una vez haya pasado la ley de garantías, los Alcaldes y Gobernadores; Directores o Gerentes públicos, de los diferentes niveles de la administración pública, tampoco podrán suprimir empleos o hacer reestructuraciones administrativas, sin el visto bueno de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues de lo contrario esta reforma constitucional seria letra muerta.

A los actuales empleados provisionales y encargados en cargos de carrera administrativa, solo serán retirados del servicio, por calificación no satisfactoria de su desempeño laboral, por destitución proferida por proceso disciplinario en firme o por interdicción de funciones públicas o por renuncia voluntaria.

Queda claro, que los actuales empleados públicos en provisionalidad, que vienen laborando antes del 31 de diciembre de 2010, quedan amparados, pero tendrán que someterse a los requisitos que establece el acto legislativo en comento.

Quedan excluidos de este beneficio, los magistrados de las altas Cortes, Jueces, empleados de la rama judicial, docentes y directivos docentes oficiales.

09 de julio de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

LA LEY DE LOS PARTIDOS POLITICOS AUN NO ESTA VIGENTE

LA LEY DE LOS PARTIDOS POLITICO AUN NO ESTA VIGENTE.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

El pasado 29 de junio del año en curso, la Corte Constitucional mediante sentencia C-490 de 2011, declaro la constitucionalidad de la mayoría del articulado del proyecto de ley estatutaria por el cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y de otras disposiciones relacionadas con estas materias, lo cual quiere decir que esta ley, aún no está vigente y como no está vigente, los señores HERNAN GOMEZ NIÑO y LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO, aún tienen la incompatibilidad vigentes, por haber sido Gobernador y Alcalde encargados respectivamente, es decir, en la actualidad son inelegibles.

Sólo hasta cuando el Presidente de la Republica, sancione y publique la ley estatutaria de los partidos políticos, desaparece las incompatibilidades contempladas en la ley 617 de 2000, ya que esta ley extiende la incompatibilidad de 24 meses para quienes hayan ocupado el cargo de Alcalde o Gobernador encargado o por delegación de funciones, y solo hasta cuando entre en vigencia la reforma política desaparece la mencionada incompatibilidad, ya que la nueva ley en el artículo 29, parágrafo 3, inciso final preceptúa: “Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”.

Ustedes se preguntaran, ¿por qué aún no se ha sancionado o a entrado en vigencia el proyecto de ley estatutaria conciliada en el Senado con el número 190 y 092 en la Cámara de Representantes? Para responder me remito a la Constitución Política.

ARTICULO 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen.

ARTICULO 166. El Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. (Subrayado fuera de texto).

Si transcurridos los términos indicados, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.
Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.

ARTICULO 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las cámaras a segundo debate.

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara.

Exceptuase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En tal evento, si las cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.

Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la cámara en que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.

ARTICULO 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso.

Se observa que existe un procedimiento de rango constitucional para que un proyecto de ley entre en vigencia y como la ley estatutaria de los partidos políticos tiene 55 artículos, el Gobierno Nacional, dispone hasta de 20 días para objetarla o sancionarla; pero estos días son hábiles y no calendarios, lo cual significa que a más tardar el primero de agosto del año en curso, el Gobierno tiene dos opciones: sancionarla y publicarla u objetarla.

Si es sancionada sin ninguna objeción, automáticamente se habilitarían HERNAN GOMEZ NIÑO y LUIS ALFREDO ARIAS, que a través de sus partidos políticos tienen plazo hasta el 10 de agosto para inscribirlos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 18 del mismo mes, para hacer modificaciones a las listas.

Ahora, en la eventualidad que el Gobierno presente alguna objeción al proyecto de ley, ésta deberá ser remitida a las respectivas Cámaras, con las objeciones del caso, para que en segundo debate se decida sobre las objeciones del Gobierno Nacional, pero si el proyecto fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y una y otra cámara el Presidente la sancionará sin poder presentar nuevas objeciones al mencionado proyecto ley.

Como en este momento las Cámaras están en receso y si el Gobierno tiene alguna objeción, debe esperar hasta el 20 de julio que se instale nuevamente las sesiones del Congreso, para presentarla a segundo debate.

