martes, 5 de mayo de 2020
lunes, 4 de mayo de 2020
jueves, 3 de octubre de 2019
LA LUCHA DE LOS CARTELES EN EL META
LA LUCHA DE LOS CARTELES EN EL META.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)
A inicios del presente año, en un centro comercial del norte de la ciudad de Bogotá, estaba mirando vitrinas, cuando una voz de llanero recio me grita a mis espaldas: “hola doctor García”, volteo a ver quién me llamaba y mi sorpresa fue grande porque me encontré con un amigo de Villavicencio, que hacía varios años no veía y que había sido compañero de estudios universitarios.
El encuentro fue con un liberal, de esos liberales de dientes para afuera que se ponen camisa roja e idolatran a Uribe y traspiran odios, rencores y venganzas, y después del saludo efusivo y la recocha del caso, nos dirigimos a una cafetería a tomar capuchino para hablar lo que sabemos, y el tema político.
Me preguntó que en mi concepto quien podría ser el nuevo gobernador; “pregunta bien difícil de responder porque aún no se han definido quien será el candidato de la maquinaria”, le respondí. “Doctor, esta vez, la maquinaria no le va a funcionar a las ratas de la gobernación, pongan el candidato que sea”, me contesto el idolatra de Uribe. Lo mire perplejo y le pregunte: ¿Por qué?
Me dirigió una mirada con aires triunfalista, se tomó un sorbo de café que ya estaba tibio miro su reloj y me respondió: “Vamos a tener gobernador del Centro Democrático”. “Ya se sabe que el candidato del uribismo, en el Meta, será Hernán Gómez, el camaleón”, atiné a responder.
Entre carcajadas, me dijo “que había una pelea interna entre Jenifer y el camaleón y lo más probable es que Uribe no le va a dar el aval, porque confía más en la palabra de una mujer que no en Hernán, porque tiene un rabo de paja bien arrecho, por unos actos de corrupción, en el cual estaba involucrado cuando estuvo laborando en el Vichada”.
Se tomo otro sorbo de tinto y me dijo: “el próximo gobernador del Meta será Nohora Tovar, y si quiere anote en su agenda la hora y fecha en que le estoy diciendo estas proféticas palabras”.
Plop quedé como condorito y por unos segundos me quedé reflexionando sobre lo que me había dicho, y después de este letargo le dije: “no creo porque según lo que se comenta, al parecer Juan Guillermo Zuluaga, va ser el candidato de Marcela y su combo y con la manada de desempleados y muertos de hambre que hay en Villavicencio, lo más probable es que sea el ganador”, le replique.
“Parientico, aterrice, póngale lógica al asunto, Juan sin miedo, tiene una cantidad de procesos penales por corrupción y varias quejas ante la Procuraduría y antes de las elecciones de octubre, estará inhabilitado y los otros candidatos a la gobernación, se unirán a Nohora, y usted sabe que el dinero y el poder mandan”.
No tuve argumentos para refutarle lo que me decía mi interlocutor, lo único que le dije fue “que para eso era el poder, y que los fallos judiciales o disciplinarios no eran en derecho, sino fallos políticos”.
Si señor así es y “ahora como tenemos poder todo es más fácil”, concluyo mi interlocutor y después de hablar de otros temas de política con un fuerte abrazo nos despedimos y me volvió a recordar: “el Meta tendrá gobernador uribista y será Nohora Tovar” y sin más preámbulo nos despedimos.
No le di importancia a lo que me había vaticinado aquella mañana, un viejo amigo y hoy toman mucha fuerza, por la situación que está viviendo Zuluaga, porque la primera pregunta que me surge es: ¿Por qué después de seis años de investigación, sale la noticia de la suspensión e inhabilidad especial para Zuluaga? ¿estará los uribistas haciendo lobby para este fallo? ¿Por qué este abogado sabía de antemano que, a Zuluaga, lo iban a sancionar?
Personalmente considero que Juan sin miedo, ya debería estar destituido, por todos los delitos en contra de la administración pública que cometió en el ejercicio del cargo de alcalde, que no merece ser el gobernador, pero de antemano, se que cuando se tiene dinero y poder, todo se puede torcer, como me lo dijo una vez la esposa un Magistrado de ingrata recordación en el Meta: “las denuncias por corrupción no prosperan cuando hay dinero de por medio o la interferencia de un político poderoso que incida a favor o en contra”.
Ante esta evidente situación y ante los rumores que circulan en sentido que Juan Diego Muñoz, se unirá a Nohora, es evidente que el uribismo quiere tener gobernador, supuestamente para acabar con el cartel de la corrupción en el Meta, pero el remedio será peor que la enfermedad, porque Uribe quiere tener una persona dócil, que no tenga ideas propias, fácil de manipular, para imponer los contratistas y funcionarios de otras partes del país, que defiendan los intereses del gran colombiano, cosa que no podía hacer con Juan sin miedo o con Hernán Gómez.
Aunque veo difícil el triunfo de Nohora, porque el uribismo en Colombia va de culo para el estanco, y en caso que gane, “saldremos de Guatemala para meternos en guatepior”. La mafia de la política es peor que el de la droga.
