lunes, 20 de agosto de 2012

CONFLICTO DE INTERESES DE RIVERA Y ZULUAGA


CONFLICTO DE INTERESES DE RIVERA Y ZULUAGA.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)


En el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de la ciudad de Villavicencio, se encuentra radicada una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, (Hoy medios de control), N° 50001333100320090011000, impetrada por el ciudadano JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, el “Alcalde en cuerpo ajeno”, alias de “Juan sin Miedo”, identificado con la cedula de ciudanía 17.345.097, que pretende que se declare nulo un acto, mediante el cual el Concejo y la Alcaldía, le negó el reconocimiento y pago de unos honorarios en su condición de Concejal de esta ciudad, por una presunta inasistencia sin justicacion alguna, a unas Sesiones del Concejo Municipal.    

Como no fue posible el pago de dichos honorarios por vía gubernativa, “Juan sin Miedo”, interpone la correspondiente acción, solicitando el pago de los honorarios, las indexaciones y el daño moral, que sufrió, con la decisión de la administración municipal de negarle el pago de estos honorarios y dentro de la actuación procesal el 18 de abril del presente año, el expediente ingreso al Despacho del Juez Administrativo, para sentencia.

La otra acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue interpuesta por el actual alcalde de Villavicencio, FERNANDO RIVERA SARAZA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.413.149 de Acacias, proceso N° 50001333100420060007100, radicado en el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión, en el cual pretende que se declare nulo el acto administrativo, de la Contraloría Municipal, mediante el cual fue sancionado fiscalmente por detrimento patrimonial cuando se desempeño como Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de este municipio, al celebrar un contrato millonario con una agencia de publicidad, que mediante publicidad engañosa, al parecer quería  privatizar la EAAAV y de paso ser su principal socio.

Es evidente como este par de personajes, han incurrido en una conducta dolosa, atentatorios contra el ordenamiento jurídico, la moral y la ética publica, pues desde sus cargos, están incurriendo en un conflicto de intereses y una incompatibilidad, al pretender sacar provecho para si mismo a nombre de un tercero, sin que al momento de su posesión los referidos Alcaldes, hayan manifestado su impedimento, dejando constancia por escrito al momento de su posesión, que estaban incursos en conflicto de intereses.

Según la definición doctrinaria, el conflicto de intereses se presenta “cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En este caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido”, concepto este que quedo taxativamente plasmado en el articulo 40 del Código Disciplinario Único.

Dentro de la gama de funciones del Alcalde, el articulo 29 de la ley 1551 de 2012, expresa: “d) En relación con la Administración Municipal: 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente” y para complementar este precepto, el articulo 30 del anterior Código Contencioso Administrativo, expresa que “los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicaran , además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil”, y mas adelante el referido articulo literalmente manifiesta: “el funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestara el impedimento por escrito motivado y entregara el expediente a su inmediato superior o la procurador regional si lo tuviere”.

Según lo anterior, el Alcalde “Juan Sin Miedo”, al momento de tomar posesión y firmar la respectiva acta, debió manifestar su conflicto de intereses, y a los cinco días (5) de estar en el ejercicio del cargo, debió mediante escrito motivado, solicitar al Procurador Regional, la designación de un Alcalde ad-hoc, que para el caso que nos asiste, el Procurador, debió designarse como funcionario para este asunto, al Alcalde de Restrepo, por ser el municipio mas cercano a Villavicencio; pero esto no se hizo porque el Alcalde en “cuerpo ajeno”, no puso en conocimiento su conflicto de intereses al Procurador, ni lo hizo al momento de su posesión, razón mas que suficiente para catalogar la conducta de “Juan Sin Miedo”, como falta gravísima a titulo de dolo, por estar incurso en una incompatibilidad, prevista en el articulo 96 numeral 4 de la ley 136 de 1994, concordante con el articulo 38 de la ley 617 de 200, que enuncia: “Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito o sus entidades descentralizadas”.