Es probable que el Gobierno presente objeciones al referido proyecto, ya que el que inicialmente presentó por conducto del Ministro del Interior GERMAN VARGAS LLERAS, fue mutilado o cambiado en su mayor parte por las Comisiones de Conciliación, lo cual generaría el aplazamiento de la sanción de la ley de los partidos políticos.

Como vemos hasta ahora no es claro la situación jurídica con respecto a las incompatibilidades vigentes de algunos candidatos a cargos de elección popular, que esperan con impaciencia la sanción presidencial, pues de no darse en el término legal, se quedarían con los sueños de inscribirse y ser elegidos, el próximo 30 de octubre como Gobernadores, Alcaldes o Diputados.

COLETILLA. Un funcionario de la Alcaldía de Villavicencio, el cual reservo su nombre, me envió a mi correo el decreto 025 de 2010, por medio del cual se le delegaron funciones de Alcalde al señor LUIS ALFREDO ARIAS, y me consulta si este señor tiene alguna inhabilidad o incompatibilidad vigente, a lo cual le respondo que como la ley de los partidos políticos aún no está vigente, sí está incurso en incompatibilidad.

Esperemos hasta el primero de agosto, a ver qué pasa.

Julio 4 de 2011



(*) Profesor de la ESAP en derecho público, periodista afiliado a ASOPEMET.

martes, 21 de junio de 2011

LA U PERDIO EL PARTIDO POR W

LA U PERDIO EL PARTIDO POR “W”.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

El partido de Uribe, perdió su liderazgo político en el Meta, no por la falta de políticos que asumieran este reto, sino por la falta de liderazgo y madurez política del contratista Darío Vásquez Sánchez, Enrique Pardo y Jaime Rodríguez Contreras, que se tranzaron en largos y fogosos debates de quien debería ser el candidato por esa colectividad a la gobernación del Meta, y como resultado, están perdiendo el partido por doble “U”, porque el retador de pesos pesados Alan Jara, les cogió la delantera demostrándoles a todos que es el mejor, por su trayectoria política, su don de gentes y su intelectualidad, ya que el aval que le dieron a Wilmar Barbosa, es un aval muerto, sin respaldo de contratistas y del mismo gobernador.


Inicialmente fue Hernán Gómez Niño, pero por tener incurso una incompatibilidad vigente por haber sido gobernador encargado, se descartó; después sonó Carlos Osorio como el más opcionado, pero finalmente optaron por Wilmar Barbosa y escogieron al que no debían escoger, porque no le da la talla a Jara Urzola.


De los tres candidatos, el mejor era Carlos Osorio, por su trayectoria política, su liderazgo en la Asamblea del Meta, su carisma como persona y por ser un abanderado defensor de los intereses del Meta y como tal, lo hacían merecedor del aval, pero prevaleció los intereses económicos, egoístas y personalistas a los postulados doctrinarios del desorganizado partido de la U, pues aplicando el sentido común, el aval debió ser para Osorio, por su trayectoria política y por la credencial que ostenta como Diputado, calidades estas que lo colocaban en primer puesto, frente a los dos restantes párvulos de la política.


El ciudadano del común se pregunta ¿Por qué no se hizo consulta interna? ¿Por qué se escogió a dedo a Wilmar Barbosa? Sencillo, porque si se hubiera hecho la consulta habría ganado Carlos Osorio y como Darío Vásquez, quería que fuera Hernán Gómez Niño, para cumplir con su palabra de hacerlo elegir gobernador, pero por su incompatibilidad vigente, se resignó a perder pero tampoco acepto que fuera Osorio o Barbosa.


El resultado de esta inmadurez política, hizo que “lentejos” como el leguleyo EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA y contratistas como Umaña, Sendoya, Ramírez, entre otros, se voltearan y le dieran la espalda a Gómez Niño y optaran por apoyar a Alan Jara, porque saben que es el próximo gobernador del Meta; ¿pero hasta cuando se sostendrán en este apoyo?, todo parece indicar, que el partido de la U, está esperando el fallo de la Corte Constitucional, sobre la revisión a la ley estatutaria de los partidos políticos, a ver si habilita automáticamente al petulante Gómez Niño, pero mi respuesta es que el “miquito” del régimen de inhabilidades e incompatibilidades no es tema de una ley estatutaria sino de una ley ordinaria, motivo por el cual la Corte Constitucional, deberá retirar esta expresión de la citada ley, y en caso que saliera favorable, ¿los “lentejos” se mantendrían en su posición de seguir apoyando a Alan Jara? Amanecerá y veremos.


