sábado, 14 de febrero de 2015

COLOMBIA, ¿ESTADO SOCIAL DE DERECHO


Una cosa son los postulados del Estado Social de Derecho, plasmados en la constitución de 1991 y otra bien distinta la realidad nacional donde a diario, se pisotean nuestros derechos por los mismos agentes del Estado, a través de conductas omisivas y dolosas, que contradicen los principios constitucionales, donde todo el accionar del Estado, debe estar centrado en lo social, es decir, en el bienestar general de la comunidad.   

 

Tenemos una carta política de corte humanista y social, basado en un modelo económico neoliberal, que no se ajusta a realidad y en casi veinticinco años de vigencia de la actual constitución, seguimos en el limbo jurídico, esperando que se materialicen esos postulados dogmáticos; veamos la realidad:   

 

  1. El derecho a la vida. El derecho principal de todo ser humano es el derecho a la vida, teniendo en cuenta que dentro de los fines esenciales que debe cumplir, aparece la protección efectiva de los derechos humanos y el de crear las condiciones mínimas de convivencia entre nosotros los Colombianos, el Estado no garantiza el derecho a la salud, pues para obligarlo a que realice una operación a un paciente, primero hay que incoar infinidad de derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato a las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S), es decir la única operación que se practica en el país después de estos engorrosos y acostumbrados trámites es la necropsia. Ni con derechos de petición, tutelas, incidentes de desacato, el servicio de salud sigue siendo pésimo y consecuentemente se atenta contra el derecho a la vida.
     
  2. El derecho a la educación. Cada vez la calidad de la educación es pésima, de mala calidad y es cada vez menor el número de colombianos que tienen acceso a la educación primaria, secundaria y ni hablar de la universitaria la cual es un lucrativo negocio que está en manos de las universidades de garaje y del cual el Estado, no ejerce control efectivo. Los docentes de las instituciones educativas de primaria y secundaria, devengan sueldos de hambre que no compensa con su formación profesional y al estrés constante al cual están sometidos; por lo menos los profesores y los médicos, deberían ser las profesiones mejores pagas, para compensar sus años de estudio y de formación profesional.
     
  3. Salario justo. El Estado no garantiza el derecho a tener un salario mínimo justo, pues nos acostumbraron magistralmente a sobrevivir con el  mínimo y cuando se insinúan anualmente reajustes salariales a favor de los trabajadores se indignan los grupos económicos, fortaleciendo de esta manera el capitalismo salvaje, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
     
    Con salarios justos y equivalentes al real poder adquisitivo, muchas personas o trabajadores, podrían vivir dignamente.

  1. Justicia ineficiente. Las víctimas no creen en la administración de justicia y deciden acudir al uso indebido de sus propias razones o justicia por sus propias manos; jueces corruptos pregonan su imparcialidad ejerciendo justicia con los más débiles, pero se arrodillan ante los corruptos y poderosos, a los cuales no le pasa nada, especialmente con los sindicados de delitos contra la administración pública.
     
    En este mismo orden también lo están los órganos de control, que solo castigan a los más pendejos ya que los más corruptos tienen el dinero y el poder  para amañar o cuadrar los fallos.  Mientras no se modifique el código único disciplinario, y permita que los sujetos procesales puedan intervenir en las diferentes etapas del proceso disciplinario, esto facilitara el enriquecimiento de algunos funcionarios del Ministerio Publico.
     
    Que explicación tiene por ejemplo, que algunos funcionarios de la rama judicial, de la Procuraduría y Contraloría, que ostentan cargos del nivel profesional y cuyos salarios no superan los siete salarios mínimos legales mensuales vigentes, tengan apartamentos en Santa Marta, fincas, casas y hagan viajes al exterior; y eso sin contar con los funcionarios que tienen altos cargos, encargados de administrar justicia y de ejercer control.  
     
    El derecho a la administración de justicia, está en un caos total, con un represamiento, estancamiento y atraso en los tramites procesales que no tiene nombre, no se han implementado planes de contingencia para evitar el represamiento de expedientes, ni la tramitología y el cumulo desorbitarte de papeles con expedientes en estado deplorable en cuanto a la carga de la prueba, es decir hace falta una reforma a la justicia donde prime la real oralidad y celeridad de los procesos y la digitalización de todos y cada uno de los archivos de acuerdo a los recursos tecnológicos actuales, destinadas a la eficiencia y eficacia de la administración de justicia.
     
  2. Violación al derecho a la intimidad. El artículo 15 de nuestra constitución Política, consagra el derecho a la intimidad de las personas y el respeto por parte del Estado a su intimidad personal y familiar, pero esto es una fantasía exegética, pues los organismos de vigilancia y de seguridad del Estado cada vez más se ven envueltos en escándalos de infiltraciones e interceptaciones ilegales a políticos de la oposición, líderes sindicales, periodistas y hasta magistrados de las altas cortes, contrariando los preceptos fundamentales como la privacidad de la correspondencia y demás medios de comunicación los cuales son inviolables y que solo pueden ser interceptados o registrados en casos muy particulares mediante orden judicial que debe ser emitida por un juez de la República. El legado de Uribe, precursor de las chuzadas, aun se sigue aplicando.
     
  3. Libertad de expresión y opinión. El artículo 20 ibídem, quedó plasmado que el Estado garantizará a todas las personas su libertad de difundir sus pensamientos y opiniones, fueran los que fueran, y la de recibir informaciones y noticias veraces e imparciales, y que ellos mismos pueden fundar medios masivos de comunicación con la condición que serán libres y con responsabilidad social, sin censura, pero esto es contradictorio y paradójico como lo que le sucedió a la periodista, politóloga e investigadora Claudia López, quien fue destituida del diario de mayor circulación del país el Tiempo, por expresar sus opiniones sobre la manera sesgada como este medio cubrió el escándalo de Agro ingreso Seguro, y todo por los intereses que tenía es periódico en la adjudicación del tercer canal de televisión; a nivel regional, se vive la misma situación con los periodistas, que critican la gestión de alcaldes y gobernadores y los cuales se exponen a denuncias por injuria y calumnia. A pesar de tener una constitución de corte social, seguimos inmersos aun dentro de la cultura formalista de la Constitución de 1886 que desconocía los derechos sociales y la prevalencia del interés general.
     

En conclusión, Colombia no es un real y efectivo Estado Social de Derecho, esto es un dechado de buenas intenciones, que solo está escrito en la constitución;  no tenemos democracia participativa, sino representativa; las  entidades territoriales no gozan de plena autonomía y deja mucho que pensar, cuando se dice que nuestra constitución fue redactada atendiendo los principios del respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general, sobre el particular.

 

Del dicho al hecho, hay mucho trecho.

 

14 de febrero de 2015

 

 

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.