Es clara, evidente y flagrante, la violación al ordenamiento legal por incompatibilidad en el ejercicio del cargo, por parte de JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, quien no manifestó su impedimento o conflicto de intereses, razón suficiente para iniciarle investigación disciplinaria por violación al régimen de incompatibilidades y atentar contra la moral y ética publica, es decir, Juan Sin Miedo, a incurrido en acto de corrupción y de inmoralidad, practicas que él tanto pregono erradicar.  

COLETILLA. A través de mi articulo periodístico titulado “Luz Victoria Leal, si esta inhabilitada”, del 15 de julio de 2012, manifesté que esta funcionaria si estaba inhabilitada y  que los 19 concejales, también lo estaban, razón por la cual se deberían ir destituido; es mas, de antemano, vaticino, que el fallo en segunda instancia, también será desfavorable para los investigados.

Con respecto al leguleyo EDGAR ARDILA BARBOSA, volvió perder conmigo, lo cual evidencia su incapacidad jurídica para leer, interpretar y analizar lo escrito. La primera fue con el caso de HERNAN GOMEZ NIÑO, cuando dije que estaba inhabilitado y me trató públicamente de leguleyo y la segunda con el caso de LUZ VICTORIA.

Que desastre, este abogado, es un mediocre en jornada continua, es un verdadero leguleyo.

 Los artículos en referencia, lo pueden consultar en:


http://adefesiosjuridicos.blogspot.com/


16 de agosto de 2012.





(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.




domingo, 15 de julio de 2012

LUZ VICTORIA LEAL, SI ESTA INHABILITADA


LUZ VICTORIA LEAL, SI ESTA INHABILITADA.

Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

El 26 de julio de 2005, mediante fallo de primera instancia declaró fiscalmente responsable a la Dra. LUZ VICTORIA LEAL CARRILLO, obligándola a pagar la suma de $ 50.936.090, por detrimento patrimonial, fallo que fue confirmado posteriormente por la resolución 582 del 8 de septiembre de 2006, sanción esta que la responsable fiscalmente se comprometió a pagar en cuotas, compromiso que no cumplió y en octubre de 2008, decide suspender los pago, cuando aun tenia una deuda superior a los 30 millones de pesos. 

Una vez electo el Alcalde nominal, JUAN GUILLERMO ZULUAGA, (el Alcalde real, es FERNANDO RIVERA SARAZA), Luz Victoria, el 04 de noviembre de 2011, paga de un solo contado el saldo pendiente a la fecha, pues sabia de antemano que tenia todo a su favor, que seria ternada y elegida, para defender los intereses económicos y financieros del municipio, que años atrás le había causado detrimento patrimonial; algo similar como poner al sádico Garavito, de institutriz o a dictar educación sexual, en un colegio, es decir, sus electores atentaron contra la moral publica y los principios de la función administrativa, previstos en el articulo 209 de la Carta Política.

Lo insólito, es que la actual Contralora, presentó su hoja de vida al Tribunal Administrativo, para someterse a la convocatoria para la elección de Contralora Municipal, y allí, se omitió recibir el Certificado de antecedentes fiscales, que exige el Acuerdo 002 del 29 de abril de 1997 y acepta un oficio, en el cual la señora Luz Victoria, manifiesta que no tiene inhabilidad alguna, incurriendo en una presunta falsedad en documento y consecuentemente en falsedad ideológica, pues al tenor del articulo 38 N° 4 parágrafo 1, la aspirante esta inhabilitada.

Pero no solo incurrió en falsedad, sino también en CONFLICTO DE INTERESES, pues la Dra. Leal Carrillo, el 15 de diciembre de 2006, interpuso  acción de nulidad y  restablecimiento del derecho, contra la misma Contraloría, que ella iba a dirigir, es decir se constituyó en juez y parte, impedimento este que no puso  en conocimiento ante el Concejo Municipal al momento de su elección, pero que hizo después una vez fue acusada ante el Ministerio Publico, conducta dolosa suficiente también para ser sancionada disciplinaria y penalmente.