De otra parte, el candidato a la Alcaldía de Villavicencio, por el partido de la U, “Juan sin miedo”, es un candidato propicio para una candidatura de un pueblo del lejano oeste, donde las autoridades y la policía combatían ladrones y asaltantes de caminos a punta de bala y donde prevalecía la fuerza de la institucionalidad sobre las reales situaciones políticas, culturales, económicas y sociales de estos pueblos.

Pretender combatir la delincuencia enviándolos a las cárceles, es como tapar el sol con un dedo, porque los problemas de inseguridad que nos está afectando, no es solo de Villavicencio, sino de todo Colombia e inclusive mundial; este es un problema sistémico de orden económico, social, cultural, político y hasta de políticas criminales y por más policías que se coloquen en cada esquina, la delincuencia seguirá reinando, ya que el problema no es de la Policía Nacional, ni del Alcalde, sino del régimen económico-social imperante.


En este orden de ideas, el eslogan de la campaña de “Juan sin miedo”, es una candidatura grotesca, cantinflesca, similar a la de Goyeneche, que decía que si él fuera presidente de la república, encarparía a Bogotá para que no lloviera y pavimentaría al rio Magdalena, para que no inundara los pueblos, solo bastaba echarle el cemento porque el agua y el balastro ya lo tenía.
Villavicencio, necesita un Alcalde tecnócrata que solucione los problemas de empleo, vivienda, indigencia, cultura ciudadana y no un Cantinflas, que diga tonterías que no se ajustan a la realidad, que lo único que hace es confundir y camuflar el vacío ideológico y programático de una campaña, propicia para un pueblo de traquetos y mafiosos.

Por todo esto, les aseguro que la U perdió el partido por doble U.

Junio 20 de 2011


(*) Profesor de la ESAP en derecho público, periodista afiliado a ASOPEMET.

jueves, 19 de mayo de 2011

UN "MIQUITO" EN LA LEY DE REFORMA POLITICA

UN “MIQUITO” EN LA LEY DE REFORMA POLITICA.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

El proyecto de ley estatutaria de reforma política, que presentó el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, fue mutilado en gran parte y como los Honorables Congresistas de la respectiva Comisión Constitucional y la Plenaria de cada Cámara, no se pusieron de acuerdo, ésta fue remitida a la COMISIÓN ACCIDENTAL DE CONCILIACIÓN, de conformidad con el artículo 161 de la constitución política y el artículo 186 de la ley 5 de 1992, lo cual origino un texto conciliado que se materializaron a través de los proyectos de ley 092 de 2010 Cámara de Representantes y 190 de 2010 Senado.


Luego de un análisis detallado de los textos y aprobado por las respectivas Plenarias esta fue remitida a la Corte Constitucional para su revisión previa, antes de ser sancionada por el Presidente de la Republica, como lo establece los artículos 153 y 189-9 del ordenamiento constitucional.


Pero el proyecto de ley de reforma política, tiene un “miquito”, que más bien parece un orangután, y son los incisos segundo y tercero del parágrafo 3 del artículo 29, que textualmente dice: “Parágrafo 3°. En caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato.
“No podrán ser encargados o designados como gobernadores o alcaldes para proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000”.
“Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”.

El “miquito” es lo resaltado en rojo y veamos porque esta expresión es inexequible. El artículo 152 de la Constitución política de Colombia, literalmente expresa: “mediante leyes estatutarias, el Congreso de la Republica regulara las siguientes materias: a, derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b, administración de justicia; c, organización y régimen de los partidos y movimientos políticos;….”

Al interpretar la referida expresión, es evidente, que una ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos tiene como fin regular todo lo concerniente a la organización y régimen de los partidos políticos, es decir a la manera como se crean o fundan, los procedimientos para que los ciudadanos se afilien o se retiren de los mismos, los estatutos, su estructura orgánica, la financiación de la campañas políticas, los procedimientos para la obtención o perdida de su personería jurídica entre otros, y el “miquito” del régimen de inhabilidades o incompatibilidades, no guarda unidad de materia como lo determina el artículo 158 de la constitución política, ya que esta es competencia de una ley ordinaria que regulara el ejercicio de funciones públicas, como lo establece el artículo 150 numeral 23, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo en comento de la Constitución Política.