(Catedrático y periodista independiente)
03 de octubre de 2019
LAS RAZONES PARA NO ELEGIR A ZULUAGA
LAS RAZONES PARA NO ELEGIR A ZULUAGA.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Álvaro Uribe Vélez, le negó el aval por el Centro Democrático a Juan Guillermo Zuluaga, por tres razones: primero, porque Juan sin miedo, tiene más de cinco procesos penales pendientes en la fiscalía, por el plan de ordenamiento territorial, celebración de contratos violando el régimen legal, por sobrecostos en la contratación, pues un producto de mil pesos lo adquiría por diez mil y otros tantos en la Procuraduría por los mismo hechos; segundo, por la mala fama que tiene en administrar los recursos públicos, pues de ser un vulgar raspachín, paso a ser un taxista millonario con apartamentos, fincas, pesebreras, socio de empresas a través de terceros y tercero por ser Castrochavista. Al no conseguir la bendición del dios Uribe, se inscribió por el partido liberal, siendo apoyado por varios partidos y por unos chicos malos como Carmelo Pérez, Marcela, Alan Jara, Darío Vásquez, el pato Lucas, Maritza Martínez, el cartel de contratistas y más de cien mil desempleados que hay en el Meta, a los que le están pagando semanalmente, para que porten la camiseta de la campaña, hablen bien del candidato y pongan el pendón o afiche en las casas, del que se jacta decir que es un buen administrador, y eso sin contar con los contratistas de la Gobernación del Meta, a los cuales obligan a diligenciar formularios con un listado de personas, hacer reuniones y a llevar gente a otras reuniones, con la amenaza, que no le será renovado el contrato, en caso de no apoyar el candidato de la maquinaria, ese candidato que dice no tener miedo y me pregunto ¿Miedo para qué? Pero entrando ya en materia disciplinaria, la suspensión e inhabilidad especial por nueve (9) meses, que profirió en primera instancia la Procuraduría, no le impide a Juan sin miedo proseguir con su campaña proselitista y seguir engañando al elector, diciendo que esa sanción no fue por corrupción y que la apelara para demostrar su inocencia, como me lo comunicó vía WhatsApp, cuando le pregunte sobre su inhabilidad y a renglón seguido me contestó: “en nada afecta mi campaña ni se interrumpe y afecta el proceso electoral, porque la decisión en segunda instancia que tomará varios años y que en el caso extremo de llegar a quedar en firme, significaría solamente una sanción pecuniaria”. Conforme a lo expresado por Zuluaga, se desprende varias hipotesis: primero, que esa sanción le vale huevo porque no hubo destitución sino suspensión; segundo, que la suspensión se paga con multa y tercero, que, con su discurso de culebrero, le hará creer a sus electores que él puede ser elegido gobernador porque esa suspensión no le genera inhabilidad y para cuando salga el fallo en segunda instancia, a lo mejor ya no será gobernador. Que bellecera. El código disciplinario único, en su artículo 44-2 y 3 define la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas y para las faltas graves culposas. Por su parte el articulo 45-2 y 46 ibidem, establece que la suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. En lo que respecta a la inhabilidad especial, el artículo 46, establece el límite de las sanciones para la inhabilidad general, que será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente. Ver sentencias de la Corte Constitucional C-1076/02; C-124 de 2003, C-181 de 2002 y la sentencia C-028 de 2006; Concepto del Consejo de Estado 1810 de 2007, entre otros. Con fundamentos en la norma disciplinaria, los argumentos expuestos por Juan sin miedo, no son ciertos, esta engañando al elector, porque la sanción tiene dos componentes: suspensión del cargo y la inhabilidad especial, lo cual significa que en caso que se confirme el fallo de primera instancia, esa suspensión se convierte en multa porque Zuluaga en este momento no ostenta cargo público alguno y la sanción pecuniaria será por el valor de nueve (9) meses de salario que devengaba como alcalde, al momento de los hechos y en lo que respecta a la inhabilidad especial, esta no será conmutada o cambiada por multa porque la misma busca el impedimento o la imposibilidad para ejercer un cargo público o celebrar contratos, que para el caso en comento, será de nueve (9) meses a partir de quedar en firme la suspensión e inhabilidad. Es evidente según la norma, que una vez quede en firme el acto administrativo sancionatorio, Juan con miedo, tendrá que pagar nueve meses de salario y a la vez queda inhabilitado para desempeñar cargo publico por nueve meses también. Es mentira lo que dice Zuluaga, que pagará la multa y podrá ejercer el cargo de gobernador, en caso de salir electo. Estas son las razones para no votar por Zuluaga, porque será un voto muerto, porque en la eventualidad que salga elegido y este posesionado, se va por nueve meses de suspensión, generando caos e incertidumbre política, con la opción que no vuelva al cargo porque los otros procesos penales y disciplinarios fallaran en su contra y siendo así, se tendrá que convocar a nuevas elecciones para la gobernación del Meta. No pierda su voto eligiendo a Zuluaga, porque de antemano, le aseguro que antes del 24 de octubre del año en curso, Zuluaga, sus chicos malos y los empleados y desempleados, estarán llorando esta derrota disciplinaria. Y yo sé porque se lo digo. (*) Profesor universitario del área del Derecho Publico y periodista independiente.
26 de septiembre de 2019
Álvaro Uribe Vélez, le negó el aval por el Centro Democrático a Juan Guillermo Zuluaga, por tres razones: primero, porque Juan sin miedo, tiene más de cinco procesos penales pendientes en la fiscalía, por el plan de ordenamiento territorial, celebración de contratos violando el régimen legal, por sobrecostos en la contratación, pues un producto de mil pesos lo adquiría por diez mil y otros tantos en la Procuraduría por los mismo hechos; segundo, por la mala fama que tiene en administrar los recursos públicos, pues de ser un vulgar raspachín, paso a ser un taxista millonario con apartamentos, fincas, pesebreras, socio de empresas a través de terceros y tercero por ser Castrochavista. Al no conseguir la bendición del dios Uribe, se inscribió por el partido liberal, siendo apoyado por varios partidos y por unos chicos malos como Carmelo Pérez, Marcela, Alan Jara, Darío Vásquez, el pato Lucas, Maritza Martínez, el cartel de contratistas y más de cien mil desempleados que hay en el Meta, a los que le están pagando semanalmente, para que porten la camiseta de la campaña, hablen bien del candidato y pongan el pendón o afiche en las casas, del que se jacta decir que es un buen administrador, y eso sin contar con los contratistas de la Gobernación del Meta, a los cuales obligan a diligenciar formularios con un listado de personas, hacer reuniones y a llevar gente a otras reuniones, con la amenaza, que no le será renovado el contrato, en caso de no apoyar el candidato de la