QUIENES
QUERÍAN GUERRA, SE QUEDARON VIENDO UN CHISPERO.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Mediante sentencia C-630/17 de la
Corte Constitucional y con ponencia de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo, el proceso de paz quedó blindado por tres
(3) periodos presidenciales y los gobernantes de estos periodos tendrán que respetar lo pactado con las Farc a través del
acuerdo de paz.
Al
declarar exequible el Acto Legislativo 02 de 2017, la Corte Constitucional,
protegió el Acuerdo de Paz, determinando que los futuros gobiernos y las
diferentes ramas e instituciones del poder público, deberán cumplir y mantener
los puntos tratados en los Acuerdos relacionados con el derecho internacional
humanitarios y los derechos fundamentales.
Con este blindaje
se impediría que sectores políticos, como el Centro Democrático que no están de
acuerdo con el proceso de paz con las FARC, puedan hacer trizas el Acuerdo y poner
en riesgo la paz, generando toda clase de incertidumbres de índole económico y
político principalmente.
La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017 determinó que cumplió con los criterios de conexidad material, conexidad teleológica, temporalidad y de competencia con el propósito de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final, y que fue promovido a iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, según los artículos 115, 188 y 189 de constitución política.
Con esta decisión, se impone una labor interpretativa para evitar un desbordamiento
de la competencia del Congreso en el ejercicio de su facultad de reforma
constitucional, en los siguientes términos:
“1. La expresión “validez” del inciso primero del
artículo 1º hace referencia a la conexidad que deben guardar las normas y leyes
de implementación con el Acuerdo Final, así como a su concordancia con las
finalidades del mismo.
2. La
expresión “obligación” del inciso
segundo del artículo 1º se refiere a una obligación de medio, esto es, de
llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el
Acuerdo Final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por
la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo.
3. La
expresión “deberán guardar coherencia”
del inciso segundo del artículo 1 impone a los órganos y autoridades del Estado
el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del Acuerdo Final,
para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de
apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo
convenido, bajo el principio de progresividad.
4. El
artículo 2 incorpora un principio de
estabilidad y seguridad respecto de lo acordado “hasta la finalización de
los tres periodos presidenciales posteriores a la firma del acuerdo final”.
Dicho principio es deferente con las finalidades del Acuerdo y hace posible su
implementación con respeto de las competencias de las autoridades y órganos del
Estado, a nivel nacional y territorial”.
Con la decisión de la Alta Corte, quedaron sin piso jurídico, los
argumentos de los enemigos de la paz, de seguir engañando al pueblo, haciendo
proselitismo barato de tumbar el proceso de paz, porque Santos le entregó el
país a la guerrilla o que vamos para un modelo Castrochavista como el de
Venezuela; ahora tendrán que cambiar su discurso y enfocarlo más a los
programas sociales como la salud, educación, vivienda, estrategias para combatir
la corrupción, males estos, que han sido peores, que la violencia vivida
durante cincuenta años.
14 de octubre de 2017
(*) Profesor de Derecho Público y periodista.