La Contralora si esta inhabilitada, al tenor del artículo 38 del Código Único Disciplinario, que literalmente dice: &$OTRAS INHABILIDADES. “También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Resaltado mio).
Al analizar el artículo en comento, por interpretación gramatical y sentido de las palabras, es evidente, contundente, que LUZ VICTORIA LEAL, estaba inhabilitada para ejercer el cargo de Contralora Municipal, y que el argumento esgrimido por sus abogados defensores, no tienen validez jurídica, en el sentido que una vez se pague la sanción desaparece la inhabilidad, pues pasaron mas cinco (5) años, para que la afectada se pusiera a paz y salvo, en consecuencia tiene una inhabilidad vigente, hasta el 08 de septiembre de 2016. Si hubiera pagado dentro de los primeros cinco años, no tendría este problema; con el pago automáticamente hubiera desaparecido este impedimento.
Refuerza lo anterior, la sentencia de constitucionalidad 077 de 2007, que en unos de sus apartes expresa: “No existen entonces razones para sostener ahora que los cargos formulados contra la norma acusada viola la exigencia de la unidad de materia por el hecho de haber consagrado una inhabilidad relacionada con la responsabilidad fiscal, pues, como también lo sostuvo el concepto del Ministerio Público, ella tiene la finalidad de señalar que su desconocimiento también constituye falta disciplinaria.

Tampoco viola dicho principio la contemplación de la cesación de la misma inhabilidad por pago o por exclusión del boletín de responsables fiscales por parte de la Contraloría General de la República, pues la norma está desarrollando el tema de la "otra inhabilidad", la proveniente de la declaratoria de responsabilidad fiscal, y no fue el Código Disciplinario Único el que estableció la competencia de las Contralorías para incluir a los responsables ante ellas en el boletín. Solamente está haciendo referencia a dicha responsabilidad fiscal, que si es materia de órganos de control distintos a los disciplinarios para servidores públicos, en cuanto la inhabilidad que de ella se deriva va a representar un obstáculo más para ingresar a ejercer un cargo público.

Los términos de duración de la inhabilidad se incluyen para efectos exclusivamente disciplinarios, no para las competencias propias de las autoridades del control fiscal, quienes a su vez cuentan con su propio instrumento jurídico para regular dicha materia, como es, entre otras, la Ley 610 de 2000. En consecuencia las facultades establecidas en la Carta Política en sus artículos 267 o 268 y subsiguientes para la Contraloría General o para las contralorías departamentales siguen incólumes con la expedición de la Ley 734 de 2002, sin que esté posibilitando la invasión de competencias por parte de las autoridades titulares de la acción disciplinaria, ni atentando contra la separabilidad de los órganos de control del Estado que dispone el artículo 113 superior”.

Con respecto a los 19 Concejales, también deben responder por su conducta gravísima, a titulo de dolo, pues era un hecho notorio, que la candidata, estaba inhabilitada, pues los medios de información lo hicieron públicamente, además, la ignorancia de la ley no los exime de responsabilidad, ya que como miembros de Corporación Publica, deben actuar defendiendo los intereses del pueblo y actuar consultando la justicia y el bien común. Arts. 9 C.C., art. 177 C.P.C., y 133 de Constitución Política.

Los Concejales, son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento probo, de sus funciones y debieron actuar con plena autonomía, conciencia, conocimiento, respetando el debido proceso, pues no se justifica como ocho (8) Concejales, que inicialmente votaron a favor de escuchar  los tres candidatos para Contralor, resultaron aliados con los restantes once (11) Concejales, para no escuchar por 10 minutos los candidatos, como lo determina el Acta 004 de 2012, donde se estableció el procedimiento a seguir, para elegir el Contralor Municipal; acto administrativo que los Concejales suscribieron y que no cumplieron.

Era vox populi, un hecho notorio, que Luz Victoria, estaba inhabilitada y no es argumento valido por parte de los Concejales, que actuaron de “buen fe”, pues el hecho de no convocar y escuchar los dos restantes candidatos, evidencia que  su actuación fue amañada, sesgada, actuaron de mala fe y ante los rumores de la inhabilidad, que circulaba por los medios de información, era su deber hacer las consultas pertinentes, pero no lo hicieron, lo cual evidencia su conducta dolosa, actuación esta que les acarrearía destitución del cargo, como le ha sucedido a otros Concejales  del país. El espíritu de la sentencia C-1093 de 2004, es contundente.