Ese “miquito” del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es asunto o tema de una ley ordinaria y no estatutaria, razón por la cual la Corte Constitucional, deberá declarar inexequible (lo resaltado en rojo) los incisos segundo y tercero del parágrafo 3 del artículo 29, del proyecto de reforma política, porque no guarda relación o unidad de materia, con la ley estatutaria de la organización y régimen de los partidos políticos, que es bien diferente al ejercicio de funciones públicas.

Posdata. Copia de este artículo periodístico, lo hare llegar a la Honorable Corte Constitucional, para lo pertinente.

19 de mayo de 2011.


(*) Profesor en el área del Derecho Público de la ESAP y periodista afiliado a ASOPEMET.


viernes, 8 de abril de 2011

HERNAN GOMEZ ESTA INHABILITADO

HERNAN GOMEZ, ESTA INHABILITADO.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)
El artículo 31 de la ley 617 de 2000, establece el régimen de incompatibilidades de los gobernadores, determinando en el numeral 7 que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador por elección popular o por designación, no podrán “inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido”; complementa esta prohibición el artículo 32 ibídem, que establece que la duración de las incompatibilidades del numeral 7, se extenderá por veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción y en el párrafo siguiente concluye: ”Quien fuere designado gobernador, quedara sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”.
Al interpretar sistemática y teleológicamente el articulo 31 y 32 de la ley 617 de 2000, se infiere que el señor HERNAN GOMEZ, aspirante a la Gobernación del Meta, si está inhabilitado, y en caso de salir elegido, su elección seria demandada por flagrante violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que le acarrearía una destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas; veamos por qué.
La expresión designar, significa destinar, elegir, escoger, nombrar a una persona para un fin determinado y según las situaciones administrativas con respecto al ejercio de las funciones públicas, esta designación puede ser en propiedad, o por encargo, y al interpretar los artículos en comento, la ley 617 no distingue entre los que son elegidos gobernadores, encargados o designados, es decir, las inhabilidades e incompatibilidades se pregonan es al ejercicio y no a la titularidad del cargo; ya sea por elección, encargo o por designación en propiedad, las funciones, atribuciones son las mismas para el ejercicio del cargo de gobernador.
Complementando lo anterior, los decreto ley 2400 de 1968 y 1950 de 1973, define el encargo “como una situación administrativa que implica el desempeño temporal por un empleado, de funciones propias de otro cargo en forma parcial o total, por ausencia temporal o definitiva del titular”. Es evidente, que el concepto de encargo trae consigo el desempeño de unas funciones constitucionales o legales, asignadas al titular.
De otra parte, la incompatibilidad es en el ejercicio del cargo y una vez se deja el cargo, ésta se convierte en una conducta prohibida y toda conducta prohibida es una inhabilidad y esta a su vez lo que pretende es garantizar la igualdad de trato entre los candidatos en el ejercicio de los derechos políticos y evitar prerrogativas derivadas del ejercicio de funciones públicas.
Por lo anterior, si HERNAN GOMEZ, sale elegido gobernador, su elección es nula y correríamos la misma situación que ocurrió con AUSTIN GUTIERREZ GARAVITO, quien engaño al pueblo villavicense, diciendo que no estaba inhabilitado, cuando en realidad lo estaba y que por esta situación fue destituido por la Procuraduría y de paso genero un caos político administrativo al municipio.
Mientras la Corte Constitucional, no profiera sentencia con respecto al proyecto de ley estatutaria de reforma política, las leguleyadas del señor EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, son meras expectativas. 14 de marzo de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

CONTRALORIAS CENTROS DE VACUNACION

CONTRALORIAS: CENTRO DE VACUNACION.


Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)


En varios comentarios siempre he manifestado que las Contralorías del orden territorial se deben acabar porque son un foco de corrupción, ya que los que acceden a estos altos cargos de este órgano de control, en su mayoría, solo les interesa aprovechar su “cuarto de hora”, para enriquecerse a costas del detrimento patrimonial de los bienes y fondos de la nación.


