viernes, 8 de abril de 2011

HERNAN GOMEZ ESTA INHABILITADO

HERNAN GOMEZ, ESTA INHABILITADO.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)
El artículo 31 de la ley 617 de 2000, establece el régimen de incompatibilidades de los gobernadores, determinando en el numeral 7 que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador por elección popular o por designación, no podrán “inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido”; complementa esta prohibición el artículo 32 ibídem, que establece que la duración de las incompatibilidades del numeral 7, se extenderá por veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción y en el párrafo siguiente concluye: ”Quien fuere designado gobernador, quedara sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”.
Al interpretar sistemática y teleológicamente el articulo 31 y 32 de la ley 617 de 2000, se infiere que el señor HERNAN GOMEZ, aspirante a la Gobernación del Meta, si está inhabilitado, y en caso de salir elegido, su elección seria demandada por flagrante violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que le acarrearía una destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas; veamos por qué.
La expresión designar, significa destinar, elegir, escoger, nombrar a una persona para un fin determinado y según las situaciones administrativas con respecto al ejercio de las funciones públicas, esta designación puede ser en propiedad, o por encargo, y al interpretar los artículos en comento, la ley 617 no distingue entre los que son elegidos gobernadores, encargados o designados, es decir, las inhabilidades e incompatibilidades se pregonan es al ejercicio y no a la titularidad del cargo; ya sea por elección, encargo o por designación en propiedad, las funciones, atribuciones son las mismas para el ejercicio del cargo de gobernador.
Complementando lo anterior, los decreto ley 2400 de 1968 y 1950 de 1973, define el encargo “como una situación administrativa que implica el desempeño temporal por un empleado, de funciones propias de otro cargo en forma parcial o total, por ausencia temporal o definitiva del titular”. Es evidente, que el concepto de encargo trae consigo el desempeño de unas funciones constitucionales o legales, asignadas al titular.
De otra parte, la incompatibilidad es en el ejercicio del cargo y una vez se deja el cargo, ésta se convierte en una conducta prohibida y toda conducta prohibida es una inhabilidad y esta a su vez lo que pretende es garantizar la igualdad de trato entre los candidatos en el ejercicio de los derechos políticos y evitar prerrogativas derivadas del ejercicio de funciones públicas.
Por lo anterior, si HERNAN GOMEZ, sale elegido gobernador, su elección es nula y correríamos la misma situación que ocurrió con AUSTIN GUTIERREZ GARAVITO, quien engaño al pueblo villavicense, diciendo que no estaba inhabilitado, cuando en realidad lo estaba y que por esta situación fue destituido por la Procuraduría y de paso genero un caos político administrativo al municipio.
Mientras la Corte Constitucional, no profiera sentencia con respecto al proyecto de ley estatutaria de reforma política, las leguleyadas del señor EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, son meras expectativas. 14 de marzo de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

CONTRALORIAS CENTROS DE VACUNACION

CONTRALORIAS: CENTRO DE VACUNACION.


Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)


En varios comentarios siempre he manifestado que las Contralorías del orden territorial se deben acabar porque son un foco de corrupción, ya que los que acceden a estos altos cargos de este órgano de control, en su mayoría, solo les interesa aprovechar su “cuarto de hora”, para enriquecerse a costas del detrimento patrimonial de los bienes y fondos de la nación.


Para un funcionario publico, llámese Alcalde, Gobernador, Almacenista, Tesorero, contratista, no es un secreto que las contralorías son verdaderos “centros de vacunación”, donde los famosos “hallazgos” no son otra cosa que la oportunidad, que se le presenta al Auditor o Contralor, para presionar, chantajear, amenazar, al posible investigado, para pedirle contratos a través de testaferros, pedir dinero o simplemente para ubicar laboralmente su consorte, amante, sobrinos y demás consanguíneos.


No es posible que los Contralores, como guardianes del patrimonio publico, resulten involucrados en actos de corrupción como lo sucedido al Contralor Distrital, y en otrora a los Contralores del Vaupés y San Andrés entre otros, que aprovechando su investidura, pedían dinero a los sujetos pasivos del control fiscal, para no iniciar en contra de ellos investigaciones fiscales y de paso compulsar copias a la Procuraduría y Fiscalía; de esta manera se propaga el espectro de la corrupción que tanto daño le ha hecho a la nación y a la economía publica, porque ya ni en los órganos de control se puede confiar.


Lo peor, es que si no es con denuncia o queja de parte, la Procuraduría y la Fiscalía, no inicia de oficio las investigaciones para indagarle a los contralores y demás funcionarios públicos, de donde sacaron el dinero para comprar fincas, apartamentos, casas, almacenes y demás bienes, que de oídas o vox populi, el pueblo sabe como se han enriquecido ilícitamente, donde tienen los bienes o quienes son los testaferros, pero desafortunadamente estos organismos públicos, se hacen los de la vista gorda, ante estos rumores.


Lo sucedido al ex contralor del Distrito Capital, Miguel Ángel Moralesrussi, destituido por la Procuraduría por el delito de concusión, es decir, por pedir dinero a los posibles investigados, es el inicio del destape de “ollas podridas” en Bogotá, que como “efecto domino”, va resultar involucrado hasta el mismo Alcalde, SAMUEL MORENO DIAZ y otros inescrupulosos funcionarios, que han traicionado o faltado a su juramento ante Dios, de cumplir fielmente con sus deberes conforme a la constitución y la ley.


Ojala que estas investigaciones también se extiendan al Meta, Villavicencio, Quibdó, Leticia, Vichada, Casanare, Guaviare y otras regiones del país, donde los Contralores, no han demostrado eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal; solamente los que se roban un lápiz, son los que resultan investigados y procesados fiscal, penal y disciplinariamente.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.


victorjuliogarciarodriguez.blogspot.com