COLETILLA. Manifiesto a mis lectores, que no utilizo panfletos o correos electrónicos con otros nombres, para criticar o decir la verdad; siempre lo digo o escribo de frente, pase lo que pase.

15 de julio de 2012.



(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.




lunes, 11 de junio de 2012

OTRA FORMA DE PRIVATIZACION

OTRA FORMA DE PRIVATIZACION.

Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)


Con la reciente promulgación de la ley 1508 de 2012, que versa sobre las asociaciones publicas privadas, se pretende que capital privado suministre al Estado bienes y servicios, que éste ha sido incapaz de proveer por múltiples factores que van desde la corrupción, situación económica y social, negligencia en la gestión publica, deficiencias en el actual sistema de concesiones, que ha favorecido mas los intereses privados, hasta la falta de recursos financieros, tecnología y la voluntad política de contribuir al desarrollo económico y social del país.

 Con las Asociaciones Público Privadas, el Estado vincula capital privado materializado a través de un contrato, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que van desde la construcción de mega obras como carreteras, vías férreas, cárceles, colegios, clínicas y toda la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

Conforme al equilibrio contractual, los inversionistas tendrán derecho a una contraprestación económica por la obra o servicio que presta y que lógicamente saldrá del bolsillo de cada colombiano, que tendrá que pagar a través de peajes, tasas, por el servicio que utiliza, ya que al Estado solo le esta permitido hacer un desembolso máximo del 20% y el restante 80% corresponde al usuario; de todas maneras los proyectos tendrán un limite de 30 años incluidos las prorrogas y las adicciones de recursos públicos.
La idea de las asociaciones publicas privadas proviene del modelo neoliberal, concretamente del corte privatizador de servicios públicos, el cual permite la inversión de monopolios extranjeros conforme a las expectativas del TLC, la internacionalización de la economía y de la globalización, es decir, es entregar la contratación publica a  poderosos inversionistas, que sacaran jugosas ganancias al capital invertido.

Bajo esta modalidad de contratación, se tiene previsto el dragado del Río Meta, la construcción del ferrocarril de los llanos, la construcción del metro para Bogotá y otras obras de impacto internacional.



09 de junio de 2012.





(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.




sábado, 31 de diciembre de 2011

CONSEJOS PARA SER UN BUEN GOBERNANTE

CONSEJOS PARA SER UN BUEN GOBERNANTE.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

Existen principios, recomendaciones y sugerencias de tipo filosófico, jurídico, administrativo y ético y moral, que nos enseña como se debe gobernar, ejercer el poder y administrar los bienes públicos; sin embargo, en la filosofía del pueblo hay otros consejos o principios, que por entrevistas los he compilado y que hoy los comparto con ustedes, para que aprendan ser un buenos gobernantes y logren liderazgo en sus regiones.

1. SIMPATIA, AMABILIDAD. Mantenga la amabilidad, cordialidad, humildad que lo caracterizó durante su campaña proselitista, es decir, siga repartiendo “picos”, abrazos, salude a las personas por su nombre y no se vuelva petulante o creído, porque de su manera de tratar a las personas, depende su futuro político. Recuerde que para ejercer el poder no necesita ser déspota o grosero. Lo cortes no quita lo valiente.

2. CONSTESTE EL CELULAR. Al elector le disgusta, que su candidato de su preferencia una vez sale elegido, no contesta el celular, cambia el número o lo apaga. Si no puede contestar el celular, por favor encargue de esta misión a su escolta o persona de confianza, para que reciba los mensajes y una vez tenga el tiempo, devuelva la llamada. Por mi experiencia en cargos públicos, me ha enseñado que la mayoría de llamadas o citas son para pedir favores, contratos o puestos, sin embargo, estos aspectos se deben manejar con mucha elegancia. A las personas le gusta que los hagan sentir importantes, les gusta los pequeños detalles y contestar el celular es seña, que nuestro gobernante no nos ha olvidado y sigue siendo nuestro amigo. El elector es un cliente, y como tal merece la mejor atención.

