LAS RAZONES PARA NO ELEGIR A ZULUAGA.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Álvaro Uribe Vélez, le negó el aval por el Centro Democrático a Juan Guillermo Zuluaga, por tres razones: primero, porque Juan sin miedo, tiene más de cinco procesos penales pendientes en la fiscalía, por el plan de ordenamiento territorial, celebración de contratos violando el régimen legal, por sobrecostos en la contratación, pues un producto de mil pesos lo adquiría por diez mil y otros tantos en la Procuraduría por los mismo hechos; segundo, por la mala fama que tiene en administrar los recursos públicos, pues de ser un vulgar raspachín, paso a ser un taxista millonario con apartamentos, fincas, pesebreras, socio de empresas a través de terceros y tercero por ser Castrochavista.
Al no conseguir la bendición del dios Uribe, se inscribió por el partido liberal, siendo apoyado por varios partidos y por unos chicos malos como Carmelo Pérez, Marcela, Alan Jara, Darío Vásquez, el pato Lucas, Maritza Martínez, el cartel de contratistas y más de cien mil desempleados que hay en el Meta, a los que le están pagando semanalmente, para que porten la camiseta de la campaña, hablen bien del candidato y pongan el pendón o afiche en las casas, del que se jacta decir que es un buen administrador, y eso sin contar con los contratistas de la Gobernación del Meta, a los cuales obligan a diligenciar formularios con un listado de personas, hacer reuniones y a llevar gente a otras reuniones, con la amenaza, que no le será renovado el contrato, en caso de no apoyar el candidato de la maquinaria, ese candidato que dice no tener miedo y me pregunto ¿Miedo para qué?
Pero entrando ya en materia disciplinaria, la suspensión e inhabilidad especial por nueve (9) meses, que profirió en primera instancia la Procuraduría, no le impide a Juan sin miedo proseguir con su campaña proselitista y seguir engañando al elector, diciendo que esa sanción no fue por corrupción y que la apelara para demostrar su inocencia, como me lo comunicó vía WhatsApp, cuando le pregunte sobre su inhabilidad y a renglón seguido me contestó: “en nada afecta mi campaña ni se interrumpe y afecta el proceso electoral, porque la decisión en segunda instancia que tomará varios años y que en el caso extremo de llegar a quedar en firme, significaría solamente una sanción pecuniaria”.
Conforme a lo expresado por Zuluaga, se desprende varias hipotesis: primero, que esa sanción le vale huevo porque no hubo destitución sino suspensión; segundo, que la suspensión se paga con multa y tercero, que, con su discurso de culebrero, le hará creer a sus electores que él puede ser elegido gobernador porque esa suspensión no le genera inhabilidad y para cuando salga el fallo en segunda instancia, a lo mejor ya no será gobernador. Que bellecera.
El código disciplinario único, en su artículo 44-2 y 3 define la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas y para las faltas graves culposas.
Por su parte el articulo 45-2 y 46 ibidem, establece que la suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.
En lo que respecta a la inhabilidad especial, el artículo 46, establece el límite de las sanciones para la inhabilidad general, que será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente. Ver sentencias de la Corte Constitucional C-1076/02; C-124 de 2003, C-181 de 2002 y la sentencia C-028 de 2006; Concepto del Consejo de Estado 1810 de 2007, entre otros.
Con fundamentos en la norma disciplinaria, los argumentos expuestos por Juan sin miedo, no son ciertos, esta engañando al elector, porque la sanción tiene dos componentes: suspensión del cargo y la inhabilidad especial, lo cual significa que en caso que se confirme el fallo de primera instancia, esa suspensión se convierte en multa porque Zuluaga en este momento no ostenta cargo público alguno y la sanción pecuniaria será por el valor de nueve (9) meses de salario que devengaba como alcalde, al momento de los hechos y en lo que respecta a la inhabilidad especial, esta no será conmutada o cambiada por multa porque la misma busca el impedimento o la imposibilidad para ejercer un cargo público o celebrar contratos, que para el caso en comento, será de nueve (9) meses a partir de quedar en firme la suspensión e inhabilidad.
Es evidente según la norma, que una vez quede en firme el acto administrativo sancionatorio, Juan con miedo, tendrá que pagar nueve meses de salario y a la vez queda inhabilitado para desempeñar cargo publico por nueve meses también. Es mentira lo que dice Zuluaga, que pagará la multa y podrá ejercer el cargo de gobernador, en caso de salir electo.
Estas son las razones para no votar por Zuluaga, porque será un voto muerto, porque en la eventualidad que salga elegido y este posesionado, se va por nueve meses de suspensión, generando caos e incertidumbre política, con la opción que no vuelva al cargo porque los otros procesos penales y disciplinarios fallaran en su contra y siendo así, se tendrá que convocar a nuevas elecciones para la gobernación del Meta.
No pierda su voto eligiendo a Zuluaga, porque de antemano, le aseguro que antes del 24 de octubre del año en curso, Zuluaga, sus chicos malos y los empleados y desempleados, estarán llorando esta derrota disciplinaria.
Y yo sé porque se lo digo.
(*) Profesor universitario del área del Derecho Publico y periodista independiente.
26 de septiembre de 2019
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