LA
PAZ DE URIBE Y LA DE SANTOS. (*)
Por: Víctor julio García Rodríguez.
En el Gobierno de
Álvaro Uribe, se expidió la ley 975 de 2005, cuyo objeto era facilitar los
procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de paramilitares,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, facilitando la reinserción a la vida civil y garantizándoles la
amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley de amnistía
o 782 de 2002. Arts. 1 y 2 ley 975/05.
La referida ley le
otorgó a los paramilitares que se sometieron al proceso de paz, los principios
de alternatividad, que consistía en
un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena impuesta por la
jurisdicción ordinaria para reemplazarla por una pena alternativa o justicia
para la paz, que se le concedía por la contribución del beneficiario a la
consecución de la paz, la colaboración
con la justicia, la reparación a las
víctimas y su adecuada resocialización, es decir, se le otorgo unas serie de
beneficios de orden penal y económicos a los desmovilizados, aplicándoles los
beneficios antes citados. Art. 3.
El parágrafo único del artículo 10, les otorgó a los miembros de estos
grupos que se encontraban privados de la libertad, la opción de acceder a los
beneficios amnistía e indulto, es decir, que pasaran de la jurisdicción
ordinaria a la justicia especial para la paz, siempre que en las providencias
judiciales correspondientes se determinara su pertenencia al respectivo grupo
armado.
A lo
anterior, el artículo 29, le concedió a los paramilitares sometidos a la
justicia especial para la paz, una pena alternativa, que consistía en la
ejecución de una condena alternativa, por un periodo mínimo de cinco (5) años y
no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y
su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los asesinatos, masacres y
genocidios cometidos por los paramilitares, es decir, los delitos de lesa
humanidad, tan solo pagaron una condena máxima de ocho (8) años, siempre y
cuando, los beneficiados se comprometieran a contribuir con su resocialización
a través de trabajo comunitario, estudio o enseñanza durante el tiempo del
cumplimiento de su condena en zonas de concentración. El pago de la referida
condena se hizo zonas de concentración y una vez cumplida, un funcionario, debía
certificar el cumplimiento de su pena, para posteriormente, entregarles un
beneficio económico a cada desmovilizado, que oscilaba entre 8 y diez millones
de pesos, para que iniciara su empresa, previa capacitación certificada.
En
los artículos 59, 60 y 61 de la ley 975, estableció el Acuerdo Humanitario, preceptuando, que es obligación del Gobierno
Nacional, garantizar el derecho a la paz, conforme a los artículos 2, 22, 3,
115, 188 y 189-4, de la constitución política, fundamentos jurídicos, que
posteriormente, le sirvieron de base normativa al Presidente Santos, para
proseguir, con el actual proceso de paz, pese al haber ganado el “No” con un
mínimo de votos.
Los que hemos leído el
actual proceso de paz, podemos concluir, que el actual proceso de paz con las
Farc, es una fiel copia del proceso de paz que hizo Álvaro Uribe, con los
paramilitares, donde la condena máxima es de 8 años, para los delitos atroces,
el cumplimiento de esta condena en sitios especiales, el pago de un subsidio
mensual para los desmovilizados y la entrega un beneficio económico, al final
de su condena, para que se vuelvan empresarios.
En el proceso de paz de
Uribe, varios bandidos no se acogieron a dicho proceso y conformaron lo que hoy
se denominan las BACRIM, y algunos amnistiados volvieron a estas bandas; en la
paz de Santos, un grupo disidente de las Farc, siguieron delinquiendo como Bacrím,
pero muchos de los desmovilizados con la paz de Uribe, hoy en día, son personas
trabajadoras y la sociedad les dio una segunda oportunidad; en cambio, los que
se han desmovilizado con la de Santos, con el plan pistola han sido asesinados,
sin darles una segunda oportunidad.
Cuando Uribe hizo el proceso
de paz con los paras, fue aplaudido como un buen hombre, un buen Presidente y
nadie protesto por la impunidad, ni por la amnistía o indulto a los paramilitares,
autores de masacres, violación de mujeres, de desapariciones, mucho menos, por
los beneficios que se le entregaron bajo el amparo de la justicia para la paz, y
Santos, copiando los principios y beneficios de la ley 975, hizo el proceso de
paz similar con las Farc, y por tal motivo ha sido tildado por su mayor
opositor como traidor, como Castrochavista, que le entrego el país a los
comunistas, pero si este proceso de paz, lo hubiese hecho Uribe, sería la
verraquera, y nadie estaría hablando de impunidad, ni del peligro del
comunismo, sino por el contrario, se estaría elogiando, que Uribe es buen
demócrata, que fortaleció la democracia,
el pluralismo y la tolerancia y trajo la paz a Colombia, así, haya también
subido el IVA, los impuestos y estuviéramos en crisis económica, porque todo lo
del pobre es robado.
Sumado a lo anterior, todos
los males del país, como la situación económica, social y hasta la corrupción,
se los achacan al proceso de paz de Santos; así por ejemplo, si las bandas criminales
asesinan policías, extorsionan, atracan, el culpable es la falsa paz del
Farcsantos, si la guerrilla del ELN, destruye oleoductos, secuestra o asesina
policías y soldados, el culpable es el proceso de paz del traidor del Santos,
pero como el colombiano del común, como no lee o investiga, lo manipulan,
alienan y lo alinean, para que no comprende que el actual proceso de paz se
suscribió fue con las Farc y no con el ELN, mucho menos que conozca sus
beneficios.
Por el contrario, muchos
quieren que el próximo Presidente de la Republica, tumbe el proceso de paz de
Santos, porque tienen el convencimiento que la paz se consigue con guerra, que
todo lo bueno es malo y lo perverso es lo mejor.
Por todo esto es imposible
pedirle a una sociedad que vea su desigualdad e injusticia social y la
corrupción en la administración pública, porque nos acostumbramos a las
masacres, el asesinato de miembros de la fuerza pública y no medimos su alto
costo para el desarrollo económico y social del país, mucho menos pretender hacer
un proceso de paz, diciéndoles a los actores de la violencia, que entreguen sus
armas para meterle 60 años de cárcel, así no funciona, ni ha funcionado en
ninguna parte del mundo; lo mejor es desarmar el corazón, que tener que seguir
otros 52 años llorando a nuestro familiares masacrados.
Hay que desarmar nuestro
corazón, para tener el valor de mirar hacia el futuro y no retroceder 52 años evocando
el pasado, porque este no es reparable y con que se haga justicia con largas
condenas para los verdugos, no vamos a recuperar el pasado mucho menos nuestros
seres queridos; por el contrario, nos queda la lección de aprender a tolerarnos,
a respetar las diferencias y enseñarles a nuestro hijos, que no todo se
soluciona con violencia, sino que existen otras alternativas, como el dialogo,
la concertación y el perdón, porque hay que luchar por una sociedad justa y equitativa,
que nunca será perfecta, porque los hombres nunca hemos construido cosas
perfectas, pero sí podemos hacer las cosas mejor.
(*) Periodista y profesor de Derecho Público.
Enero
27 de 2018.
Este ensayo puede ser
publicado o compartido por redes sociales.
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