3. APRENDA A DECIR NO. A la gente le disgusta que le “mamen gallo”, que los pongan a gastar dinero y tiempo en hojas de vida, que en el peor de los casos, van a parar al cesto de la basura. No engañe a su clientela, si no puede darles un contrato, puesto o hacer un favor, dígale con mucha serenidad “no” o “no puedo” y que tratara de ayudarle en otra oportunidad. Tenga palabra de gallero y sea serio en su palabra empeñada.

4. ATIENDA AL PÚBLICO. Cuando un gobernante no atiende al publico, es un mal síntoma que ya tiene “montada su rosca”, para los contratos o los puestos públicos. Fije un día a la semana o establezca un horario especial, para atender al público y que cada cita no se extienda mas de 10 minutos así podrá atender más público. A la personas le gusta que los atiendan, que escuchen sus necesidades o reclamos y así no le otorguen el favor solicitado; por lo menos salen contentos porque su alcalde o gobernador los atendió. Cuando este atendiendo a una persona, mírele fijamente su rostro, pues es mala educación, mirar para otro lado o hacer algo mientras nos dirigen la palabra.

5. NO JUEGUE A LA DOBLE MORAL. Algunos gobernantes, lo primero que le advierten a sus empleados, es que “no toleran actos de corrupción y que funcionario que le pida plata a los contratistas, se va del puesto”. Esto evidencia, que todas las coimas son para el gobernante y no admite competencia dentro de su “cartel”. Hay que tener mucho cuidado, pues la gente ya no come cuento de honradez, moralidad y transparencia y saben de antemano, que los gobernantes van por su “cuarto de hora”.

6. REPARTA UN PORCENTAJE DE LAS COMISIONES. El dicho del pueblo, “es que llegan solo a robar para ellos y no reparten nada”. Hay que destinar un 20% como mínimo de las comisiones de los contratos, para repartirlas entre las personas, a las cuales no se le ha podido cumplir con contratos o puestos. Que ese 20% también sea lo de ley para sus amigos, para aquellos que lucharon por su candidatura.

7. DEMOCRATICE LA CONTRATACION. Cuando una persona le pide al gobernante “que le ayude con un contratico” y éste le responde que no hay nada, es seña, “que tiene amarrada toda la contratación con testaferros o con sus empresas a nombre de terceros”. En los procesos de contratación hay muchas maneras de ayudar a las personas, ya sea otorgándoles contratos de mínima, menor cuantía o solicitándole al contratista la vinculación laboral de determinadas personas. Los contratos deben atender los fines esenciales del Estado, pero también que generen poder adquisitivo o calidad de vida en la región. Cuando un gobernante, tiene toda la contratación amarrada a través de sus empresas, se esta generando mas desigualdad social, pobreza y problemas de inseguridad. Fomente las MIPYMES y democratice la contratación.

8. PREGUNTE, PREGUNTE. Antes de actuar, pregunte, pregunte, consulte, pues es preferible que le digan bruto por cinco minutos y no bruto de por vida. Aprenda a escuchar, a recibir consejos pues la mayoría de gobernantes se creen soberanos y en medio de su arrogancia o prepotencia, se ven en vueltos en procesos disciplinarios, penales o fiscales, que les puede costar “la muerte de la gallinita de los huevos de oro”. La violación a las normas de contratación estatal y del presupuesto publico, son los errores mas comunes que cometen los gobernantes y son los aspectos de mayor control, evaluación y seguimiento por parte de los órganos de control, ya sea por celebración indebida de contratos, prevaricato, peculado, concusión o cohecho. Conforme un grupo interdisciplinario de profesionales en las distintas áreas del conocimiento, para que lo orienten o asesoren en las diferentes áreas de la Administración Publica.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS QUE HIZO. Es el cumplimiento del Programa de Gobierno y posteriormente del Plan de Desarrollo, que deberá reflejar todas las promesas que hizo en su campaña, en especial aquellas relacionas con obras o servicios para determinadas comunidades o sectores.

Si usted tiene en cuenta estos vernáculos consejos para ser un buen gobernante, mantendrá su liderazgo político, pues muchos de los que salen elegidos solo van por “su cuarto de hora” o a enriquecerse ilícitamente, pregonando moralidad, honradez, transparencia en todas sus actuaciones. El pueblo ya no come cuento de honradez, ni vive de “cuentos chinos”.