maquinaria, ese candidato que dice no tener miedo y me pregunto ¿Miedo para qué? Pero entrando ya en materia disciplinaria, la suspensión e inhabilidad especial por nueve (9) meses, que profirió en primera instancia la Procuraduría, no le impide a Juan sin miedo proseguir con su campaña proselitista y seguir engañando al elector, diciendo que esa sanción no fue por corrupción y que la apelara para demostrar su inocencia, como me lo comunicó vía WhatsApp, cuando le pregunte sobre su inhabilidad y a renglón seguido me contestó: “en nada afecta mi campaña ni se interrumpe y afecta el proceso electoral, porque la decisión en segunda instancia que tomará varios años y que en el caso extremo de llegar a quedar en firme, significaría solamente una sanción pecuniaria”. Conforme a lo expresado por Zuluaga, se desprende varias hipotesis: primero, que esa sanción le vale huevo porque no hubo destitución sino suspensión; segundo, que la suspensión se paga con multa y tercero, que, con su discurso de culebrero, le hará creer a sus electores que él puede ser elegido gobernador porque esa suspensión no le genera inhabilidad y para cuando salga el fallo en segunda instancia, a lo mejor ya no será gobernador. Que bellecera. El código disciplinario único, en su artículo 44-2 y 3 define la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas y para las faltas graves culposas. Por su parte el articulo 45-2 y 46 ibidem, establece que la suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. En lo que respecta a la inhabilidad especial, el artículo 46, establece el límite de las sanciones para la inhabilidad general, que será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente. Ver sentencias de la Corte Constitucional C-1076/02; C-124 de 2003, C-181 de 2002 y la sentencia C-028 de 2006; Concepto del Consejo de Estado 1810 de 2007, entre otros. Con fundamentos en la norma disciplinaria, los argumentos expuestos por Juan sin miedo, no son ciertos, esta engañando al elector, porque la sanción tiene dos componentes: suspensión del cargo y la inhabilidad especial, lo cual significa que en caso que se confirme el fallo de primera instancia, esa suspensión se convierte en multa porque Zuluaga en este momento no ostenta cargo público alguno y la sanción pecuniaria será por el valor de nueve (9) meses de salario que devengaba como alcalde, al momento de los hechos y en lo que respecta a la inhabilidad especial, esta no será conmutada o cambiada por multa porque la misma busca el impedimento o la imposibilidad para ejercer un cargo público o celebrar contratos, que para el caso en comento, será de nueve (9) meses a partir de quedar en firme la suspensión e inhabilidad. Es evidente según la norma, que una vez quede en firme el acto administrativo sancionatorio, Juan con miedo, tendrá que pagar nueve meses de salario y a la vez queda inhabilitado para desempeñar cargo publico por nueve meses también. Es mentira lo que dice Zuluaga, que pagará la multa y podrá ejercer el cargo de gobernador, en caso de salir electo. Estas son las razones para no votar por Zuluaga, porque será un voto muerto, porque en la eventualidad que salga elegido y este posesionado, se va por nueve meses de suspensión, generando caos e incertidumbre política, con la opción que no vuelva al cargo porque los otros procesos penales y disciplinarios fallaran en su contra y siendo así, se tendrá que convocar a nuevas elecciones para la gobernación del Meta. No pierda su voto eligiendo a Zuluaga, porque de antemano, le aseguro que antes del 24 de octubre del año en curso, Zuluaga, sus chicos malos y los empleados y desempleados, estarán llorando esta derrota disciplinaria. Y yo sé porque se lo digo. (*) Profesor universitario del área del Derecho Publico y periodista independiente.
26 de septiembre de 2019
lunes, 25 de febrero de 2019
EXPROPIACION DEL MINIMO VITAL.
EXPROPIACIÓN DEL MÍNIMO VITAL.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)
El mínimo vital, está consagrado en el numeral 3 del artículo 23 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.
El articulo 25 ibídem, determina que la subsistencia digna, consiste que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”
Por su parte la dignidad humana, está enclavado en el artículo primero de la constitución política de Colombia al establecer que “Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
La dignidad humana como declaración ética pública, tiene el carácter vinculante que obliga a todas las autoridades a través de las políticas públicas establecer las condiciones mínimas que contrarreste la violencia en todas sus formas, la arbitrariedad, la injusticia social y la inequidad, porque la integridad del ser humano constituye la razón de ser, el principio y fin de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, es decir, todo el accionar del Estado debe estar centrado en el hombre, para la solución de sus necesidades.
El mínimo vital como derecho fundamental, está estrechamente ligado al concepto de la dignidad humana, es decir, son sinónimos, con la diferencia es que el primero, se enmarca en un concepto jurídico-económico cuantitativo, mientras el segundo, es cualitativo, es ética pública, pero ambos buscan que las personas vivan en condiciones dignas que le garanticen calidad de vida.
Según los conceptos doctrinarios confrontados con la realidad, evidencia que nuestra constitución es un dechado de buenas intenciones, porque la realidad es otra, ya que el mínimo vital y la dignidad humana, vienen siendo menoscabado por el modelo neoliberal, a través de ese capitalismo salvaje, que ha propiciado la pobreza, el desempleo, la corrupción, el analfabetismo funcional, el crimen organizado para que los ricos sean más rico y los pobres más pobres, ya que el patrimonio del Estado o dominio eminente, está en manos de capitales privados, a través de las privatizaciones, las concesiones y asociaciones publicas privadas, que generan exorbitantes ganancias para los particulares, es decir, esa ganancia que genera la riqueza estatal, que debería ser del Estado para garantizar la efectividad de las políticas sociales, está en manos de los particulares, que se enriquecen en forma geométrica.
Ese capitalismo salvaje, sigue enquistado en nuestro régimen político, y funciona con el temor, el miedo y la amenaza, y ante un pueblo que no lee ni investiga, le resulta fácil manipularlo; para la muestra un botón, en la pasada campaña presidencial al pueblo le infundieron el temor y el miedo que si ganaba Petro la Presidencia, iba a expropiar casas y fincas, cuando en nuestro ordenamiento jurídico, ya existe la expropiación, según las normas que a continuación referencio: artículo 58 de la constitución política, ley 1882 de 2018, el artículo 2018 del Código Civil, el artículo 399 del Código General del Proceso, las leyes 388 de 1997, ley 1682 de 2013, ley 1579 de 2012, ley 1742 de 2014, Ley 1228 de 2008, ley 1776 de 2016 o ley de las ZIDRES, entre otras.
