jueves, 6 de marzo de 2014

MIS CABALAS POLITICAS

MIS CABALAS POLITICAS.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)


En las elecciones presidenciales del 2006, el dictador Alvaro Uribe Velez, obtuvo una votacion de 7.397.835 que le representó el 62,35% del total de la votacion; en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2010, Juan Manuel Santos, obtuvo una votacion de 9.004.201, que le representó el 69 de la votacion, y al sumar estos dos promedios porcentuales, Uribe Velez, se mantuvo con el 65,67% de la votación.


A la fecha,las cosas son distintas, por la serie de escandalos de corrupcion, en los que se ha visto implicado el dictador, pero a pesar de estas situaciones negativas, Alvaro Uribe Velez, y según las encuestas, goza en promedio de un 25% de intencion de voto para el Senado, lo cual significa que su votacion estaria cerca de los 3.000.000 votos, lo que le darian aproximadamente 28 curules en el Senado, quitandole curules a los partidos como el de la “U”, que actualmente tiene 28 senadores, partido conservador 22 senadores, el partido liberal 18, opcion ciudadana 9, cambio radical y el polo con 8 senadores cada uno, el partido verde 5, MIRA 3; todos estos partidos politicos, perderan curules, frente al Centro democrático.


Según mis calculos estadisticos obtenidos con mi calculadora “Aurora”, el centro democratico, quedaria con 28 curules; la “U” con 18 senadores; el partido conservador, obtendria 14 senadores, opcion ciudadana, con 1 senador, cambio radical con 6 senadores; el polo democratico, con 5 senadores; alianza verde con 4 senadores y el MIRA con 2 senadores y la gran sorpresa sera del partido liberal, que ascenderá por lo menos 4 escaños, quedando con 22 senadores.


A nivel del departamento del Meta, las cosas son desalentadoras, porque dos candidatos al senado por el mismo partido de la “U”, hará que se quemen solitos, pues Maritza Martínez, de los 61 mil votos que obtuvo en las elecciones del 2010, perdera una cantidad significativa de votos que le quitará el voto en blanco, Wilmar Barbosa, Horacio Serpa, Navarro Wolf, Benedetti, quedando aproximadamente con 37 mil votos en total y Wilmar Barbosa, con cerca de 35 mil votos totales, es decir, “en rio revuelto ganancia de pescadores”, pues la lista cerrada del Centro Democrático y la de otros candidatos al senado de otras regiones, le quitaran votos a los dos candidatos llaneros y aunque no me crean, la votación de Uribe más la de los foráneos, superaran la sumatoria de los dos candidatos llaneros.


En lo que concierne a la Cámara de Representantes, las cosas tampoco son claras, pues aunque Lucy Contento y Ángelo Villamil, encabezan la intensión de voto, se puede dar otra desagradable sorpresa, ya que en la eventualidad que las personas que voten por la lista cerrada para el senado por el Centro Democrático, y también lo hagan por la lista cerrada de la cámara de representantes, las cosas se complicarían, pues entraría uno o dos candidatos de Uribe y en caso de entrar uno solo, Jaime Rodríguez y Hugo Velásquez, se quemaran y en caso que no salga elegido ningún representante a la cámara de la lista de Uribe, los mencionados representantes también se quemaran y veamos por qué.


El partido liberal colocará la mayor votación en el Meta y sacará dos representantes: Ángelo Villamil, que remolcará a Tania Jaramillo, que con sus escasos 8 mil votos, triplicará a Hugo Velásquez, que escasamente obtendrá 2 mil votos y Lucy Contento, con sus 30 mil votos, asegurará una curul en la cámara de representantes, dejando sin opción alguna a Jaime Rodríguez, que con sus 3 mil votos, podría aspirar a una Junta Administradora Local y sacar la mayor votación.


En las pasadas elecciones del 2010, al Congreso de la Republica, Jaime Rodríguez, obtuvo 32.375 votos, la mayor votación, votos colocados por la rosca de Darío Vásquez, pues Rodríguez Contreras solo cuenta con 3 mil votos propios y Hugo Velásquez Jaramillo, obtuvo 19.436 votos, que en su mayoría son de “Ali Babá y sus cuarenta ladrones”, pues Hugo Velásquez, solo tiene 800 votos propios y como estos dos Congresistas votaron a favor del raponazo de las regalías y ya no tienen a sus mentores, inevitablemente pasaran al pabellón de quemados.