Para un funcionario publico, llámese Alcalde, Gobernador, Almacenista, Tesorero, contratista, no es un secreto que las contralorías son verdaderos “centros de vacunación”, donde los famosos “hallazgos” no son otra cosa que la oportunidad, que se le presenta al Auditor o Contralor, para presionar, chantajear, amenazar, al posible investigado, para pedirle contratos a través de testaferros, pedir dinero o simplemente para ubicar laboralmente su consorte, amante, sobrinos y demás consanguíneos.


No es posible que los Contralores, como guardianes del patrimonio publico, resulten involucrados en actos de corrupción como lo sucedido al Contralor Distrital, y en otrora a los Contralores del Vaupés y San Andrés entre otros, que aprovechando su investidura, pedían dinero a los sujetos pasivos del control fiscal, para no iniciar en contra de ellos investigaciones fiscales y de paso compulsar copias a la Procuraduría y Fiscalía; de esta manera se propaga el espectro de la corrupción que tanto daño le ha hecho a la nación y a la economía publica, porque ya ni en los órganos de control se puede confiar.


Lo peor, es que si no es con denuncia o queja de parte, la Procuraduría y la Fiscalía, no inicia de oficio las investigaciones para indagarle a los contralores y demás funcionarios públicos, de donde sacaron el dinero para comprar fincas, apartamentos, casas, almacenes y demás bienes, que de oídas o vox populi, el pueblo sabe como se han enriquecido ilícitamente, donde tienen los bienes o quienes son los testaferros, pero desafortunadamente estos organismos públicos, se hacen los de la vista gorda, ante estos rumores.


Lo sucedido al ex contralor del Distrito Capital, Miguel Ángel Moralesrussi, destituido por la Procuraduría por el delito de concusión, es decir, por pedir dinero a los posibles investigados, es el inicio del destape de “ollas podridas” en Bogotá, que como “efecto domino”, va resultar involucrado hasta el mismo Alcalde, SAMUEL MORENO DIAZ y otros inescrupulosos funcionarios, que han traicionado o faltado a su juramento ante Dios, de cumplir fielmente con sus deberes conforme a la constitución y la ley.


Ojala que estas investigaciones también se extiendan al Meta, Villavicencio, Quibdó, Leticia, Vichada, Casanare, Guaviare y otras regiones del país, donde los Contralores, no han demostrado eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal; solamente los que se roban un lápiz, son los que resultan investigados y procesados fiscal, penal y disciplinariamente.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.


victorjuliogarciarodriguez.blogspot.com

martes, 29 de marzo de 2011

LEGULEYADAS DE EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA

“QUIEN FUERE DESIGNADO COMO GOBERNADOR”.

Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Me tome la molestia de preguntarle a mi amigo JOSE JEREMIAS CAGUA, profesor de bachillerato, que interpretación le daba a la expresión “quien fuere designado como gobernador” y su respuesta fue: “hace referencia quien haya sido nombrado o asignado para ocupar el cargo de gobernador”; seguidamente le indague que significa designar y me contesto: “persona que ha sido nombrada en algo, o se le ha encomendado alguna función o labor” y para terminar mi investigación le pregunte: ¿según la expresión en referencia, quien designa al gobernador?. Dudó por unos instantes y me respondió: “no conozco muy bien este aspecto jurídico de quien lo designa porque no soy experto en estos temas, pero tal como aparece redactada la expresión es muy amplia, es enunciativa y se presta para muchas interpretaciones, porque la expresión no es taxativa, ya que no dice, quien lo designa, es decir, puede ser elegido o nombrado”...

Me sorprendió la respuesta de este profesor, que no tiene los más mínimos conocimientos o principios del derecho y que sin ser abogado, hermenéuticamente me dio una respuesta que complemento mi concepto sobre la expresión en referencia; dicha interpretación emitida por el profesor, es por el sentido de las palabras y gramaticalmente, como lo establece el capítulo IV del código civil; es decir, no se necesita de conocimiento jurídicos para interpretar un texto o párrafo, solo basta saber leer e interpretar.

Ahora, interpretando sistemáticamente y por extensión, la expresión: “Quien fuere designado como gobernador quedara sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”, según lo previsto en el artículo 32 de la ley 617 de 2000, que complementa el numeral 7 del artículo precedente de la ley en comento, ésta deberá ser analizada doctrinariamente y por jurisprudencias análogas; por las situaciones reales con respecto a faltas absolutas y faltas temporales, que atañen a los funcionarios públicos, que generan una situación administrativa.