La expropiación del mínimo vital, significa, que las personas más vulnerables económica y socialmente, con sus pírricos ingresos cubren escasamente las necesidades alimentarias y de vivienda, dejándolos sin la mínima posibilidad de ahorrar, tener su carro, hacer turismo, es decir, llevar una vida digna, y no creen que en Colombia le han venido expropiando su dignidad humana, porque tienen el convencimiento que la expropiación es solo para los bienes inmuebles, pero no creen que de tiempo atrás, les han venido expropiando su mínimo vital, ya que cuando se pierde el poder adquisitivo del salario mínimo, se sube los impuestos, se hace recorte a las prestaciones sociales de los trabajadores, se aumenta la jornada laboral diurna, se incrementa la edad y las semanas de cotización para acceder al a pensión de vejez, son algunos de los ejemplos más evidentes, que en nuestro país, se expropia a los pobres, para favorecer a los 200 ricos de este país, y los más irónico, es que algunas personas de los estratos 1, 2 y 3 bajos, se creen burgueses, cuando en realidad es que más del 70%, pagan arriendo, no tienen trabajo estable, viven del gota gota, andan bien vestidos pero aguantando hambre para disimular su pobreza y lo peor de todo, idolatran a sus opresores.
(*) Periodista y profesor universitario de Derecho Público.
25 de febrero de 2019.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)
El mínimo vital, está consagrado en el numeral 3 del artículo 23 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.
El articulo 25 ibídem, determina que la subsistencia digna, consiste que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”
Por su parte la dignidad humana, está enclavado en el artículo primero de la constitución política de Colombia al establecer que “Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
La dignidad humana como declaración ética pública, tiene el carácter vinculante que obliga a todas las autoridades a través de las políticas públicas establecer las condiciones mínimas que contrarreste la violencia en todas sus formas, la arbitrariedad, la injusticia social y la inequidad, porque la integridad del ser humano constituye la razón de ser, el principio y fin de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, es decir, todo el accionar del Estado debe estar centrado en el hombre, para la solución de sus necesidades.
El mínimo vital como derecho fundamental, está estrechamente ligado al concepto de la dignidad humana, es decir, son sinónimos, con la diferencia es que el primero, se enmarca en un concepto jurídico-económico cuantitativo, mientras el segundo, es cualitativo, es ética pública, pero ambos buscan que las personas vivan en condiciones dignas que le garanticen calidad de vida.
Según los conceptos doctrinarios confrontados con la realidad, evidencia que nuestra constitución es un dechado de buenas intenciones, porque la realidad es otra, ya que el mínimo vital y la dignidad humana, vienen siendo menoscabado por el modelo neoliberal, a través de ese capitalismo salvaje, que ha propiciado la pobreza, el desempleo, la corrupción, el analfabetismo funcional, el crimen organizado para que los ricos sean más rico y los pobres más pobres, ya que el patrimonio del Estado o dominio eminente, está en manos de capitales privados, a través de las privatizaciones, las concesiones y asociaciones publicas privadas, que generan exorbitantes ganancias para los particulares, es decir, esa ganancia que genera la riqueza estatal, que debería ser del Estado para garantizar la efectividad de las políticas sociales, está en manos de los particulares, que se enriquecen en forma geométrica.
Ese capitalismo salvaje, sigue enquistado en nuestro régimen político, y funciona con el temor, el miedo y la amenaza, y ante un pueblo que no lee ni investiga, le resulta fácil manipularlo; para la muestra un botón, en la pasada campaña presidencial al pueblo le infundieron el temor y el miedo que si ganaba Petro la Presidencia, iba a expropiar casas y fincas, cuando en nuestro ordenamiento jurídico, ya existe la expropiación, según las normas que a continuación referencio: artículo 58 de la constitución política, ley 1882 de 2018, el artículo 2018 del Código Civil, el artículo 399 del Código General del Proceso, las leyes 388 de 1997, ley 1682 de 2013, ley 1579 de 2012, ley 1742 de 2014, Ley 1228 de 2008, ley 1776 de 2016 o ley de las ZIDRES, entre otras.
La expropiación del mínimo vital, significa, que las personas más vulnerables económica y socialmente, con sus pírricos ingresos cubren escasamente las necesidades alimentarias y de vivienda, dejándolos sin la mínima posibilidad de ahorrar, tener su carro, hacer turismo, es decir, llevar una vida digna, y no creen que en Colombia le han venido expropiando su dignidad humana, porque tienen el convencimiento que la expropiación es solo para los bienes inmuebles, pero no creen que de tiempo atrás, les han venido expropiando su mínimo vital, ya que cuando se pierde el poder adquisitivo del salario mínimo, se sube los impuestos, se hace recorte a las prestaciones sociales de los trabajadores, se aumenta la jornada laboral diurna, se incrementa la edad y las semanas de cotización para acceder al a pensión de vejez, son algunos de los ejemplos más evidentes, que en nuestro país, se expropia a los pobres, para favorecer a los 200 ricos de este país, y los más irónico, es que algunas personas de los estratos 1, 2 y 3 bajos, se creen burgueses, cuando en realidad es que más del 70%, pagan arriendo, no tienen trabajo estable, viven del gota gota, andan bien vestidos pero aguantando hambre para disimular su pobreza y lo peor de todo, idolatran a sus opresores.
(*) Periodista y profesor universitario de Derecho Público.
25 de febrero de 2019.
martes, 28 de agosto de 2018
LO QUE FALTO DECIR SOBRE EL GOBIERNO DE SANTOS.
LO
QUE FALTO DECIR SOBRE EL GOBIERNO DE SANTOS.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*).
En
la posesión Iván Duque, a Ernesto Macías, Presidente del Congreso, le faltó
también decir, que el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, incumplió con su
promesa de no subir impuestos, de incrementar las pensiones conforme al salario
minino; de bajar del 12% al 4% el aporte a salud para los pensionados; de
devolverle a la clase trabajadora su garantías laborales y pensionales perdidas
en el Gobierno de Uribe; de generar más empleo profesional, y mejorar la
prestación del servicio de salud del régimen contributivo y subsidiado; de
brindarle más protección a los líderes asesinados, en fin, fueron muchas cosas
que quedaron pendientes por cumplir según sus dos programa de gobierno.