Posdata. Si me equivoco en mis aciertos, recuerden que soy periodista, no analista político.


06 de marzo de 2014. (*)


Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

jueves, 20 de febrero de 2014

MODALIDADES DE VOTO

MODALIDADES DE VOTO.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

Según la formación política, formación académica y experiencia electoral, los ciudadanos al momento de elegir o votar, escogen una de las siguientes modalidades: voto de opinión, voto clientelista, voto sectario y el voto en blanco.
 
No me voy a referir a los abstencionistas, porque ellos creen que con su comportamiento, se castiga a los politiqueros, por el contrario, propicia la corrupción y permite que unos pocos, que por lo general son los más corruptos, nos gobiernen a su modo, sumiéndonos cada vez más en la desigualdad, la inequidad y la injusticia social.
 
El voto de opinión, lo ejercen los ciudadanos independientes, que no tienen cargo público o contrato estatal, o que teniéndolo, les duele la corrupción y la pobreza en que han nos sumido los Congresistas y Gobernantes, que llegan a ocupar una curul o cargo, solo con el propósito de enriquecerse, sin importar si sus decisiones o actuaciones se contextualizan con el Estado Social de Derecho, la prevalencia del interés general o la materialización de unas verdades políticas púbicas, en favor de los más necesitados.
 
A este grupo pertenecen los ciudadanos de bien, los intelectuales, las personas decentes, que votan por convicción, por programas de gobierno, porque saben que el voto es secreto y que a nadie tienen que rendirles cuentas por quien votó.
 
Voto clientelista, lo ejercen los ciudadanos que no les importa si su candidato es deshonesto, si tiene vínculo o son financiados por grupos al margen de la ley, si su candidato se vendió a cambio del raponazo a las regalías o que votó afirmativamente la reforma al sistema de salud; a estos malos ciudadanos no les importa esto, son arrodillados ante sus patrocinadores por el dinero que le dieron, por el puesto o contrato, así a futuro se muera en un hospital, porque la IPS, no le cubre su tratamiento o su candidato se enriquezca; pero eso no importa, lo que importa es ganar, como si el proceso electoral fuera una carrera de caballos o una apuesta por un resultado; lo importante es pregonar que es un ganador, así al otro día no tenga para el desayuno.
 
En esta modalidad de voto clientelista, también están los delincuentes electorales, comúnmente llamados líderes comunitarios, contratistas estatales y empleados públicos, que ostentando liderazgo o poder en su cargo, obligan a sus empleados, contratistas estatales, a asistir a reuniones, a llevar 10 o 20 personas a estas reuniones y lógicamente a votar por determinado candidato, so pena de perder el puesto o contrato. También lo conforman algunos funcionarios inescrupulosos de la Registraduria, que se prestan para robarle los votos a determinado candidato a cambio de dinero y por último, los que venden su voto por cualquier chichigua.
 
Y dentro de esta gama, también están los estafadores electorales, conformado por los candidatos que prometen lo que no pueden cumplir, como empleo, vivienda, becas y cosas por el estilo, pues una vez electo, cambian el número de celular, de vivienda, carro y hasta de mujer; es decir, son unos verdaderos hampones que trafican con las necesidades de sus electores.
 
El voto sectario, lo ejercitan los ciudadanos sectarios que defienden un partido político, candidato o doctrina política, sin fundamento alguno o teniéndolo, lo defiende y lo sigue con fanatismo, así no se ajuste a la realidad. También hacen parte del voto sectario, los radicales, conformado por aquellos ciudadanos, que se oponen a alianzas o pactos con otros partidos políticos, en especial el conservatismo o viceversa. Son los que siempre votan por su partido político y no admiten los “voltearepas”. Son más peligrosos que bruto con iniciativa.
 
Voto en blanco, es un sufragio de protesta, que lo ejercitan los buenos ciudadanos que han sido estafados en su buena fe, que no creen en las promesas electorales, no creen en la honradez del candidato porque de antemano, saben que se va a vender, aprobando leyes o programas de gobierno, a cambio de dinero, contratos o cargos burocráticos, es decir, solo buscan satisfacer sus necesidades personales y no las del pueblo.
 
