jueves, 19 de mayo de 2011

UN "MIQUITO" EN LA LEY DE REFORMA POLITICA

UN “MIQUITO” EN LA LEY DE REFORMA POLITICA.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

El proyecto de ley estatutaria de reforma política, que presentó el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, fue mutilado en gran parte y como los Honorables Congresistas de la respectiva Comisión Constitucional y la Plenaria de cada Cámara, no se pusieron de acuerdo, ésta fue remitida a la COMISIÓN ACCIDENTAL DE CONCILIACIÓN, de conformidad con el artículo 161 de la constitución política y el artículo 186 de la ley 5 de 1992, lo cual origino un texto conciliado que se materializaron a través de los proyectos de ley 092 de 2010 Cámara de Representantes y 190 de 2010 Senado.


Luego de un análisis detallado de los textos y aprobado por las respectivas Plenarias esta fue remitida a la Corte Constitucional para su revisión previa, antes de ser sancionada por el Presidente de la Republica, como lo establece los artículos 153 y 189-9 del ordenamiento constitucional.


Pero el proyecto de ley de reforma política, tiene un “miquito”, que más bien parece un orangután, y son los incisos segundo y tercero del parágrafo 3 del artículo 29, que textualmente dice: “Parágrafo 3°. En caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato.
“No podrán ser encargados o designados como gobernadores o alcaldes para proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000”.
“Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”.

El “miquito” es lo resaltado en rojo y veamos porque esta expresión es inexequible. El artículo 152 de la Constitución política de Colombia, literalmente expresa: “mediante leyes estatutarias, el Congreso de la Republica regulara las siguientes materias: a, derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b, administración de justicia; c, organización y régimen de los partidos y movimientos políticos;….”

Al interpretar la referida expresión, es evidente, que una ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos tiene como fin regular todo lo concerniente a la organización y régimen de los partidos políticos, es decir a la manera como se crean o fundan, los procedimientos para que los ciudadanos se afilien o se retiren de los mismos, los estatutos, su estructura orgánica, la financiación de la campañas políticas, los procedimientos para la obtención o perdida de su personería jurídica entre otros, y el “miquito” del régimen de inhabilidades o incompatibilidades, no guarda unidad de materia como lo determina el artículo 158 de la constitución política, ya que esta es competencia de una ley ordinaria que regulara el ejercicio de funciones públicas, como lo establece el artículo 150 numeral 23, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo en comento de la Constitución Política.

Ese “miquito” del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es asunto o tema de una ley ordinaria y no estatutaria, razón por la cual la Corte Constitucional, deberá declarar inexequible (lo resaltado en rojo) los incisos segundo y tercero del parágrafo 3 del artículo 29, del proyecto de reforma política, porque no guarda relación o unidad de materia, con la ley estatutaria de la organización y régimen de los partidos políticos, que es bien diferente al ejercicio de funciones públicas.

Posdata. Copia de este artículo periodístico, lo hare llegar a la Honorable Corte Constitucional, para lo pertinente.

19 de mayo de 2011.


(*) Profesor en el área del Derecho Público de la ESAP y periodista afiliado a ASOPEMET.