Para resolver o interpretar la expresión “quien fuere designado como gobernador”, los fundamentos de derecho son los siguientes:

1. El artículo 303 inciso segundo de la constitución política, confirió a la ley la determinación de las faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como la forma de proveerlos, sin que a la fecha el Congreso, haya expedido dicha ley.

2. El artículo 115 constitucional determina que las gobernaciones y alcaldías forman parte de la rama ejecutiva y en concordancia el artículo 189 ibídem atribuye al presidente de la republica la condición de jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.

3. El artículo 8 de la ley 153 de 1887, preceptúa: “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materiales semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”

4. El artículo 100 de la ley 136 de 1994, establece: RENUNCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS: “La renuncia del Alcalde o la licencia o el permiso para separarse transitoriamente del cargo la aceptara o concederá, el Gobernador respectivo o el presidente de la republica en el caso del Distrito Capital de Bogotá”. Esta disposición resulta aplicable por analogía, para el caso de los gobernadores que soliciten permiso para separarse transitoriamente del cargo, correspondiéndole al Presidente de la Republica, concederla.

5. Los decreto 2400 de 1968 y 1950, define el encargo “como una situación administrativa que implica el desempeño temporal por un empleado, de funciones propias de otro cargo en forma parcial o total por ausencia temporal o definitiva del titular”.

6. El artículo 93 del decreto 1222 de 1986, en concordancia con el artículo 114 de la ley 136 de 1994, los gobernadores cuando se ausenten, deberán encargar de las funciones de su Despacho a uno de sus Secretarios, e informar de ello al Ministerio del interior. (Subrayado fuera de texto).

Conforme a lo anterior, el debate se centra en determinar si en realidad el señor HERNAN GOMEZ, tiene incompatibilidad vigente para ser elegido Gobernador del Meta. Desde el punto de vista de las inhabilidades el referido ciudadano, no tiene algún impedimento; pero si lo abordamos desde el punto de vista de la duración de las incompatibilidades, la situación jurídica cambia porque el artículo 32 de la ley 617 de 2000, extiende estas incompatibilidades por 24 meses para quienes haya sido designados gobernadores.

Como el Gobernador actual del Meta, no ha tenido faltas absolutas ni temporales, pero si ha tenido que atender gestiones propias de su cargo fuera del departamento, es determinar hasta qué punto el encargo que recayó en varias oportunidades sobre HERNAN GOMEZ, posteriores al 30 de octubre de 2009, le está generando la incompatibilidad a que hace referencia el articulo 32 ibídem.

Conforme al artículo 93 del decreto 1222 de 1986, se infiere que si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el Gobernador encargará de sus funciones a uno de sus secretarios o quien haga sus veces; pero el gobernador designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Gobernador elegido, ejercer las funciones, atribuciones y competencias que le confiere la constitución y la ley, ya que esta designación o encargo recae es al ejercicio del cargo mas no a la titularidad del mismo, es decir, sea designado, elegido o encargado del cargo de gobernador, el ejercicio es el mismo, porque no conozco dentro de nuestro ordenamiento jurídico, unas funciones especiales para los que son elegidos por voto popular y otras para los designados o encargados.

Según jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el particular manifestó: “no sobra agregar que las tesis según la cual las inhabilidades derivadas del ejercicio de cargos públicos no se configuran cuando se desempeñan a titulo de encargo, fue desvirtuada por la Sección en varias oportunidades; así en sentencia de 5 de octubre de 2001, expediente 2001-0003 (2463), determino, lo siguiente: el ejercicio del cargo, a cualquier titulo, se configura la inhabilidad, vale decir, no solo cuando se ejerce en propiedad sino también mediante otra forma de provisión, como por ejemplo, en provisionalidad, en comisión, o por encargo, porque la norma hace referencia al ejercicio y no a la titularidad del cargo. Al respecto se observa: según los artículos 23 del decreto 2400 de 1968 y 34 del decreto reglamentario 1950 de 1973, el encargo es una situación administrativa que implica el desempeño temporal, por un empleado, de funciones propias de otro cargo, en forma parcial o total, por ausencia temporal o definitiva del titular….El concepto de encargo trae implícito el desempeño de funciones constitucionales y legales asignadas al titular”. Como no existe jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, para el caso de los gobernadores encargados, que indique si estos, incurrirán en las mismas causales de inhabilidades o incompatibilidades que los gobernadores titulares, se aplica por analogía las jurisprudencias para el caso de los Alcaldes, que violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Y como decimos en el Llano, “más clarito no canta un gallo”, por lo tanto es palmario, que HERNAN GOMEZ, tiene incompatibilidad vigente, y esta incompatibilidad, según jurisprudencias de la Corte Constitucional es una prohibición y toda prohibición es una inhabilidad, y en caso que salga elegido, su elección seria demandada.