Pero
así como el Presidente del Congreso destacó todo lo malo del anterior Gobierno,
le falto resaltar lo positivo de la gestión del Gobierno Santos, como el haber
acabado con el conflicto interno que duro más de 50 años y que dejó más de 50
mil muertos y 6 millones de víctimas; de salvar más de 3 mil vidas anualmente
entre civiles y militares; de haber reducido a su mínima expresión los
secuestros, la masacre de policías y militares, personas mutiladas por minas
antipersonas; a Ernesto Macías, le faltó decir, que redujeron los ataques
terroristas a oleoductos, puentes, torres de energía, las masacres con carro
bomba; falto decir que de 1947 ataques de la guerrilla de las Farc, se redujo a
750; de haber logrado eliminar la visa en más 75 países del mundo; que gracias
al proceso de paz, fueron muchos los turistas extranjeros que llegaron al país
generando más ingresos por turismo; también le faltó decir, que el 98% de los
municipios colombianos tienen conexión gratis a internet vía Wifi; que
universalizo el sisben, es decir, que tiene cobertura en todo el país; también
le faltó decir, que más 40 mil estudiantes pobres se han beneficiado con el
programa ser pilo paga; que entrego más de un millón de viviendas en forma
gratis y subsidiada; también al Presidente del Congreso le faltó decir, que
Santos dejó la ley de víctimas y restitución de tierras, que beneficia a
víctimas del conflicto; que dejo el programa PAE, que suministra alimentos a
los niños pobres de colegios públicos; le faltó decir, que se incrementó la
inversión extranjera y las exportaciones entre otros.
A
lo anterior, al Presidente del Congreso también le faltó decir, que Santos,
siendo periodista no fue capaz de defenderse de los ataques que tuvo contra su
Gobierno, como tampoco fue capaz de hacerle frente a las injurias de su mayor
enemigo político, a pesar de tener todos los medios de información y
comunicación a su mano, tampoco supo defenderse ni hacerle frente al fantasma
del Castrochavismo, que le había entregado el país a la guerrilla o que la
situación económica de país fue culpa del proceso de paz; tampoco fue capaz de
informarle al pueblo que la grave situación económica de su Gobierno, se debió
a la crisis del petróleo, a las políticas neoliberales del Fondo Monetario
Internacional y a la corrupción rampante y por no defenderse se ganó a nivel
interno, más del 75% de imagen negativa.
Le
faltó decir, que Santos cometió errores garrafales como el plebiscito, porque
él podía haber realizado el proceso de paz sin este mecanismo de participación
democrática, pues el Presidente de la Republica, como Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, le compete el manejo exclusivo del
orden publico según lo previsto en los artículos 22, 115, 188 y 189 de la
constitución política y por tal motivo el plebiscito era innecesario.
Conclusión,
todos los gobiernos tienen sus cosas buenas y malas, no hay un modelo de
gestión ejemplar, porque lo que es bueno para mí y mis intereses, para otros
puede ser malo, pero lo que si debe quedar claro, como dice el adagio popular, es
que no hay bonito sin su pero, ni feo sin su gracia. Todos tenemos nuestro lado
bueno y malo y eso depende como vemos o analizamos las cosas o situaciones; por
esos hay que ser objetivos y tener un sentido crítico de las cosas para destacar
lo positivo y lo negativo.
Coletilla:
Cuando se decante las pasiones politiqueras, muchos colombianos a futuro
tenemos que reconocer que Juan Manuel Santos, ha sido el mejor Presidente que
ha tenido Colombia.
(*)
Profesor de Derecho Público y periodista.
Agosto 13 de 2018
COLOMBIA UN PAÍS DE CAFRES.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Para las personas que no leen, ni investigan y tragan entero todo lo que le dicen, la frase que “Colombia es un país de cafres”, de “mutilados mentales”, es autoría del filósofo y expresidente de Colombia el maestro Darío Echandía y no del suscrito.
Sobra la explicación de estas frases, pero si usted lee o investiga sobre la vida de Echandía, comprenderá que esas frases recobran validez, para referirme a los resultados obtenidos en la consulta anticorrupción, pues en un país, donde la gente protesta por la corrupción, por los precios, por los impuestos, por el mal servicio de salud, a la hora de la verdad, se convierten en alcahuetes de los corruptos y malandros que desde el poder, han saqueado el erario público; ese dinero que todos pagamos a través de impuestos directos en indirectos y el IVA y que en vez de invertirse para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, van a parar a los bolsillos de estos corruptos.
Si la consulta hubiera obtenido el umbral, todos los electores hubiéramos legislado estableciendo cárcel para los corruptos, extinción de dominio para los funcionarios públicos que no justifiquen su riqueza, para que no se atornillen en el poder y que ningún servidor público pueda devengar más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros.
Pero perdimos esa oportunidad de nosotros mismo de expedir este estatuto anticorrupción, porque a muchos le importa un comino la corrupción o porque muchos le creyeron a lo que dijo Uribe, que no era necesario votar esa consulta porque eso ya estaba en la ley; luego si estaba en la ley, ¿Por qué Duque anuncio que presentaría un proyecto de ley, recogiendo los mandatos de la consulta?
Perdimos la oportunidad de hacernos valer como constituyente primario y si despilfarramos 340 mil millones de pesos que valió la consulta, dinero que hubiera servido para subsanar el déficit fiscal de la Universidad Nacional, que ronda los 80 mil millones de pesos o los problemas financieros de hospitales públicos; eso duele porque ese dinero salió del bolsillo de todos nosotros como impuestos, pero a los cafres, mutilados mentales, corruptos, eso vale huevo, lo importante era que el Castrochavismo, no se fortaleciera.
Colombia está viviendo nuevamente la Patria Boba y seguirá siendo un país de cafres, de ignorantes, por lo tanto no se queje si le van a subir los impuestos, o gravar con el IVA los productos de la canasta familiar, si le van a quitar los subsidios a los servicios públicos, o van a imponerle gravamen a la mesada pensional, tampoco reniegue de la situación económica y social de Colombia, ni porque le presten un mal servicio de salud; lo importante es obedecer lo que diga Uribe.
Coletilla. Por otro lado siento alegría de saber que por lo menos hay más de once millones de electores, que no tragan entero porque leen e investigan y le duele la corrupción, un flagelo que es peor que los grupos al margen de la ley.