viernes, 8 de abril de 2011

HERNAN GOMEZ ESTA INHABILITADO

HERNAN GOMEZ, ESTA INHABILITADO.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)
El artículo 31 de la ley 617 de 2000, establece el régimen de incompatibilidades de los gobernadores, determinando en el numeral 7 que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador por elección popular o por designación, no podrán “inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido”; complementa esta prohibición el artículo 32 ibídem, que establece que la duración de las incompatibilidades del numeral 7, se extenderá por veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción y en el párrafo siguiente concluye: ”Quien fuere designado gobernador, quedara sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”.
Al interpretar sistemática y teleológicamente el articulo 31 y 32 de la ley 617 de 2000, se infiere que el señor HERNAN GOMEZ, aspirante a la Gobernación del Meta, si está inhabilitado, y en caso de salir elegido, su elección seria demandada por flagrante violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que le acarrearía una destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas; veamos por qué.
La expresión designar, significa destinar, elegir, escoger, nombrar a una persona para un fin determinado y según las situaciones administrativas con respecto al ejercio de las funciones públicas, esta designación puede ser en propiedad, o por encargo, y al interpretar los artículos en comento, la ley 617 no distingue entre los que son elegidos gobernadores, encargados o designados, es decir, las inhabilidades e incompatibilidades se pregonan es al ejercicio y no a la titularidad del cargo; ya sea por elección, encargo o por designación en propiedad, las funciones, atribuciones son las mismas para el ejercicio del cargo de gobernador.
Complementando lo anterior, los decreto ley 2400 de 1968 y 1950 de 1973, define el encargo “como una situación administrativa que implica el desempeño temporal por un empleado, de funciones propias de otro cargo en forma parcial o total, por ausencia temporal o definitiva del titular”. Es evidente, que el concepto de encargo trae consigo el desempeño de unas funciones constitucionales o legales, asignadas al titular.
De otra parte, la incompatibilidad es en el ejercicio del cargo y una vez se deja el cargo, ésta se convierte en una conducta prohibida y toda conducta prohibida es una inhabilidad y esta a su vez lo que pretende es garantizar la igualdad de trato entre los candidatos en el ejercicio de los derechos políticos y evitar prerrogativas derivadas del ejercicio de funciones públicas.
Por lo anterior, si HERNAN GOMEZ, sale elegido gobernador, su elección es nula y correríamos la misma situación que ocurrió con AUSTIN GUTIERREZ GARAVITO, quien engaño al pueblo villavicense, diciendo que no estaba inhabilitado, cuando en realidad lo estaba y que por esta situación fue destituido por la Procuraduría y de paso genero un caos político administrativo al municipio.
Mientras la Corte Constitucional, no profiera sentencia con respecto al proyecto de ley estatutaria de reforma política, las leguleyadas del señor EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, son meras expectativas. 14 de marzo de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

CONTRALORIAS CENTROS DE VACUNACION

CONTRALORIAS: CENTRO DE VACUNACION.


Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)


En varios comentarios siempre he manifestado que las Contralorías del orden territorial se deben acabar porque son un foco de corrupción, ya que los que acceden a estos altos cargos de este órgano de control, en su mayoría, solo les interesa aprovechar su “cuarto de hora”, para enriquecerse a costas del detrimento patrimonial de los bienes y fondos de la nación.


Para un funcionario publico, llámese Alcalde, Gobernador, Almacenista, Tesorero, contratista, no es un secreto que las contralorías son verdaderos “centros de vacunación”, donde los famosos “hallazgos” no son otra cosa que la oportunidad, que se le presenta al Auditor o Contralor, para presionar, chantajear, amenazar, al posible investigado, para pedirle contratos a través de testaferros, pedir dinero o simplemente para ubicar laboralmente su consorte, amante, sobrinos y demás consanguíneos.


No es posible que los Contralores, como guardianes del patrimonio publico, resulten involucrados en actos de corrupción como lo sucedido al Contralor Distrital, y en otrora a los Contralores del Vaupés y San Andrés entre otros, que aprovechando su investidura, pedían dinero a los sujetos pasivos del control fiscal, para no iniciar en contra de ellos investigaciones fiscales y de paso compulsar copias a la Procuraduría y Fiscalía; de esta manera se propaga el espectro de la corrupción que tanto daño le ha hecho a la nación y a la economía publica, porque ya ni en los órganos de control se puede confiar.