El voto en blanco está reglamentado en el artículo 258 de la constitución política, al determinar: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría (la mitad más uno). Tratándose de elecciones unipersonales (Alcaldes, Gobernadores o Presidente) no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas (como el Congreso, Asamblea, Concejo y Juntas Administradoras Locales) no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.
 
Según el texto anterior, es falso que los votos en blanco se los sumen al candidato ganador, como lo están pregonando los candidatos en sus reuniones políticas, asustando al elector, para que no utilicen esta herramienta democrática y se abstengan de votar en blanco, pues es un desgaste para su campaña y su peculio o pecunio, ya que tendrían que volver a presentarse a la nueva contienda electoral, siempre y cuando pasen o alcancen el umbral, que está proyectado en 450 mil votos.
 
Lo único negativo del voto en blanco, es que en caso que tenga que repetirse la elección por mayoría de votos en blanco, saldrían perjudicados los partidos o movimientos políticos minoritarios como el Polo Democrático o la Unión Patriótica por citar un ejemplo, en la eventualidad que no alcancen el umbral.
 
El voto en blanco, es un voto válido, es una forma de decirle no a los corruptos, al clientelismo y a las roscas políticas, lo único que tiene que hacer usted, es marcar con una equis (X) la casilla donde dice voto en blanco, pues de no hacerlo así, se considera voto no marcado y facilitaría para que los delincuentes electorales, lo marquen por determinado candidato.
 
POSDATA. Asista a todas la reuniones políticas, coma lechona, tamales, sancocho, reciba dinero, mercados, pero al momento de votar no se deje manipular, piense en la pobreza en que han sometido a Colombia los politiqueros corruptos, que solo piensan en enriquecerse a cambio de políticas públicas nefastas para los pobres y la clase trabajadora, tal como lo dijo el Papa Francisco, “a la gente la empobrecen para que luego voten por quienes los hundieron en la pobreza”.
 
20 de febrero de 2014.
 
(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

viernes, 18 de enero de 2013

EL ATOMIZADO ESTATUTO DE CONTRATACION ESTATAL.

EL ATOMIZADO ESTATUTO DE CONTRATACION ESTATAL.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

El articulo 150 numeral 25 inciso segundo de la Carta Fundamental, establece que “Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional” y veinte (20) años después de expedirse la ley 80 de 1993, es evidente que no existe un código unificado de la contratación publica, sino una serie de regímenes especiales, que en el fondo a permeabilizado los principios de la función administrativa, facilitando la corrupción en los procesos contractuales.
 
La ley 80 de 1993, es dual, porque en algunos casos se rige por el derecho público y en otros por las disposiciones del derecho privado, es decir, por el derecho civil y comercial, lo cual ha originado que en la actualidad existan alrededor de 143 normas sin técnica jurídica que asegure la transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, al momento de escoger el futuro contratista, pues cada cual lo interpreta a su manera riñendo con los principios generales del derecho y la autonomía de la voluntad, pilares fundamentales de la contratación publica.
 
Con las ciento cuarenta y tres normas, veinte ámbitos especiales y los regímenes de excepción aplicados a los procesos contractuales, es evidente que no existe un estatuto único de contratación, sino que esta atomizado, propiciando el desorden y la acomodación a los intereses particulares de los ordenadores del gasto y el enriquecimiento ilícito, como lo propicia el famoso decreto 777 de 1992, que a través de los famosos “aportes” que hacen las entidades sin ánimo de lucro, omiten todo el proceso de selección del contratista, y lo contratan directamente, violando los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.
 
Como esta atomizado encontramos procedimientos y normas especiales para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Empresas de Servicios Públicos domiciliarios y todo el régimen de excepción, que creo la misma ley 80 de 1993, para los empréstitos y la cooperación internacional; la actividad bancaria y aseguradora; procedimientos en la comunicaciones; la explotación de recursos naturales renovables y no renovables; procedimientos para las servidumbres contemplados en los artículos 108 al 113 del anterior estatuto de contratación o decreto 222 de 1983; los contratos que realiza el ICBF, a través de la ley 7 de 1979; lo concerniente a los contratos de ciencia y tecnología, contemplados en la ley 29 de 1990, el régimen especial para el Banco de la Republica; la ley 30 de 1993, sobre educación superior y el decreto 777 de 1992, que es en la actualidad el que más utilizan los ordenadores del gasto, para obviar el proceso de selección y favorecer interese personales.
 