28 agosto de 2018
(*) Profesor de Derecho Público y periodista.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Para las personas que no leen, ni investigan y tragan entero todo lo que le dicen, la frase que “Colombia es un país de cafres”, de “mutilados mentales”, es autoría del filósofo y expresidente de Colombia el maestro Darío Echandía y no del suscrito.
Sobra la explicación de estas frases, pero si usted lee o investiga sobre la vida de Echandía, comprenderá que esas frases recobran validez, para referirme a los resultados obtenidos en la consulta anticorrupción, pues en un país, donde la gente protesta por la corrupción, por los precios, por los impuestos, por el mal servicio de salud, a la hora de la verdad, se convierten en alcahuetes de los corruptos y malandros que desde el poder, han saqueado el erario público; ese dinero que todos pagamos a través de impuestos directos en indirectos y el IVA y que en vez de invertirse para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, van a parar a los bolsillos de estos corruptos.
Si la consulta hubiera obtenido el umbral, todos los electores hubiéramos legislado estableciendo cárcel para los corruptos, extinción de dominio para los funcionarios públicos que no justifiquen su riqueza, para que no se atornillen en el poder y que ningún servidor público pueda devengar más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otros.
Pero perdimos esa oportunidad de nosotros mismo de expedir este estatuto anticorrupción, porque a muchos le importa un comino la corrupción o porque muchos le creyeron a lo que dijo Uribe, que no era necesario votar esa consulta porque eso ya estaba en la ley; luego si estaba en la ley, ¿Por qué Duque anuncio que presentaría un proyecto de ley, recogiendo los mandatos de la consulta?
Perdimos la oportunidad de hacernos valer como constituyente primario y si despilfarramos 340 mil millones de pesos que valió la consulta, dinero que hubiera servido para subsanar el déficit fiscal de la Universidad Nacional, que ronda los 80 mil millones de pesos o los problemas financieros de hospitales públicos; eso duele porque ese dinero salió del bolsillo de todos nosotros como impuestos, pero a los cafres, mutilados mentales, corruptos, eso vale huevo, lo importante era que el Castrochavismo, no se fortaleciera.
Colombia está viviendo nuevamente la Patria Boba y seguirá siendo un país de cafres, de ignorantes, por lo tanto no se queje si le van a subir los impuestos, o gravar con el IVA los productos de la canasta familiar, si le van a quitar los subsidios a los servicios públicos, o van a imponerle gravamen a la mesada pensional, tampoco reniegue de la situación económica y social de Colombia, ni porque le presten un mal servicio de salud; lo importante es obedecer lo que diga Uribe.
Coletilla. Por otro lado siento alegría de saber que por lo menos hay más de once millones de electores, que no tragan entero porque leen e investigan y le duele la corrupción, un flagelo que es peor que los grupos al margen de la ley.
28 agosto de 2018
(*) Profesor de Derecho Público y periodista.
jueves, 31 de mayo de 2018
VOTO EN BLANCO SIN EFECTO JURIDICO.
VOTO
EN BLANCO SIN EFECTO JURÍDICO.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
El
inciso final del articulo 258 de la Constitución Política, establece que “deberá repetirse por una sola vez la votación
para elegir miembros de una Corporación Publica, Gobernador, Alcalde o la primera
vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los
votos los votos en blanco constituyan la mayoría”.
De
lo anterior se infiere que en segunda vuelta en las elecciones presidenciales,
previstas para el 17 de junio del presente año, no tendrán ningún efecto jurídico,
si el voto en blanco obtiene el 51% o más de los votos válidos y si Duque o
Petro, obtiene el 49% o menor a esta cifra, simplemente gana el que obtenga la
mayor votación entre los dos candidatos, ya que en segunda vuelta, así gane el
voto en blanco, este no tendrá efecto político o jurídico y gana el que obtenga
el mayor guarismo, entre los dos candidatos.
De
otra parte, el Presidente Santos, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, estableció
el equilibrio de poderes y reajuste institucional al modificar el artículo 112
constitucional que determina “el
candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido
en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal
a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante
el período de la correspondiente corporación”.
De
acuerdo a lo anterior, Duque o Petro y su fórmula vicepresidencial, en caso de
perder la elección presidencial en segunda vuelta, tendrá derecho a ocupar una
curul en el Senado y Cámara de Representantes, respectivamente y en la
elecciones territoriales, el que ocupe el segundo lugar en votación para Gobernación
y Alcaldía, también tendrá derecho a ocupar una curul en la Asamblea Departamental
y en el Concejo Distrital o Municipal.
En
lo que respecta a la reelección presidencial, el Acto Legislativo 02 de 2015,
modifica sustancialmente el artículo 197 de la Constitución Política, al
establecer: “No podrá ser elegido
Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido
la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha
ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el
cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada
mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.
De
esta manera se acaba la corrupción en el seno del Congreso a través de la
famosa mermelada, ya que solo se podrá establecer la reelección presidencial, por
medio del Constituyente Primario o el pueblo a través del referendo aprobatorio
o Asamblea Nacional Constituyente, dejando a los legisladores sujetos a lo que
diga el pueblo.
Coletilla.
Con la decisión de Sergio Fajardo, y demás integrantes de Coalición Colombia,
de promover el voto en blanco, al declararse abiertamente anti Uribistas y anti
Petristas, deja abierta la puerta, para que para que sigan gobernando los mismos
con las mismas y siga imperando la inequidad social, la miseria, desempleo, la
mala prestación del servicio de salud y los robos al erario público.
Mientras
los de la izquierda están más abiertos que las yucas, los de derecha se pelean
como niños pequeños, se mientan la madre, se sacan los cueros al sol, pero siempre
han sido muy unidos al momento de seguir gobernando a un pueblo, que solo elige
por emociones, afectos o pasiones, sin medir consecuencias.
Mayo 31 de 2018
(*)
Profesor de Derecho Público y periodista independiente.
jueves, 24 de mayo de 2018
SANTOS Y URIBE NUEVAMENTE AMANGUALADOS.
SANTOS Y URIBE NUEVAMENTE AMANGUALADOS.
