jueves, 6 de octubre de 2011

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Hasta qué punto un funcionario puede participar en política o hacer proselitismo en favor de un candidato sin que se vea expuesto a una queja ante el Ministerio Publico, una eventual represalia o persecución política por apoyar un determinado candidato a corporación pública o cargo público. El planteamiento también se extiende para los contratistas (O.P.S.) si pueden hacer proselitismo político en favor de un candidato.

Para resolver, se tiene como fundamento de derecho los preceptos constitucionales y legales que se relacionan.

El articulo 127 de la constitución política literalmente expresa:

“Inc. 2, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución”.

“Inc. 3, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria”.

“La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.

De otra parte los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o Código Disciplinarios Único, prescriben como faltas gravísimas, y que dan lugar a destitución e inhabilidad para desempeñar funciones públicas, el de “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.

La misma ley prevé en el artículo 34 numeral 4, como deberes de todo servidor público, los de “utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información que reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos”, así como “dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas” artículo 34 numeral 11 ibídem.

Concordante con lo anterior, el artículo 38 de la ley 996 de 2005, o ley de garantías electorales, relaciona unas prohibiciones para todos los empleados del Estado:

1. Acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en esa ley.

3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.

4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

De acuerdo a lo anterior, corresponde al Congreso de la Republica, mediante ley estatutaria, determinar qué clase de funcionarios públicos desde el punto de vista jerárquico y funcional, pueden participar en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas, ya que para los funcionarios de la rama judicial, órganos electorales, órganos de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en estos asuntos, dejando un “vacío” al no estar reglamentado el inciso tercero del artículo 127 de la constitución, que a titulo enunciativo establece que los funcionarios no detallados en el inciso segundo, si pueden tomar parte activa en los partidos políticos y en las controversias políticas.

Por interpretación restrictiva, la norma constitucional está condicionada a una ley estatutaria que aún no ha sido expedida; al respecto el Consejo de Estado ha sostenido: “desde luego será la ley la que ha de regular la forma de ejercer este derecho y de cubrir el riesgo para evitar que el servidor público se convierta en factor desestabilizador de la administración pública.(…) Pero si bien es cierto que el derecho a participar en actividades políticas fue reconocido directamente por la Constitución, su efectividad quedó condicionada a que el Congreso expida la ley que determina la forma de realizar las actividades políticas. De manera que la actividad política de los empleados solamente puede cumplirse con fundamento en la nueva ley y mientras no se expida, los mismos no pueden realizar ninguna actividad política distinta del sufragio” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación 430 del 18 de marzo de 1992. Ponente: Jaime Paredes Tamayo)

Complementa este concepto la Corte Constitucional mediante sentencia C- 454 de 1993, al señalar que “la regla general consiste hoy en permitir tales actividades aun a los servidores públicos con la excepciones que la norma introduce en concordancia con la mayor libertad de acción que se reconoce y para impedir su ejercicio abusivo, se sanciona, ya no la participación del empleado en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer determinada causa o campaña” (subrayado fuera de texto).

Se infiere, que la facultad de participar en política no corresponde a un derecho absoluto, pues está limitado en el sentido de utilizar el empleo como medio de presión a los ciudadanos a respaldar una campaña política, el cual será causal de mala conducta, lo cual no debe confundirse con la libertad que tiene el funcionario de escoger el candidato de su predilección y votar por él, hacer reuniones privadas o en su residencia para manifestar su intención de voto, ya que esta actividad o controversia, no es incompatible con sus funciones públicas, excepto si las utiliza desde su cargo para presionar a los ciudadanos en favor de determinado candidato.

El hecho que un funcionario público, asista en calidad de espectador a un espectáculo público, bingo, bazar, o evento deportivo patrocinado por un candidato político, no se puede considerar como participación en política, porque no reúne los presupuestos jurídicos que versan sobre la actividad y controversias políticas, y cualquier queja que se interponga ante el Ministerio Publico o Control Interno Disciplinario, serán infundadas.

Se requiere que el funcionario público, sea un sujeto activo, es decir, que realice la conducta descrita en la norma disciplinaria como falta gravísima o conducta antijurídica y no como un simple asistente o espectador.

04 de octubre de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

5 comentarios:

  1. Será que si el que asiste a la plaza publica en calidad de espectador es el alcalde no es objeto de sanción disciplinaria alguna?

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  2. Buenas tardes, puede un congresista hacer proselitismo político a los miembro de su partido para las elecciones?

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  4. Pueden los docentes de nomina salir a caravanas políticas y usar camisas gorras entre otros nimbreteados con el nombre de dicho candidato??? Y si pueden gritar su respaldo y usar las redes sociales para hacer campaña??

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  5. Pueden los docentes de nomina hacer política en las redes sociales y colocar fotos y vídeos? Pueden participar de caravanas políticas usando camisetas gorras ponchos entre otros y gritar su respaldo???

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