Sumado a lo anterior, la expedición del estatuto anticorrupción o ley 1474 de 2012; el decreto 019 de 2012 o ley anti tramites; el famoso régimen general de la contratación publica previsto en los artículos 14, 15, 16 y 20 de la ley 1150 de 2007 y la ley 1508 de 2012, sobre la privatización de la contratación estatal, a través de la figura de Asociaciones Publicas Privadas, APP, corrobora mi tesis que no existe un estatuto único de contratación estatal. Coletilla. En la próxima entrega, las maromas del decreto 777 de 1992.

12 de Enero de 2013.

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a
ASOPEMET.

lunes, 1 de octubre de 2012

FALLA EN EL SERVICIO POR CALLES O VIAS EN MAL ESTADO


FALLA EN EL SERVICIO POR CALLES O VIAS EN MAL ESTADO.

Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

 
En reiterada sentencias del Consejo de Estado, ha manifestado que el Estado es responsable extracontractualmente por fallas en el servicio, cuando calles, vías, carreteras se encuentren en mal estado, lo mismo la falta de señalización vial sobre estas o porque estas tienen huecos, alcantarillas sin tapas, arboles, postes o cables caídos, lo mismo que obras en construcción del Estado, sin señales preventivas para peatones, motociclistas o conductores de vehículos.  

Haciendo un recorderis entre el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual, se diferencia porque en la primera existe un vínculo jurídico previo entre las partes intervinientes, mientras que en la responsabilidad extracontractual, nace de un daño producido a otra persona sin que exista una relación jurídica convenida o contrato entre el autor del daño (Estado) y el perjudicado (peatón, motociclista o conductor del vehículo siniestrado) y la falla en el servicio, es cuando el Estado en su obligación constitucional y legal, incumple u omite un deber legal, como es mantener en optimo estado, la señalización vial, la seguridad del espacio publico o vías.

Si el Estado, llámese Nación, Departamento, Distrito, Municipio o entidad descentralizada de cualquier orden, sino moderniza o mantiene en buen estado las calles y carreteras, será mucha la plata que tenga que desembolsar  para pagar los daños y perjuicios a conductores, peatones y motociclistas involucrados en un accidente  de transito.

El alto Tribunal, ha reiterado que accidentes por vías en mal estado o con deficiencias en su señalización, se considera como una falla en el servicio y deberá reparar los daños antijurídicos a los afectados, además, dicha responsabilidad también recaerá si se genera un daño físico a usted o a su vehículo.

Son tan contundentes los fallos del Consejo de Estado, que un conductor en estado de embriaguez siniestrado, también puede exigir una indemnización cuando sufra un accidente, pues en este caso no se exime de responsabilidad al Estado de brindar todas las condiciones de seguridad vial tanto en el área urbana como rural.

Se infiere que todo lo que implique una falla en el servicio y  ocasione un daño a un bien o persona natural en un accidente de transito y si se comprueba que el Estado no cumplió con su obligación de mantener las vías, calles, carreteras en buen estado o que hay deficiencias en la señalización vial, deberá reparar estos daños antijurídicos.

Pero, ¿Qué hacer si sufrimos un accidente o muere un familiar en un accidente de transito? Si usted o un familiar suyo es víctima de un accidente de tránsito por culpa del deterioro de una vía o falta de señalización vial, siga los siguientes pasos:

1.    Tome fotos del accidente y registre pormenorizadamente, si hay huecos, falta señalización y todo los factores que hayan incidido en el accidente de transito. Si puede también filme la escena del hecho.

2.    Consiga inmediatamente testigos, con sus nombres y apellidos, numero de cedula, dirección y teléfono, que puedan dar testimonio de los hechos.

3.    Solicite copia del informe de la Policía, acompañada del plano o croquis del accidente, en el cual informe todos los detalles.

