domingo, 15 de julio de 2012

LUZ VICTORIA LEAL, SI ESTA INHABILITADA


LUZ VICTORIA LEAL, SI ESTA INHABILITADA.

Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

El 26 de julio de 2005, mediante fallo de primera instancia declaró fiscalmente responsable a la Dra. LUZ VICTORIA LEAL CARRILLO, obligándola a pagar la suma de $ 50.936.090, por detrimento patrimonial, fallo que fue confirmado posteriormente por la resolución 582 del 8 de septiembre de 2006, sanción esta que la responsable fiscalmente se comprometió a pagar en cuotas, compromiso que no cumplió y en octubre de 2008, decide suspender los pago, cuando aun tenia una deuda superior a los 30 millones de pesos. 

Una vez electo el Alcalde nominal, JUAN GUILLERMO ZULUAGA, (el Alcalde real, es FERNANDO RIVERA SARAZA), Luz Victoria, el 04 de noviembre de 2011, paga de un solo contado el saldo pendiente a la fecha, pues sabia de antemano que tenia todo a su favor, que seria ternada y elegida, para defender los intereses económicos y financieros del municipio, que años atrás le había causado detrimento patrimonial; algo similar como poner al sádico Garavito, de institutriz o a dictar educación sexual, en un colegio, es decir, sus electores atentaron contra la moral publica y los principios de la función administrativa, previstos en el articulo 209 de la Carta Política.

Lo insólito, es que la actual Contralora, presentó su hoja de vida al Tribunal Administrativo, para someterse a la convocatoria para la elección de Contralora Municipal, y allí, se omitió recibir el Certificado de antecedentes fiscales, que exige el Acuerdo 002 del 29 de abril de 1997 y acepta un oficio, en el cual la señora Luz Victoria, manifiesta que no tiene inhabilidad alguna, incurriendo en una presunta falsedad en documento y consecuentemente en falsedad ideológica, pues al tenor del articulo 38 N° 4 parágrafo 1, la aspirante esta inhabilitada.

Pero no solo incurrió en falsedad, sino también en CONFLICTO DE INTERESES, pues la Dra. Leal Carrillo, el 15 de diciembre de 2006, interpuso  acción de nulidad y  restablecimiento del derecho, contra la misma Contraloría, que ella iba a dirigir, es decir se constituyó en juez y parte, impedimento este que no puso  en conocimiento ante el Concejo Municipal al momento de su elección, pero que hizo después una vez fue acusada ante el Ministerio Publico, conducta dolosa suficiente también para ser sancionada disciplinaria y penalmente.

La Contralora si esta inhabilitada, al tenor del artículo 38 del Código Único Disciplinario, que literalmente dice: &$OTRAS INHABILIDADES. “También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Resaltado mio).
Al analizar el artículo en comento, por interpretación gramatical y sentido de las palabras, es evidente, contundente, que LUZ VICTORIA LEAL, estaba inhabilitada para ejercer el cargo de Contralora Municipal, y que el argumento esgrimido por sus abogados defensores, no tienen validez jurídica, en el sentido que una vez se pague la sanción desaparece la inhabilidad, pues pasaron mas cinco (5) años, para que la afectada se pusiera a paz y salvo, en consecuencia tiene una inhabilidad vigente, hasta el 08 de septiembre de 2016. Si hubiera pagado dentro de los primeros cinco años, no tendría este problema; con el pago automáticamente hubiera desaparecido este impedimento.
Refuerza lo anterior, la sentencia de constitucionalidad 077 de 2007, que en unos de sus apartes expresa: “No existen entonces razones para sostener ahora que los cargos formulados contra la norma acusada viola la exigencia de la unidad de materia por el hecho de haber consagrado una inhabilidad relacionada con la responsabilidad fiscal, pues, como también lo sostuvo el concepto del Ministerio Público, ella tiene la finalidad de señalar que su desconocimiento también constituye falta disciplinaria.

Tampoco viola dicho principio la contemplación de la cesación de la misma inhabilidad por pago o por exclusión del boletín de responsables fiscales por parte de la Contraloría General de la República, pues la norma está desarrollando el tema de la "otra inhabilidad", la proveniente de la declaratoria de responsabilidad fiscal, y no fue el Código Disciplinario Único el que estableció la competencia de las Contralorías para incluir a los responsables ante ellas en el boletín. Solamente está haciendo referencia a dicha responsabilidad fiscal, que si es materia de órganos de control distintos a los disciplinarios para servidores públicos, en cuanto la inhabilidad que de ella se deriva va a representar un obstáculo más para ingresar a ejercer un cargo público.

Los términos de duración de la inhabilidad se incluyen para efectos exclusivamente disciplinarios, no para las competencias propias de las autoridades del control fiscal, quienes a su vez cuentan con su propio instrumento jurídico para regular dicha materia, como es, entre otras, la Ley 610 de 2000. En consecuencia las facultades establecidas en la Carta Política en sus artículos 267 o 268 y subsiguientes para la Contraloría General o para las contralorías departamentales siguen incólumes con la expedición de la Ley 734 de 2002, sin que esté posibilitando la invasión de competencias por parte de las autoridades titulares de la acción disciplinaria, ni atentando contra la separabilidad de los órganos de control del Estado que dispone el artículo 113 superior”.

Con respecto a los 19 Concejales, también deben responder por su conducta gravísima, a titulo de dolo, pues era un hecho notorio, que la candidata, estaba inhabilitada, pues los medios de información lo hicieron públicamente, además, la ignorancia de la ley no los exime de responsabilidad, ya que como miembros de Corporación Publica, deben actuar defendiendo los intereses del pueblo y actuar consultando la justicia y el bien común. Arts. 9 C.C., art. 177 C.P.C., y 133 de Constitución Política.

Los Concejales, son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento probo, de sus funciones y debieron actuar con plena autonomía, conciencia, conocimiento, respetando el debido proceso, pues no se justifica como ocho (8) Concejales, que inicialmente votaron a favor de escuchar  los tres candidatos para Contralor, resultaron aliados con los restantes once (11) Concejales, para no escuchar por 10 minutos los candidatos, como lo determina el Acta 004 de 2012, donde se estableció el procedimiento a seguir, para elegir el Contralor Municipal; acto administrativo que los Concejales suscribieron y que no cumplieron.

Era vox populi, un hecho notorio, que Luz Victoria, estaba inhabilitada y no es argumento valido por parte de los Concejales, que actuaron de “buen fe”, pues el hecho de no convocar y escuchar los dos restantes candidatos, evidencia que  su actuación fue amañada, sesgada, actuaron de mala fe y ante los rumores de la inhabilidad, que circulaba por los medios de información, era su deber hacer las consultas pertinentes, pero no lo hicieron, lo cual evidencia su conducta dolosa, actuación esta que les acarrearía destitución del cargo, como le ha sucedido a otros Concejales  del país. El espíritu de la sentencia C-1093 de 2004, es contundente.

COLETILLA. Manifiesto a mis lectores, que no utilizo panfletos o correos electrónicos con otros nombres, para criticar o decir la verdad; siempre lo digo o escribo de frente, pase lo que pase.

15 de julio de 2012.



(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.