Hay que dejar bases solidas para otras futuras campañas políticas.



29 de diciembre de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

jueves, 6 de octubre de 2011

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?

¿LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PUEDEN PARTICIPAR EN POLITICA?
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Hasta qué punto un funcionario puede participar en política o hacer proselitismo en favor de un candidato sin que se vea expuesto a una queja ante el Ministerio Publico, una eventual represalia o persecución política por apoyar un determinado candidato a corporación pública o cargo público. El planteamiento también se extiende para los contratistas (O.P.S.) si pueden hacer proselitismo político en favor de un candidato.

Para resolver, se tiene como fundamento de derecho los preceptos constitucionales y legales que se relacionan.

El articulo 127 de la constitución política literalmente expresa:

“Inc. 2, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución”.

“Inc. 3, Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria”.

“La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.

De otra parte los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o Código Disciplinarios Único, prescriben como faltas gravísimas, y que dan lugar a destitución e inhabilidad para desempeñar funciones públicas, el de “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.

La misma ley prevé en el artículo 34 numeral 4, como deberes de todo servidor público, los de “utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información que reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos”, así como “dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas” artículo 34 numeral 11 ibídem.

Concordante con lo anterior, el artículo 38 de la ley 996 de 2005, o ley de garantías electorales, relaciona unas prohibiciones para todos los empleados del Estado:

1. Acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en esa ley.

3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.

4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

De acuerdo a lo anterior, corresponde al Congreso de la Republica, mediante ley estatutaria, determinar qué clase de funcionarios públicos desde el punto de vista jerárquico y funcional, pueden participar en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas, ya que para los funcionarios de la rama judicial, órganos electorales, órganos de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en estos asuntos, dejando un “vacío” al no estar reglamentado el inciso tercero del artículo 127 de la constitución, que a titulo enunciativo establece que los funcionarios no detallados en el inciso segundo, si pueden tomar parte activa en los partidos políticos y en las controversias políticas.

Por interpretación restrictiva, la norma constitucional está condicionada a una ley estatutaria que aún no ha sido expedida; al respecto el Consejo de Estado ha sostenido: “desde luego será la ley la que ha de regular la forma de ejercer este derecho y de cubrir el riesgo para evitar que el servidor público se convierta en factor desestabilizador de la administración pública.(…) Pero si bien es cierto que el derecho a participar en actividades políticas fue reconocido directamente por la Constitución, su efectividad quedó condicionada a que el Congreso expida la ley que determina la forma de realizar las actividades políticas. De manera que la actividad política de los empleados solamente puede cumplirse con fundamento en la nueva ley y mientras no se expida, los mismos no pueden realizar ninguna actividad política distinta del sufragio” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación 430 del 18 de marzo de 1992. Ponente: Jaime Paredes Tamayo)

Complementa este concepto la Corte Constitucional mediante sentencia C- 454 de 1993, al señalar que “la regla general consiste hoy en permitir tales actividades aun a los servidores públicos con la excepciones que la norma introduce en concordancia con la mayor libertad de acción que se reconoce y para impedir su ejercicio abusivo, se sanciona, ya no la participación del empleado en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer determinada causa o campaña” (subrayado fuera de texto).

Se infiere, que la facultad de participar en política no corresponde a un derecho absoluto, pues está limitado en el sentido de utilizar el empleo como medio de presión a los ciudadanos a respaldar una campaña política, el cual será causal de mala conducta, lo cual no debe confundirse con la libertad que tiene el funcionario de escoger el candidato de su predilección y votar por él, hacer reuniones privadas o en su residencia para manifestar su intención de voto, ya que esta actividad o controversia, no es incompatible con sus funciones públicas, excepto si las utiliza desde su cargo para presionar a los ciudadanos en favor de determinado candidato.

El hecho que un funcionario público, asista en calidad de espectador a un espectáculo público, bingo, bazar, o evento deportivo patrocinado por un candidato político, no se puede considerar como participación en política, porque no reúne los presupuestos jurídicos que versan sobre la actividad y controversias políticas, y cualquier queja que se interponga ante el Ministerio Publico o Control Interno Disciplinario, serán infundadas.