4.    Solicite copia a la Fiscalía Seccional del levantamiento del cadáver o a la Fiscalía Local, si hubo heridos.

5.    Solicite copia del dictamen de medicina legal por fallecimiento de una persona o por lesiones corporales.

Una vez que usted tenga estos datos o documentos proceda de la siguiente manera:

 
1.    Solicitar la conciliación prejudicial, estimando el monto del daño antijurídico causado y ésta se deberá solicitar a través de abogado, pactándose unos honorarios del 10% del monto o valor a reclamar. Cualquier duda sobre este tema recurra a la Personería Municipal o Defensoría del  Pueblo, quienes lo asesoran sobre este mecanismo jurídico o que procedimientos jurídicos debe surtir.

2.    En caso de no conciliarse, se deberá impetrar la correspondiente acción judicial o medio de control por reparación directa ante el Juez contencioso administrativo. Para recurrir a este medio, deberá hacerlo a través de un abogado, con quien se podrá pactar unos honorarios entre el 20% o 30%. Recuerde que usted dispones de dos (2) años para interponer la correspondiente demanda por este hecho.

Estos procesos son 100% probatorios; por lo tanto, si toma fotos e incluye otros registros como planos, y demás documentos probatorios que den cuenta del accidente que sufrió, tiene más probabilidades de ganar.
¿Quién responde? Lo primero que hay que indagar es si la responsabilidad es de la nación, departamento o municipio, es decir, determinar si la vía es nacional, departamental o municipal; De todas maneras tenga en cuenta lo siguiente:  

1.    Si el siniestro ocurre por deterioro de la vía o mala señalización en una vía concesionada, a la primera instancia que hay que recurrir es a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quien a su vez deberá notificar a la concesionaria sobre el hecho y la exhorte a asumir la responsabilidad.

2.    Si es una carretera nacional, el que debe asumir dicha responsabilidad es el  INVÍAS.

3.    Si es una carretera veredal, la responsabilidad la debe asumir el municipio o Alcaldía respectiva.

4.    Si una persona cae en una alcantarilla destapada o el accidente fue urbano, la responsabilidad es del municipio donde ocurrió el accidente; también responde el Estado o municipio, por lesiones o muerte de peatones, por caída de arboles y postes, por cables con electricidad y en fin todo lo que implique trampas para las personas.

Recuerde, por mandato constitucional las autoridades de la republica, están instituidas para proteger  la vida, honra y bienes de todas las personas y que si usted sufre un daño o perjuicio, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Arts. 2 y 90 de la Constitución Política de Colombia.

 

28 de septiembre de 2012.

 

 

(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.

 

 

victorjuliogarciarodriguez.blogspot.com

 

 

 

lunes, 20 de agosto de 2012

CONFLICTO DE INTERESES DE RIVERA Y ZULUAGA


CONFLICTO DE INTERESES DE RIVERA Y ZULUAGA.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)


En el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de la ciudad de Villavicencio, se encuentra radicada una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, (Hoy medios de control), N° 50001333100320090011000, impetrada por el ciudadano JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, el “Alcalde en cuerpo ajeno”, alias de “Juan sin Miedo”, identificado con la cedula de ciudanía 17.345.097, que pretende que se declare nulo un acto, mediante el cual el Concejo y la Alcaldía, le negó el reconocimiento y pago de unos honorarios en su condición de Concejal de esta ciudad, por una presunta inasistencia sin justicacion alguna, a unas Sesiones del Concejo Municipal.    

Como no fue posible el pago de dichos honorarios por vía gubernativa, “Juan sin Miedo”, interpone la correspondiente acción, solicitando el pago de los honorarios, las indexaciones y el daño moral, que sufrió, con la decisión de la administración municipal de negarle el pago de estos honorarios y dentro de la actuación procesal el 18 de abril del presente año, el expediente ingreso al Despacho del Juez Administrativo, para sentencia.

La otra acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue interpuesta por el actual alcalde de Villavicencio, FERNANDO RIVERA SARAZA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.413.149 de Acacias, proceso N° 50001333100420060007100, radicado en el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión, en el cual pretende que se declare nulo el acto administrativo, de la Contraloría Municipal, mediante el cual fue sancionado fiscalmente por detrimento patrimonial cuando se desempeño como Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de este municipio, al celebrar un contrato millonario con una agencia de publicidad, que mediante publicidad engañosa, al parecer quería  privatizar la EAAAV y de paso ser su principal socio.