Lo peor, es que si no es con denuncia o queja de parte, la Procuraduría y la Fiscalía, no inicia de oficio las investigaciones para indagarle a los contralores y demás funcionarios públicos, de donde sacaron el dinero para comprar fincas, apartamentos, casas, almacenes y demás bienes, que de oídas o vox populi, el pueblo sabe como se han enriquecido ilícitamente, donde tienen los bienes o quienes son los testaferros, pero desafortunadamente estos organismos públicos, se hacen los de la vista gorda, ante estos rumores.


Lo sucedido al ex contralor del Distrito Capital, Miguel Ángel Moralesrussi, destituido por la Procuraduría por el delito de concusión, es decir, por pedir dinero a los posibles investigados, es el inicio del destape de “ollas podridas” en Bogotá, que como “efecto domino”, va resultar involucrado hasta el mismo Alcalde, SAMUEL MORENO DIAZ y otros inescrupulosos funcionarios, que han traicionado o faltado a su juramento ante Dios, de cumplir fielmente con sus deberes conforme a la constitución y la ley.


Ojala que estas investigaciones también se extiendan al Meta, Villavicencio, Quibdó, Leticia, Vichada, Casanare, Guaviare y otras regiones del país, donde los Contralores, no han demostrado eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal; solamente los que se roban un lápiz, son los que resultan investigados y procesados fiscal, penal y disciplinariamente.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.


victorjuliogarciarodriguez.blogspot.com

martes, 29 de marzo de 2011

LEGULEYADAS DE EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA

“QUIEN FUERE DESIGNADO COMO GOBERNADOR”.

Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Me tome la molestia de preguntarle a mi amigo JOSE JEREMIAS CAGUA, profesor de bachillerato, que interpretación le daba a la expresión “quien fuere designado como gobernador” y su respuesta fue: “hace referencia quien haya sido nombrado o asignado para ocupar el cargo de gobernador”; seguidamente le indague que significa designar y me contesto: “persona que ha sido nombrada en algo, o se le ha encomendado alguna función o labor” y para terminar mi investigación le pregunte: ¿según la expresión en referencia, quien designa al gobernador?. Dudó por unos instantes y me respondió: “no conozco muy bien este aspecto jurídico de quien lo designa porque no soy experto en estos temas, pero tal como aparece redactada la expresión es muy amplia, es enunciativa y se presta para muchas interpretaciones, porque la expresión no es taxativa, ya que no dice, quien lo designa, es decir, puede ser elegido o nombrado”...

Me sorprendió la respuesta de este profesor, que no tiene los más mínimos conocimientos o principios del derecho y que sin ser abogado, hermenéuticamente me dio una respuesta que complemento mi concepto sobre la expresión en referencia; dicha interpretación emitida por el profesor, es por el sentido de las palabras y gramaticalmente, como lo establece el capítulo IV del código civil; es decir, no se necesita de conocimiento jurídicos para interpretar un texto o párrafo, solo basta saber leer e interpretar.

Ahora, interpretando sistemáticamente y por extensión, la expresión: “Quien fuere designado como gobernador quedara sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”, según lo previsto en el artículo 32 de la ley 617 de 2000, que complementa el numeral 7 del artículo precedente de la ley en comento, ésta deberá ser analizada doctrinariamente y por jurisprudencias análogas; por las situaciones reales con respecto a faltas absolutas y faltas temporales, que atañen a los funcionarios públicos, que generan una situación administrativa.

Para resolver o interpretar la expresión “quien fuere designado como gobernador”, los fundamentos de derecho son los siguientes:

1. El artículo 303 inciso segundo de la constitución política, confirió a la ley la determinación de las faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como la forma de proveerlos, sin que a la fecha el Congreso, haya expedido dicha ley.

2. El artículo 115 constitucional determina que las gobernaciones y alcaldías forman parte de la rama ejecutiva y en concordancia el artículo 189 ibídem atribuye al presidente de la republica la condición de jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.