Se requiere que el funcionario público, sea un sujeto activo, es decir, que realice la conducta descrita en la norma disciplinaria como falta gravísima o conducta antijurídica y no como un simple asistente o espectador.

04 de octubre de 2011.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

HOMOLOGAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR LOS AÑOS DE EXPERIENCIA

HOMOLOGAR LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR LOS AÑOS DE SERVICIO.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Con la expedición del acto legislativo 04 de 2011, los provisionales que a 31 de diciembre de 2010, venían ocupando cargos de carrera administrativa y que tienen más de cinco (5) años de servicio, se les homologara la prueba de conocimientos por los años de servicio o de experiencia laboral, quedando sin efectos legales, la convocatoria 01 de 2005, ya que las resoluciones y demás actos administrativos que expidió la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, perdieron fuerza ejecutoria, por ser contrarias a acto legislativo 04 de 2011, como lo establece el artículo 4, de la constitución política.

Sin embargo, la CNSC, creyéndose entidad soberana, desconoce el precepto constitucional, argumentando que el acto legislativo en comento, no se aplicara a los funcionarios en provisionalidad que no están participando en los procesos de selección que se encuentran en trámite y que son beneficiarios del mismo, los funcionarios que se encuentren en lista de elegibles que cobraron fuerza antes de la expedición del acto legislativo, “adquirieron el derecho a ser nombrados, por lo tanto el nominador respectivo deberá proceder a dar cumplimiento a los establecido en el artículo 32 del decreto 1227 de 2005, es decir, proferir el acto de nombramiento y dar posesión en periodo de prueba dentro de los términos previstos”. Es evidente la leguleyada del señor FRIDOLE BALLEN DUQUE, Presidente de la CNSC, a través del comunicado del 14 de julio de 2011.

Basta saber leer e interpretar, para concluir que el acto legislativo, es impersonal y en abstracto, que no es de carácter individual o a un grupo de personas identificables a través de un concurso, porque la disposición superior no lo contempla y que las listas de elegibles, siendo un acto particular que creó unos derechos adquiridos con respecto a los concursantes antes de entrar en vigencia la disposición constitucional, pero ésta ha perdido fuerza ejecutoria, por la sencilla razón de no haberse ejecutado antes de la expedición del acto legislativo 04 de 2011, es decir, estos supuestos derechos adquiridos son meras expectativas, que no vulnera el debido proceso, ya que las expectativas jurídicas no generan derechos.

Queda claro que el acto legislativo 04 de 2011, surtirá efectos frente a aquellas personas o mejor funcionarios públicos, que actualmente están ocupando cargos de provisionales o por encargo y que a 31 de diciembre de 2010, tenía como mínimo cinco (5) años de servicio, condición esta que le homologaría la prueba de conocimientos.

La CNSC, deberá homologar las pruebas de conocimientos establecidas en el concurso público, preservando el principio del mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cual deberá nuevamente solicitar a la entidades estatales, la información o base de datos de la relación de empleados provisionales que a 31 de diciembre de 2010, venían ocupando cargos y que actualmente los ocupen.

Pero la pregunta del millón es ¿Qué pasara con las personas que ganaron los concursos y no están ocupando cargos públicos? Por simple lógica, se deberá dar prelación a los provisionales que cumplen con los requisitos del acto legislativo y los que no lo cumplen, deberán dar paso a la personas que ganaron los concursos, es decir, primero están los provisionales que actualmente ocupan cargos y si queda vacantes, estas serán para los particulares (que no están ocupando cargos públicos), que estaban en lista de elegibles.

Recordemos que el espíritu de este acto legislativo, es garantizar el derecho al trabajo a eso provisionales, que vienen ocupando cargos por más de cinco años y que desafortunadamente no pasaron las pruebas de la convocatoria 01 de 2005.