Es evidente como este par de personajes, han incurrido en una conducta dolosa, atentatorios contra el ordenamiento jurídico, la moral y la ética publica, pues desde sus cargos, están incurriendo en un conflicto de intereses y una incompatibilidad, al pretender sacar provecho para si mismo a nombre de un tercero, sin que al momento de su posesión los referidos Alcaldes, hayan manifestado su impedimento, dejando constancia por escrito al momento de su posesión, que estaban incursos en conflicto de intereses.

Según la definición doctrinaria, el conflicto de intereses se presenta “cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En este caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido”, concepto este que quedo taxativamente plasmado en el articulo 40 del Código Disciplinario Único.

Dentro de la gama de funciones del Alcalde, el articulo 29 de la ley 1551 de 2012, expresa: “d) En relación con la Administración Municipal: 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente” y para complementar este precepto, el articulo 30 del anterior Código Contencioso Administrativo, expresa que “los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicaran , además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil”, y mas adelante el referido articulo literalmente manifiesta: “el funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestara el impedimento por escrito motivado y entregara el expediente a su inmediato superior o la procurador regional si lo tuviere”.

Según lo anterior, el Alcalde “Juan Sin Miedo”, al momento de tomar posesión y firmar la respectiva acta, debió manifestar su conflicto de intereses, y a los cinco días (5) de estar en el ejercicio del cargo, debió mediante escrito motivado, solicitar al Procurador Regional, la designación de un Alcalde ad-hoc, que para el caso que nos asiste, el Procurador, debió designarse como funcionario para este asunto, al Alcalde de Restrepo, por ser el municipio mas cercano a Villavicencio; pero esto no se hizo porque el Alcalde en “cuerpo ajeno”, no puso en conocimiento su conflicto de intereses al Procurador, ni lo hizo al momento de su posesión, razón mas que suficiente para catalogar la conducta de “Juan Sin Miedo”, como falta gravísima a titulo de dolo, por estar incurso en una incompatibilidad, prevista en el articulo 96 numeral 4 de la ley 136 de 1994, concordante con el articulo 38 de la ley 617 de 200, que enuncia: “Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito o sus entidades descentralizadas”.

Es clara, evidente y flagrante, la violación al ordenamiento legal por incompatibilidad en el ejercicio del cargo, por parte de JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA, quien no manifestó su impedimento o conflicto de intereses, razón suficiente para iniciarle investigación disciplinaria por violación al régimen de incompatibilidades y atentar contra la moral y ética publica, es decir, Juan Sin Miedo, a incurrido en acto de corrupción y de inmoralidad, practicas que él tanto pregono erradicar.  

COLETILLA. A través de mi articulo periodístico titulado “Luz Victoria Leal, si esta inhabilitada”, del 15 de julio de 2012, manifesté que esta funcionaria si estaba inhabilitada y  que los 19 concejales, también lo estaban, razón por la cual se deberían ir destituido; es mas, de antemano, vaticino, que el fallo en segunda instancia, también será desfavorable para los investigados.

Con respecto al leguleyo EDGAR ARDILA BARBOSA, volvió perder conmigo, lo cual evidencia su incapacidad jurídica para leer, interpretar y analizar lo escrito. La primera fue con el caso de HERNAN GOMEZ NIÑO, cuando dije que estaba inhabilitado y me trató públicamente de leguleyo y la segunda con el caso de LUZ VICTORIA.

Que desastre, este abogado, es un mediocre en jornada continua, es un verdadero leguleyo.

 Los artículos en referencia, lo pueden consultar en:


http://adefesiosjuridicos.blogspot.com/


16 de agosto de 2012.





(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.




domingo, 15 de julio de 2012

LUZ VICTORIA LEAL, SI ESTA INHABILITADA


LUZ VICTORIA LEAL, SI ESTA INHABILITADA.

Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)

El 26 de julio de 2005, mediante fallo de primera instancia declaró fiscalmente responsable a la Dra. LUZ VICTORIA LEAL CARRILLO, obligándola a pagar la suma de $ 50.936.090, por detrimento patrimonial, fallo que fue confirmado posteriormente por la resolución 582 del 8 de septiembre de 2006, sanción esta que la responsable fiscalmente se comprometió a pagar en cuotas, compromiso que no cumplió y en octubre de 2008, decide suspender los pago, cuando aun tenia una deuda superior a los 30 millones de pesos. 