Por: Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Mientras tanto el pueblo ignorante, seguirá idolatrando bandidos o defendiendo causas sin fundamento sin saber que Santos y Uribe, son socios de negocios, son parceros y que están unidos por el mismo cordón umbilical del poder y corrupción, que durante 16 años han gobernado este país. De algo ha servido la polarización, el miedo, la ignorancia del elector, pues entre más dividido esté el pueblo, será presa fácil para seguir manipulándolo y haciéndole creer, cosas que no son ciertas.
Espero ahora si entienda porque voy a votar por Petro, porque leo, investigo, estudio, he viajado por varias partes del territorio conociendo más de cerca la realidad económica y social del país; ha y lo más importante, porque no trago entero.
COLETILLA. Ante una eventual segunda vuelta entre Vargas Lleras y Duque, votaré por Vargas Lleras, por su condición de estadista, experiencia y conocimiento en los asuntos del Estado y porque de antemano, sé que no se va a dejar manipular de Uribe.
Mayo 20 de 2018
Petro puede llenar plazas públicas, ir de segundo en las amañadas encuestas realizadas por las encuestadoras del bloque económico que siempre pone Presidente de la Republica, pero las posibilidades que Petro llegue a la presidencia son mínimas debido a un sistema electoral corrupto, pues aparte de aguantar la propaganda sucia que le ha impuesto el uribismo en redes sociales, como ser un aliado del Castrochavismo, de ser un potentado porque tiene una casa en Chía y que usa zapatos Ferragamo de un millón de pesos, de ser ateo, mientras que Uribe, tiene una finca de más de doscientas mil hectáreas en Córdoba, sin mencionar otras propiedades que tiene en todo el país y de poseer más de 100 caballos de paso avaluados en más de un millón de dólares.
Eso no cuenta, lo importante es que no gane Petro, porque va convertir a Colombia en otra Venezuela, y gracias a los miles de borregos, que no leen, investigan, estudian o que les importa un comino las situación económica y social del país, vamos a seguir siendo gobernados por los mismos corruptos de siempre.
No voy a revelar fuentes de información porque no estoy obligado, pero los que si les puedo asegurar es que Santos y Uribe, se han reunido en secreto para analizar el fenómeno político llamado Petro, al cual le robaran las elecciones y si lo dejan llegar a la segunda vuelta, Santos y Uribe están amangualados para apoyarse mutuamente y al candidato de la derecha que gane en la primera vuelta, que al parecer va ser Vargas Lleras, que según mis cuentas tiene más de cinco millones de votos entre los Partidos de la U, Cambio Radical, y disidencias de los Conservadores, liberales y grupos religiosos y lógicamente con la ayudita de los hacker, los mismos que le ayudaron a Santos a ganar la Presidencia, frente a Mockus y Zuluaga. Una segunda vuelta entre Petro y Vargas Lleras o entre Vargas Lleras y Duque, la mermelada se impondrá.
Mientras tanto el pueblo ignorante, seguirá idolatrando bandidos o defendiendo causas sin fundamento sin saber que Santos y Uribe, son socios de negocios, son parceros y que están unidos por el mismo cordón umbilical del poder y corrupción, que durante 16 años han gobernado este país. De algo ha servido la polarización, el miedo, la ignorancia del elector, pues entre más dividido esté el pueblo, será presa fácil para seguir manipulándolo y haciéndole creer, cosas que no son ciertas.
Por todo esto mi voto será por Petro, el único que ha denunciado la corrupción, pues gracias a él, se descubrieron las bellaquerías del Gobierno de Uribe, como los falsos positivos, el robo de agro ingreso seguro, la chuzadas del DAS, como para citar algunos ejemplos.
Como liberal progresista que soy, votaré por Petro, porque no se robó Telecom, el Seguro Social, Reficar, Invercolsa, ni le expropio las casas a los usuarios del UPAC, como tampoco le quito la mesada 14 a los pensionados, horas extras a los trabajadores, mucho menos incremento la edad de pensión y las semanas de cotización para salvar al sistema financiero.
Espero ahora si entienda porque voy a votar por Petro, porque leo, investigo, estudio, he viajado por varias partes del territorio conociendo más de cerca la realidad económica y social del país; ha y lo más importante, porque no trago entero.
COLETILLA. Ante una eventual segunda vuelta entre Vargas Lleras y Duque, votaré por Vargas Lleras, por su condición de estadista, experiencia y conocimiento en los asuntos del Estado y porque de antemano, sé que no se va a dejar manipular de Uribe.
(*) Profesor de Derecho Público y periodista.
Mayo 20 de 2018
viernes, 11 de mayo de 2018
INTELECTUALES DISFUNCIONALES: CASTROURIBISMO
INTELECTUALES
DISFUNCIONALES: CASTRO-URIBISMO.
Por:
Víctor Julio García Rodríguez. (*)
Cuando
el Presidente Santos firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, el
Senador Álvaro Uribe, salió con una frase de cajón que se convirtió en una idea
o doctrina política en el vulgo, en el sentido que “Santos le entrego el país a
la guerrilla y que nos avecinábamos a un Castrochavismo”.
Hoy
podemos comprobar que Santos no le entregó el país a la guerrilla, mucho menos
que el Castrochavismo o las Farc, asumieran
el poder, quedando por el suelo los engaños y el miedo que le infundio Uribe, a
la gleba ignota.
Esa frase de
Castrochavismo, la siguen repitiendo a diario las personas que no leen, estudian
o investigan porque esa idea ya hace parte de su subconsciente, es decir, el
individuo se convierte en alguien ajeno a su manera de discernir, es manipulado
para que pierda el control sobre sí y se comporte siguiendo a su ídolo, así
estos engaños estén en contra de la misma lógica, condición o naturaleza de las
cosas; todo esto se llama alienar.
Una vez alienada la
persona, es fácil alinearla, algo así como ubicarlas una tras otra siguiendo
una tendencia, doctrina u orden, cumpliendo y respetando, lo que le impone el
líder, es decir, camina porque ve a los otros caminar o como dice el adagio
popular, “para dónde va la gente, para donde va Vicente”.