Cualquier vulneración a la disposición constitucional en comento, es tutelable por violación al derecho a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al desempeño de funciones y cargos públicos, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida y es deber del Juez Constitucional, amparar estos derechos transitoriamente para no causar un perjuicio irremediable al afectado y si es el caso, dejar sin efectos los actos administrativos que generaron la vulneración, como los dispone los artículos 7 y 8 del decreto 2591 de 1991.

COLETILLA. En el próximo artículo periodístico, me voy a referir al caso de los supernumerarios, que actualmente vienen ocupando cargos públicos por más de cinco (5) años, en la DIAN, y otras entidades del Estado.

De otra parte, estoy dispuesto a atender sus inquietudes sobre el asunto o dirigirse directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social, ubicado en la carrera 13 N° 32-76 piso 21 oficina de sistemas, Bogotá D.C.

Los correos electrónicos son:

presidentenalsinaltraempros@hotmail.com

presidentenalsinaltarempros@gmail.com

PAGINA: http://sinaltraempros.blogcindario.com

Presidente JORGE ELIECER PEREZ, Celular 311-586 0964 ó 310-753 0834.


31 de agosto de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.





sábado, 16 de julio de 2011

LOS PROVISIONALES EN CARRERA ADMINISTRATIVA.

LOS PROVISIONALES EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
Por: Victor Julio Garcia Rodriguez. (*)

Mediante el acto legislativo 04 del 4 de julio de 2011, el Congreso de la Republica, incluyo un artículo transitorio complementario del artículo 125 que garantiza que los actuales empleados públicos que a 31 de diciembre de 2010, estaban ejerciendo empleos públicos en provisionalidad o en encargo, quedan cobijados por este acto legislativo previo el cumplimiento de las calidades y requisitos exigidos por la convocatoria del respectivo concurso; es decir que los actuales provisionales aspirantes a ingresar al escalafón de carrera administrativa, ya no tendrán que someterse a prueba de conocimientos y la Comisión Nacional del Servicio Civil, les homologara las pruebas de conocimientos por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo.

La calificación se hará de la siguiente manera:

1. Prueba de conocimientos por cinco (5) años o más de ejercicio, equivalen a 70 puntos.

2. Los estudios adicionales, a los requeridos para el ejercicio del cargo, otorgaran un puntaje así:
a. Título de especialización 3 puntos.
b. Título de maestría 6 puntos.
c. Título de doctorado 10 puntos.

3. Para el nivel técnico y asistencial, los estudios adicionales se tomaran por las horas totales debidamente certificadas así:
a. De 50 a 100 horas, 3 puntos.
b. De 101 a 150 horas, 6 puntos.
c. Más de 151 horas, 10 puntos.

De acuerdo a lo anterior, los que están en provisionalidad no quedaron cobijados automáticamente en carrera administrativa, sino que sus hojas de vida tendrán que someterse a evaluación de acuerdo a los anteriores requisitos, saliendo favorecido los empleados que tengan formación en posgrado, y la capacitación certificada; sin embargo, los empleados en el nivel técnico y asistencial, ya no se tendrá en cuenta el titulo sino el número de horas que correspondan a ese título, ya que el acto legislativo, no distingue si son horas de capacitación formal o informal (educación para el trabajo y el desarrollo humano) pero “los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán acumulables entre sí”.
Una vez haya pasado la ley de garantías, los Alcaldes y Gobernadores; Directores o Gerentes públicos, de los diferentes niveles de la administración pública, tampoco podrán suprimir empleos o hacer reestructuraciones administrativas, sin el visto bueno de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues de lo contrario esta reforma constitucional seria letra muerta.

A los actuales empleados provisionales y encargados en cargos de carrera administrativa, solo serán retirados del servicio, por calificación no satisfactoria de su desempeño laboral, por destitución proferida por proceso disciplinario en firme o por interdicción de funciones públicas o por renuncia voluntaria.

Queda claro, que los actuales empleados públicos en provisionalidad, que vienen laborando antes del 31 de diciembre de 2010, quedan amparados, pero tendrán que someterse a los requisitos que establece el acto legislativo en comento.

Quedan excluidos de este beneficio, los magistrados de las altas Cortes, Jueces, empleados de la rama judicial, docentes y directivos docentes oficiales.

09 de julio de 2011.


(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.