Una vez electo el Alcalde nominal, JUAN GUILLERMO ZULUAGA, (el Alcalde real, es FERNANDO RIVERA SARAZA), Luz Victoria, el 04 de noviembre de 2011, paga de un solo contado el saldo pendiente a la fecha, pues sabia de antemano que tenia todo a su favor, que seria ternada y elegida, para defender los intereses económicos y financieros del municipio, que años atrás le había causado detrimento patrimonial; algo similar como poner al sádico Garavito, de institutriz o a dictar educación sexual, en un colegio, es decir, sus electores atentaron contra la moral publica y los principios de la función administrativa, previstos en el articulo 209 de la Carta Política.

Lo insólito, es que la actual Contralora, presentó su hoja de vida al Tribunal Administrativo, para someterse a la convocatoria para la elección de Contralora Municipal, y allí, se omitió recibir el Certificado de antecedentes fiscales, que exige el Acuerdo 002 del 29 de abril de 1997 y acepta un oficio, en el cual la señora Luz Victoria, manifiesta que no tiene inhabilidad alguna, incurriendo en una presunta falsedad en documento y consecuentemente en falsedad ideológica, pues al tenor del articulo 38 N° 4 parágrafo 1, la aspirante esta inhabilitada.

Pero no solo incurrió en falsedad, sino también en CONFLICTO DE INTERESES, pues la Dra. Leal Carrillo, el 15 de diciembre de 2006, interpuso  acción de nulidad y  restablecimiento del derecho, contra la misma Contraloría, que ella iba a dirigir, es decir se constituyó en juez y parte, impedimento este que no puso  en conocimiento ante el Concejo Municipal al momento de su elección, pero que hizo después una vez fue acusada ante el Ministerio Publico, conducta dolosa suficiente también para ser sancionada disciplinaria y penalmente.

La Contralora si esta inhabilitada, al tenor del artículo 38 del Código Único Disciplinario, que literalmente dice: &$OTRAS INHABILIDADES. “También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Resaltado mio).
Al analizar el artículo en comento, por interpretación gramatical y sentido de las palabras, es evidente, contundente, que LUZ VICTORIA LEAL, estaba inhabilitada para ejercer el cargo de Contralora Municipal, y que el argumento esgrimido por sus abogados defensores, no tienen validez jurídica, en el sentido que una vez se pague la sanción desaparece la inhabilidad, pues pasaron mas cinco (5) años, para que la afectada se pusiera a paz y salvo, en consecuencia tiene una inhabilidad vigente, hasta el 08 de septiembre de 2016. Si hubiera pagado dentro de los primeros cinco años, no tendría este problema; con el pago automáticamente hubiera desaparecido este impedimento.
Refuerza lo anterior, la sentencia de constitucionalidad 077 de 2007, que en unos de sus apartes expresa: “No existen entonces razones para sostener ahora que los cargos formulados contra la norma acusada viola la exigencia de la unidad de materia por el hecho de haber consagrado una inhabilidad relacionada con la responsabilidad fiscal, pues, como también lo sostuvo el concepto del Ministerio Público, ella tiene la finalidad de señalar que su desconocimiento también constituye falta disciplinaria.

Tampoco viola dicho principio la contemplación de la cesación de la misma inhabilidad por pago o por exclusión del boletín de responsables fiscales por parte de la Contraloría General de la República, pues la norma está desarrollando el tema de la "otra inhabilidad", la proveniente de la declaratoria de responsabilidad fiscal, y no fue el Código Disciplinario Único el que estableció la competencia de las Contralorías para incluir a los responsables ante ellas en el boletín. Solamente está haciendo referencia a dicha responsabilidad fiscal, que si es materia de órganos de control distintos a los disciplinarios para servidores públicos, en cuanto la inhabilidad que de ella se deriva va a representar un obstáculo más para ingresar a ejercer un cargo público.

Los términos de duración de la inhabilidad se incluyen para efectos exclusivamente disciplinarios, no para las competencias propias de las autoridades del control fiscal, quienes a su vez cuentan con su propio instrumento jurídico para regular dicha materia, como es, entre otras, la Ley 610 de 2000. En consecuencia las facultades establecidas en la Carta Política en sus artículos 267 o 268 y subsiguientes para la Contraloría General o para las contralorías departamentales siguen incólumes con la expedición de la Ley 734 de 2002, sin que esté posibilitando la invasión de competencias por parte de las autoridades titulares de la acción disciplinaria, ni atentando contra la separabilidad de los órganos de control del Estado que dispone el artículo 113 superior”.

