CONFLICTO DE
INTERESES DE RIVERA Y ZULUAGA.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Como no fue posible el pago de dichos honorarios por vía gubernativa,
“Juan sin Miedo”, interpone la correspondiente acción, solicitando el pago de
los honorarios, las indexaciones y el daño moral, que sufrió, con la decisión
de la administración municipal de negarle el pago de estos honorarios y dentro
de la actuación procesal el 18 de abril del presente año, el expediente ingreso
al Despacho del Juez Administrativo, para sentencia.
La otra acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue
interpuesta por el actual alcalde de
Villavicencio, FERNANDO RIVERA SARAZA, identificado con la cedula de
ciudadanía N° 17.413.149 de Acacias, proceso N° 50001333100420060007100,
radicado en el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión, en el cual
pretende que se declare nulo el acto administrativo, de la Contraloría
Municipal, mediante el cual fue sancionado fiscalmente por detrimento
patrimonial cuando se desempeño como Gerente de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de este municipio, al celebrar un contrato millonario con una
agencia de publicidad, que mediante publicidad engañosa, al parecer quería privatizar la EAAAV y de paso ser su principal
socio.
Es evidente como este par de personajes, han incurrido en una conducta
dolosa, atentatorios contra el ordenamiento jurídico, la moral y la ética
publica, pues desde sus cargos, están incurriendo en un conflicto de
intereses y una incompatibilidad, al pretender sacar provecho para si mismo a
nombre de un tercero, sin que al momento de su posesión los referidos Alcaldes, hayan manifestado
su impedimento, dejando constancia por escrito al momento de su posesión, que estaban
incursos en conflicto de intereses.
Según la definición doctrinaria, el conflicto de intereses se presenta “cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En este caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido”, concepto este que quedo taxativamente plasmado en el articulo 40 del Código Disciplinario Único.
Dentro de la gama de funciones del Alcalde, el articulo 29 de la ley 1551 de 2012, expresa: “d) En relación con la Administración Municipal: 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente” y para complementar este precepto, el articulo 30 del anterior Código Contencioso Administrativo, expresa que “los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicaran , además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil”, y mas adelante el referido articulo literalmente manifiesta: “el funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestara el impedimento por escrito motivado y entregara el expediente a su inmediato superior o la procurador regional si lo tuviere”.
Según lo anterior, el Alcalde “Juan Sin Miedo”, al momento de tomar
posesión y firmar la respectiva acta, debió manifestar su conflicto de
intereses, y a los cinco días (5) de estar en el ejercicio del cargo, debió
mediante escrito motivado, solicitar al Procurador Regional, la designación de
un Alcalde ad-hoc, que para el caso que nos asiste, el Procurador, debió
designarse como funcionario para este asunto, al Alcalde de Restrepo, por ser
el municipio mas cercano a Villavicencio; pero esto no se hizo porque el
Alcalde en “cuerpo ajeno”, no
puso en conocimiento su conflicto de intereses al Procurador, ni lo hizo
al momento de su posesión, razón mas que suficiente para catalogar la
conducta de “Juan Sin Miedo”, como falta gravísima a titulo de dolo, por estar incurso en una incompatibilidad,
prevista en el articulo 96 numeral 4 de la ley 136 de 1994, concordante con el
articulo 38 de la ley 617 de 200, que enuncia: “Intervenir, en
nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus
funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito o sus entidades
descentralizadas”.
Es clara, evidente y flagrante, la violación al ordenamiento legal por incompatibilidad en el ejercicio del cargo, por parte de JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, quien no manifestó su impedimento o conflicto de intereses, razón suficiente para iniciarle investigación disciplinaria por violación al régimen de incompatibilidades y atentar contra la moral y ética publica, es decir, Juan Sin Miedo, a incurrido en acto de corrupción y de inmoralidad, practicas que él tanto pregono erradicar.
COLETILLA. A través de mi articulo periodístico titulado “Luz Victoria Leal, si esta inhabilitada”, del 15 de julio de 2012, manifesté que esta funcionaria si estaba inhabilitada y que los 19 concejales, también lo estaban, razón por la cual se deberían ir destituido; es mas, de antemano, vaticino, que el fallo en segunda instancia, también será desfavorable para los investigados.
Con respecto al leguleyo EDGAR ARDILA BARBOSA, volvió perder conmigo, lo cual evidencia su incapacidad jurídica para leer, interpretar y analizar lo escrito. La primera fue con el caso de HERNAN GOMEZ NIÑO, cuando dije que estaba inhabilitado y me trató públicamente de leguleyo y la segunda con el caso de LUZ VICTORIA.
Que desastre, este abogado, es un mediocre en jornada continua, es un verdadero leguleyo.
http://adefesiosjuridicos.blogspot.com/
16 de agosto de 2012.
(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público,
periodista afiliado a ASOPEMET.
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