3. El artículo 8 de la ley 153 de 1887, preceptúa: “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materiales semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”

4. El artículo 100 de la ley 136 de 1994, establece: RENUNCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS: “La renuncia del Alcalde o la licencia o el permiso para separarse transitoriamente del cargo la aceptara o concederá, el Gobernador respectivo o el presidente de la republica en el caso del Distrito Capital de Bogotá”. Esta disposición resulta aplicable por analogía, para el caso de los gobernadores que soliciten permiso para separarse transitoriamente del cargo, correspondiéndole al Presidente de la Republica, concederla.

5. Los decreto 2400 de 1968 y 1950, define el encargo “como una situación administrativa que implica el desempeño temporal por un empleado, de funciones propias de otro cargo en forma parcial o total por ausencia temporal o definitiva del titular”.

6. El artículo 93 del decreto 1222 de 1986, en concordancia con el artículo 114 de la ley 136 de 1994, los gobernadores cuando se ausenten, deberán encargar de las funciones de su Despacho a uno de sus Secretarios, e informar de ello al Ministerio del interior. (Subrayado fuera de texto).

Conforme a lo anterior, el debate se centra en determinar si en realidad el señor HERNAN GOMEZ, tiene incompatibilidad vigente para ser elegido Gobernador del Meta. Desde el punto de vista de las inhabilidades el referido ciudadano, no tiene algún impedimento; pero si lo abordamos desde el punto de vista de la duración de las incompatibilidades, la situación jurídica cambia porque el artículo 32 de la ley 617 de 2000, extiende estas incompatibilidades por 24 meses para quienes haya sido designados gobernadores.

Como el Gobernador actual del Meta, no ha tenido faltas absolutas ni temporales, pero si ha tenido que atender gestiones propias de su cargo fuera del departamento, es determinar hasta qué punto el encargo que recayó en varias oportunidades sobre HERNAN GOMEZ, posteriores al 30 de octubre de 2009, le está generando la incompatibilidad a que hace referencia el articulo 32 ibídem.

Conforme al artículo 93 del decreto 1222 de 1986, se infiere que si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el Gobernador encargará de sus funciones a uno de sus secretarios o quien haga sus veces; pero el gobernador designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Gobernador elegido, ejercer las funciones, atribuciones y competencias que le confiere la constitución y la ley, ya que esta designación o encargo recae es al ejercicio del cargo mas no a la titularidad del mismo, es decir, sea designado, elegido o encargado del cargo de gobernador, el ejercicio es el mismo, porque no conozco dentro de nuestro ordenamiento jurídico, unas funciones especiales para los que son elegidos por voto popular y otras para los designados o encargados.

Según jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el particular manifestó: “no sobra agregar que las tesis según la cual las inhabilidades derivadas del ejercicio de cargos públicos no se configuran cuando se desempeñan a titulo de encargo, fue desvirtuada por la Sección en varias oportunidades; así en sentencia de 5 de octubre de 2001, expediente 2001-0003 (2463), determino, lo siguiente: el ejercicio del cargo, a cualquier titulo, se configura la inhabilidad, vale decir, no solo cuando se ejerce en propiedad sino también mediante otra forma de provisión, como por ejemplo, en provisionalidad, en comisión, o por encargo, porque la norma hace referencia al ejercicio y no a la titularidad del cargo. Al respecto se observa: según los artículos 23 del decreto 2400 de 1968 y 34 del decreto reglamentario 1950 de 1973, el encargo es una situación administrativa que implica el desempeño temporal, por un empleado, de funciones propias de otro cargo, en forma parcial o total, por ausencia temporal o definitiva del titular….El concepto de encargo trae implícito el desempeño de funciones constitucionales y legales asignadas al titular”. Como no existe jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, para el caso de los gobernadores encargados, que indique si estos, incurrirán en las mismas causales de inhabilidades o incompatibilidades que los gobernadores titulares, se aplica por analogía las jurisprudencias para el caso de los Alcaldes, que violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Y como decimos en el Llano, “más clarito no canta un gallo”, por lo tanto es palmario, que HERNAN GOMEZ, tiene incompatibilidad vigente, y esta incompatibilidad, según jurisprudencias de la Corte Constitucional es una prohibición y toda prohibición es una inhabilidad, y en caso que salga elegido, su elección seria demandada.