Mientras la Corte Constitucional no profiera sentencia con respecto al proyecto de ley estatutaria de reforma política, que lo habilitaría automáticamente según el artículo 29 de esta ley, los adefesios jurídicos de EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, seguirán siendo meras expectativas jurídicas, y estas expectativas no generan derechos.

MARZO 28 DE 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.


REPLICA A EDGAR ARDILA BARBOSA.

Conforme al boletín emitido por el señor EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, titulado “respuesta afectuosa a un ex alumno”, me permito hacerle unas aclaraciones:

1. Usted no fue profesor mío en la ESAP, usted me dicto fue un seminario jurídico, sobre derecho administrativo, requisito para ese entonces necesario junto con otros seminarios para optar al título de Administrador Publico. Esta actividad académica, fue posterior a la culminación del 10 semestre de esta profesión. Ahora en la eventualidad que eso fuera cierto, el alumno ha superado a su maestro y tal como usted lo expresa, evidencia su complejo de superioridad, porque cree que nadie lo puede superar. Para su información soy administrador público, especialista en derecho público, contratación estatal, con estudios de derecho y docente universitario en la ESAP, en el área del derecho públicos, con experiencia de 15 años en esta actividad.

2. Así mismo, usted manifestó por los diferentes medios de información y lo escribió en su libelo, que yo no era abogado titulado ni tenía tarjeta para ejercer el derecho, y que estos pronunciamientos o comentarios míos eran leguleyadas. Si cometí errores en la interpretación de la norma, es perdonable mi equivocación, porque no soy abogado, lo que no es perdonable desde el punto de vista ético y profesional, es que usted siendo abogado con tarjeta profesional, se preste para engañar a los electores por los diferentes medios de información, diciendo que HERNAN GOMEZ, no está inhabilitado para aspirar a la gobernación del Meta, cuando en realidad si lo está. Es usted el leguleyo y no yo, porque la definición que usted mismo le da a este término es aplicable para su caso: “persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. Persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados”.

3. Manifiesta o mejor me corrige, argumentando, que la Corte Constitucional hace es una revisión previa al proyecto de ley estatutaria y “que no dicta sentencia al respecto, porque no está dirimiendo ninguna demanda instaurada por cualquier ciudadano, es simplemente un concepto previo”… Con este disparate suyo, es evidente sus leguleyadas, ya que los fallos de la Corte Constitucional son sentencias y autos y todos los actos que expida este alto tribunal, con respecto a la revisión de un proyecto de ley estatutaria, se profiere a través de SENTENCIAS. Es evidente que el leguleyo es usted y no yo.

4. Como compañeros de estudio de parte del bachillerato, lo que recuerdo muy bien de usted, es que era un buen jugador de futbol, con facilidad de expresión para sus mitomanías; tenia buena predisposición para la lectura en voz alta; que era locuaz, engreído porque se sabía de memoria situaciones aisladas de los personajes de cien años de soledad, pero un pésimo estudiante y quizás de ahí provienen sus leguleyadas.

5. Finalmente, mediante correo electrónico, usted me manifiesta “que tengo problemas siquiátricos y que usted no me los puede resolver por que no es siquiatra sino abogado y actúo así porque la vida no me ha tratado con benevolencia y que en cambio usted todo lo tiene”. Si usted fuera siquiatra no recurriría a sus servicios, por las razones expuestas, además los intelectuales son considerados locos y lo poco que tengo me lo he ganado honradamente y vivo decentemente a través del ejercicio de la cátedra universitaria y de algunas asesorías en entidades públicas, sin engañar o cometer adefesios jurídicos.