Con respecto a los 19 Concejales, también deben responder por su conducta gravísima, a titulo de dolo, pues era un hecho notorio, que la candidata, estaba inhabilitada, pues los medios de información lo hicieron públicamente, además, la ignorancia de la ley no los exime de responsabilidad, ya que como miembros de Corporación Publica, deben actuar defendiendo los intereses del pueblo y actuar consultando la justicia y el bien común. Arts. 9 C.C., art. 177 C.P.C., y 133 de Constitución Política.

Los Concejales, son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento probo, de sus funciones y debieron actuar con plena autonomía, conciencia, conocimiento, respetando el debido proceso, pues no se justifica como ocho (8) Concejales, que inicialmente votaron a favor de escuchar  los tres candidatos para Contralor, resultaron aliados con los restantes once (11) Concejales, para no escuchar por 10 minutos los candidatos, como lo determina el Acta 004 de 2012, donde se estableció el procedimiento a seguir, para elegir el Contralor Municipal; acto administrativo que los Concejales suscribieron y que no cumplieron.

Era vox populi, un hecho notorio, que Luz Victoria, estaba inhabilitada y no es argumento valido por parte de los Concejales, que actuaron de “buen fe”, pues el hecho de no convocar y escuchar los dos restantes candidatos, evidencia que  su actuación fue amañada, sesgada, actuaron de mala fe y ante los rumores de la inhabilidad, que circulaba por los medios de información, era su deber hacer las consultas pertinentes, pero no lo hicieron, lo cual evidencia su conducta dolosa, actuación esta que les acarrearía destitución del cargo, como le ha sucedido a otros Concejales  del país. El espíritu de la sentencia C-1093 de 2004, es contundente.

COLETILLA. Manifiesto a mis lectores, que no utilizo panfletos o correos electrónicos con otros nombres, para criticar o decir la verdad; siempre lo digo o escribo de frente, pase lo que pase.

15 de julio de 2012.



(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.




lunes, 11 de junio de 2012

OTRA FORMA DE PRIVATIZACION

OTRA FORMA DE PRIVATIZACION.

Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)


Con la reciente promulgación de la ley 1508 de 2012, que versa sobre las asociaciones publicas privadas, se pretende que capital privado suministre al Estado bienes y servicios, que éste ha sido incapaz de proveer por múltiples factores que van desde la corrupción, situación económica y social, negligencia en la gestión publica, deficiencias en el actual sistema de concesiones, que ha favorecido mas los intereses privados, hasta la falta de recursos financieros, tecnología y la voluntad política de contribuir al desarrollo económico y social del país.

 Con las Asociaciones Público Privadas, el Estado vincula capital privado materializado a través de un contrato, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que van desde la construcción de mega obras como carreteras, vías férreas, cárceles, colegios, clínicas y toda la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

Conforme al equilibrio contractual, los inversionistas tendrán derecho a una contraprestación económica por la obra o servicio que presta y que lógicamente saldrá del bolsillo de cada colombiano, que tendrá que pagar a través de peajes, tasas, por el servicio que utiliza, ya que al Estado solo le esta permitido hacer un desembolso máximo del 20% y el restante 80% corresponde al usuario; de todas maneras los proyectos tendrán un limite de 30 años incluidos las prorrogas y las adicciones de recursos públicos.
La idea de las asociaciones publicas privadas proviene del modelo neoliberal, concretamente del corte privatizador de servicios públicos, el cual permite la inversión de monopolios extranjeros conforme a las expectativas del TLC, la internacionalización de la economía y de la globalización, es decir, es entregar la contratación publica a  poderosos inversionistas, que sacaran jugosas ganancias al capital invertido.

Bajo esta modalidad de contratación, se tiene previsto el dragado del Río Meta, la construcción del ferrocarril de los llanos, la construcción del metro para Bogotá y otras obras de impacto internacional.



09 de junio de 2012.





(*) Administrador Publico, especialista en Derecho Público, periodista afiliado a ASOPEMET.