jueves, 6 de octubre de 2011

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Hasta qué punto un funcionario puede participar en política o hacer proselitismo en favor de un candidato sin que se vea expuesto a una queja ante el Ministerio Publico, una eventual represalia o persecución política por apoyar un determinado candidato a corporación pública o cargo público. El planteamiento también se extiende para los contratistas (O.P.S.) si pueden hacer proselitismo político en favor de un candidato.

Para resolver, se tiene como fundamento de derecho los preceptos constitucionales y legales que se relacionan.

El articulo 127 de la constitución política literalmente expresa:

“Inc. 2, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución”.

“Inc. 3, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria”.

“La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.

De otra parte los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o Código Disciplinarios Único, prescriben como faltas gravísimas, y que dan lugar a destitución e inhabilidad para desempeñar funciones públicas, el de “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.

La misma ley prevé en el artículo 34 numeral 4, como deberes de todo servidor público, los de “utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información que reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos”, así como “dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas” artículo 34 numeral 11 ibídem.

Concordante con lo anterior, el artículo 38 de la ley 996 de 2005, o ley de garantías electorales, relaciona unas prohibiciones para todos los empleados del Estado:

1. Acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en esa ley.

3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.

4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

De acuerdo a lo anterior, corresponde al Congreso de la Republica, mediante ley estatutaria, determinar qué clase de funcionarios públicos desde el punto de vista jerárquico y funcional, pueden participar en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas, ya que para los funcionarios de la rama judicial, órganos electorales, órganos de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en estos asuntos, dejando un “vacío” al no estar reglamentado el inciso tercero del artículo 127 de la constitución, que a titulo enunciativo establece que los funcionarios no detallados en el inciso segundo, si pueden tomar parte activa en los partidos políticos y en las controversias políticas.

Por interpretación restrictiva, la norma constitucional está condicionada a una ley estatutaria que aún no ha sido expedida; al respecto el Consejo de Estado ha sostenido: “desde luego será la ley la que ha de regular la forma de ejercer este derecho y de cubrir el riesgo para evitar que el servidor público se convierta en factor desestabilizador de la administración pública.(…) Pero si bien es cierto que el derecho a participar en actividades políticas fue reconocido directamente por la Constitución, su efectividad quedó condicionada a que el Congreso expida la ley que determina la forma de realizar las actividades políticas. De manera que la actividad política de los empleados solamente puede cumplirse con fundamento en la nueva ley y mientras no se expida, los mismos no pueden realizar ninguna actividad política distinta del sufragio” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación 430 del 18 de marzo de 1992. Ponente: Jaime Paredes Tamayo)

Complementa este concepto la Corte Constitucional mediante sentencia C- 454 de 1993, al señalar que “la regla general consiste hoy en permitir tales actividades aun a los servidores públicos con la excepciones que la norma introduce en concordancia con la mayor libertad de acción que se reconoce y para impedir su ejercicio abusivo, se sanciona, ya no la participación del empleado en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer determinada causa o campaña” (subrayado fuera de texto).

Se infiere, que la facultad de participar en política no corresponde a un derecho absoluto, pues está limitado en el sentido de utilizar el empleo como medio de presión a los ciudadanos a respaldar una campaña política, el cual será causal de mala conducta, lo cual no debe confundirse con la libertad que tiene el funcionario de escoger el candidato de su predilección y votar por él, hacer reuniones privadas o en su residencia para manifestar su intención de voto, ya que esta actividad o controversia, no es incompatible con sus funciones públicas, excepto si las utiliza desde su cargo para presionar a los ciudadanos en favor de determinado candidato.

El hecho que un funcionario público, asista en calidad de espectador a un espectáculo público, bingo, bazar, o evento deportivo patrocinado por un candidato político, no se puede considerar como participación en política, porque no reúne los presupuestos jurídicos que versan sobre la actividad y controversias políticas, y cualquier queja que se interponga ante el Ministerio Publico o Control Interno Disciplinario, serán infundadas.

Se requiere que el funcionario público, sea un sujeto activo, es decir, que realice la conducta descrita en la norma disciplinaria como falta gravísima o conducta antijurídica y no como un simple asistente o espectador.