Mientras la Corte Constitucional no profiera sentencia con respecto al proyecto de ley estatutaria de reforma política, que lo habilitaría automáticamente según el artículo 29 de esta ley, los adefesios jurídicos de EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, seguirán siendo meras expectativas jurídicas, y estas expectativas no generan derechos.

MARZO 28 DE 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.


REPLICA A EDGAR ARDILA BARBOSA.

Conforme al boletín emitido por el señor EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA, titulado “respuesta afectuosa a un ex alumno”, me permito hacerle unas aclaraciones:

1. Usted no fue profesor mío en la ESAP, usted me dicto fue un seminario jurídico, sobre derecho administrativo, requisito para ese entonces necesario junto con otros seminarios para optar al título de Administrador Publico. Esta actividad académica, fue posterior a la culminación del 10 semestre de esta profesión. Ahora en la eventualidad que eso fuera cierto, el alumno ha superado a su maestro y tal como usted lo expresa, evidencia su complejo de superioridad, porque cree que nadie lo puede superar. Para su información soy administrador público, especialista en derecho público, contratación estatal, con estudios de derecho y docente universitario en la ESAP, en el área del derecho públicos, con experiencia de 15 años en esta actividad.

2. Así mismo, usted manifestó por los diferentes medios de información y lo escribió en su libelo, que yo no era abogado titulado ni tenía tarjeta para ejercer el derecho, y que estos pronunciamientos o comentarios míos eran leguleyadas. Si cometí errores en la interpretación de la norma, es perdonable mi equivocación, porque no soy abogado, lo que no es perdonable desde el punto de vista ético y profesional, es que usted siendo abogado con tarjeta profesional, se preste para engañar a los electores por los diferentes medios de información, diciendo que HERNAN GOMEZ, no está inhabilitado para aspirar a la gobernación del Meta, cuando en realidad si lo está. Es usted el leguleyo y no yo, porque la definición que usted mismo le da a este término es aplicable para su caso: “persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. Persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados”.

3. Manifiesta o mejor me corrige, argumentando, que la Corte Constitucional hace es una revisión previa al proyecto de ley estatutaria y “que no dicta sentencia al respecto, porque no está dirimiendo ninguna demanda instaurada por cualquier ciudadano, es simplemente un concepto previo”… Con este disparate suyo, es evidente sus leguleyadas, ya que los fallos de la Corte Constitucional son sentencias y autos y todos los actos que expida este alto tribunal, con respecto a la revisión de un proyecto de ley estatutaria, se profiere a través de SENTENCIAS. Es evidente que el leguleyo es usted y no yo.

4. Como compañeros de estudio de parte del bachillerato, lo que recuerdo muy bien de usted, es que era un buen jugador de futbol, con facilidad de expresión para sus mitomanías; tenia buena predisposición para la lectura en voz alta; que era locuaz, engreído porque se sabía de memoria situaciones aisladas de los personajes de cien años de soledad, pero un pésimo estudiante y quizás de ahí provienen sus leguleyadas.

5. Finalmente, mediante correo electrónico, usted me manifiesta “que tengo problemas siquiátricos y que usted no me los puede resolver por que no es siquiatra sino abogado y actúo así porque la vida no me ha tratado con benevolencia y que en cambio usted todo lo tiene”. Si usted fuera siquiatra no recurriría a sus servicios, por las razones expuestas, además los intelectuales son considerados locos y lo poco que tengo me lo he ganado honradamente y vivo decentemente a través del ejercicio de la cátedra universitaria y de algunas asesorías en entidades públicas, sin engañar o cometer adefesios jurídicos.