04 de octubre de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

HOMOLOGAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA

HOMOLOGAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR LOS AÑOS DE SERVICIO.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Con la expedición del acto legislativo 04 de 2011, los provisionales que a 31 de diciembre de 2010, venían ocupando cargos de carrera administrativa y que tienen más de cinco (5) años de servicio, se les homologara la prueba de conocimientos por los años de servicio o de experiencia laboral, quedando sin efectos legales, la convocatoria 01 de 2005, ya que las resoluciones y demás actos administrativos que expidió la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, perdieron fuerza ejecutoria, por ser contrarias a acto legislativo 04 de 2011, como lo establece el artículo 4, de la constitución política.

Sin embargo, la CNSC, creyéndose entidad soberana, desconoce el precepto constitucional, argumentando que el acto legislativo en comento, no se aplicara a los funcionarios en provisionalidad que no están participando en los procesos de selección que se encuentran en trámite y que son beneficiarios del mismo, los funcionarios que se encuentren en lista de elegibles que cobraron fuerza antes de la expedición del acto legislativo, “adquirieron el derecho a ser nombrados, por lo tanto el nominador respectivo deberá proceder a dar cumplimiento a los establecido en el artículo 32 del decreto 1227 de 2005, es decir, proferir el acto de nombramiento y dar posesión en periodo de prueba dentro de los términos previstos”. Es evidente la leguleyada del señor FRIDOLE BALLEN DUQUE, Presidente de la CNSC, a través del comunicado del 14 de julio de 2011.

Basta saber leer e interpretar, para concluir que el acto legislativo, es impersonal y en abstracto, que no es de carácter individual o a un grupo de personas identificables a través de un concurso, porque la disposición superior no lo contempla y que las listas de elegibles, siendo un acto particular que creó unos derechos adquiridos con respecto a los concursantes antes de entrar en vigencia la disposición constitucional, pero ésta ha perdido fuerza ejecutoria, por la sencilla razón de no haberse ejecutado antes de la expedición del acto legislativo 04 de 2011, es decir, estos supuestos derechos adquiridos son meras expectativas, que no vulnera el debido proceso, ya que las expectativas jurídicas no generan derechos.

Queda claro que el acto legislativo 04 de 2011, surtirá efectos frente a aquellas personas o mejor funcionarios públicos, que actualmente están ocupando cargos de provisionales o por encargo y que a 31 de diciembre de 2010, tenía como mínimo cinco (5) años de servicio, condición esta que le homologaría la prueba de conocimientos.

La CNSC, deberá homologar las pruebas de conocimientos establecidas en el concurso público, preservando el principio del mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cual deberá nuevamente solicitar a la entidades estatales, la información o base de datos de la relación de empleados provisionales que a 31 de diciembre de 2010, venían ocupando cargos y que actualmente los ocupen.

Pero la pregunta del millón es ¿Qué pasara con las personas que ganaron los concursos y no están ocupando cargos públicos? Por simple lógica, se deberá dar prelación a los provisionales que cumplen con los requisitos del acto legislativo y los que no lo cumplen, deberán dar paso a la personas que ganaron los concursos, es decir, primero están los provisionales que actualmente ocupan cargos y si queda vacantes, estas serán para los particulares (que no están ocupando cargos públicos), que estaban en lista de elegibles.

Recordemos que el espíritu de este acto legislativo, es garantizar el derecho al trabajo a eso provisionales, que vienen ocupando cargos por más de cinco años y que desafortunadamente no pasaron las pruebas de la convocatoria 01 de 2005.

Cualquier vulneración a la disposición constitucional en comento, es tutelable por violación al derecho a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al desempeño de funciones y cargos públicos, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida y es deber del Juez Constitucional, amparar estos derechos transitoriamente para no causar un perjuicio irremediable al afectado y si es el caso, dejar sin efectos los actos administrativos que generaron la vulneración, como los dispone los artículos 7 y 8 del decreto 2591 de 1991.

COLETILLA. En el próximo artículo periodístico, me voy a referir al caso de los supernumerarios, que actualmente vienen ocupando cargos públicos por más de cinco (5) años, en la DIAN, y otras entidades del Estado.

De otra parte, estoy dispuesto a atender sus inquietudes sobre el asunto o dirigirse directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social, ubicado en la carrera 13 N° 32-76 piso 21 oficina de sistemas, Bogotá D.C.

Los correos electrónicos son:

presidentenalsinaltraempros@hotmail.com

presidentenalsinaltarempros@gmail.com

PAGINA: http://sinaltraempros.blogcindario.com

Presidente JORGE ELIECER PEREZ, Celular 311-586 0964 ó 310-753 0834.


31 de agosto de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.