Cuando las personas
son alienadas y alineadas, son castradas mentalmente, porque no tienen la
libertad de pensamiento y se dejan manipular, imponer una idea falsa asumiéndola
como cierta o verdadera, repitiendo como loros palabras o frases desarticuladas,
que muchas veces no entienden y que están apartadas de la realidad económica,
social y política, por la que está atravesando nuestra nación; esta castración
mental no es otra cosa que el castro-uribismo, que se ha convertido en una
corriente del pensamiento atávico, que coarta el libre desarrollo del
pensamiento crítico, pues entre más ignorante sea el pueblo, será un instrumento
fácil para seguir en el poder, robando o saqueando el tesoro público.
Ese castro-uribismo,
está conformado por profesionales de las diferentes disciplinas académicas y
por personas que aun leyendo, investigando o estudiando son unos verdaderos intelectuales disfuncionales, porque no
tienen una percepción critica de la realidad, presentando limitaciones
significativas en los procesos mentales o cognitivos, que le impiden procesar
la información que recibe para ajustarlas a la realidad; en otras palabras son
un sistemas cerrados: tercos, fanáticos, idolatras o radicales.
Por
ultimo están los analfabetas funcionales,
que aun sabiendo leer, escribir, no tiene tienen la capacidad para utilizar el
poder de la lectura y la investigación, por el contrario están impregnadas de
ese castro-uribismo
que no acepta la realidad, solo cree y repite lo que dice su líder, y todo lo
que se diga en contra de Uribe es falso, es persecución política, es un
comunista, guerrillero o Castrochavista.
Posdata. El próximo 27 de
mayo, sabremos cuantos intelectuales disfuncionales y analfabetas funcionales
existen en Colombia, que no les importa un comino, que se roben los dineros
públicos, se preste un mal servicio de salud y educación.
(*) Periodista y profesor de Derecho
Público.
10 de mayo de 2018
Este artículo periodístico puede ser publicado o
reenviado a sus contactos.
lunes, 2 de abril de 2018
LA PRESUNTA INHABILIDAD DE CLAUDIA LOPEZ E IVAN DUQUE.
LA
PRESUNTA INHABILIDAD DE CLAUDIA LÓPEZ E IVÁN DUQUE.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)
El artículo 183 numeral 2 de
la Constitución Política, establece que los Congresistas perderán su
investidura (muerte política) “Por la inasistencia, en un mismo período de
sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto
legislativo, de ley o mociones de censura”.
Por su parte el artículo 197
de la Constitución Política, establece “No podrá ser elegido Presidente de la
República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de
inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179; para el
caso en comento, el numeral 4 del artículo 179, establece: “Quienes hayan
perdido la investidura de Congresista”.
Con fundamento en el
artículo 183-2 constitucional y en la implementación de la doble instancia para
aforados judiciales, el Consejo de Estado, a través de la Sala Novena Especial
de Decisión de Perdida de Investidura, falló por primera vez una pérdida de
investidura contra la Congresista del partido de la U, Luz Adriana Moreno
Marmolejo, porque la Parlamentaria dejó de asistir a más de seis sesiones
plenarias en las que se votaron
proyectos de ley o de actos legislativos, violando de esta manera el
precepto constitucional.
Para la Sala de Decisión,
“el solo hecho de haber contestado el llamado a lista no prueba la asistencia
de la Congresista a las sesiones y
encontró probado, que después de registrar su asistencia no tuvo presente en
las sesiones plenarias realizadas por
la Cámara de Representantes los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, 15 de septiembre
y 6 de octubre de 2015"; para el Tribunal, “no solo se debe responder al
llamado de lista al inicio de cada sesión, sino que debe estar presente en el
recinto al momento de la votación”.
Este
fallo, es un mensaje tácito que tiene a más de un Congresista preocupado porque
el ausentismo al momento de votar es inconstitucional, antiético, ya que los
Congresistas deben asistir y cumplir con su deber de deliberar y votar así sea
negativamente, pero deben votar.
Pero
no solo está decretada en primera instancia la pérdida de investidura de Luz
Adriana Moreno, sino hay otras demandas haciendo fila, como el caso de la
Senadora Claudia López, formula Vicepresidencial de Sergio Fajardo, cuyo
expediente se encuentra en el Despacho del Magistrado Oswaldo Giraldo, y para
el próximo 9 de abril del presente año, se tiene previsto la Audiencia, donde
también es posible que se le decrete la perdida de investidura.
Dentro
del alud de demandas que se aproximan están la de la mayoría de los
Congresistas del Centro Democrático, que al momento de votar, se ausentaban y
para el caso que nos ocupa Iván Duque, del 14 de febrero al 20 de junio de
2017, se ausentó al momento de votar en cuatro oportunidades y registra otras 7
plenarias en las que hubo en total 26 votaciones y solo participó en 11, es
decir, registra 19 ausencias al momento de votar proyectos de ley o de actos
legislativos, pruebas más que suficientes para decretarle su muerte política.
De prosperar todas estas demandas, les aseguro que más del 80% de los actuales
Congresistas, se les decretaría la pérdida de investidura, por clara violación
a los artículos 133 y 183-2 de la Constitución Política.
En
la eventualidad que a Iván Duque, le decreten la perdida de investidura antes
de la primera o segunda elección presidencial, tendría que renunciar a su
aspiración presidencial y en caso, que sea electo presidente o este en el
ejercicio del cargo, se le tipificara una inhabilidad sobreviviente y tendría
que darle el paso a Martha Lucia Ramírez, quien asumiría la Presidencia de la
Republica, y aplicando la malicia indígena; de antemano ustedes ya saben
quiénes están patrocinando estas demandas por perdida de investidura.
En
caso que gane el títere de Uribe, no pasará nada, porque la intensión del
Uribismo, es hacer la gran reforma a la Rama Judicial y acabar con la Corte Constitucional,
el Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para
la Paz, y convertirla en un solo Tribunal, similar a la del régimen tiránico de
Maduro en Venezuela; así de esta manera Uribe y su hermano, le harán conejo a
los procesos penales pendientes ante la Corte Suprema de Justicia.
Como
vemos, se aproxima el Castrochavismo de la ultraderecha, igual de nefasto y
tiránico al de Nicolás Maduro y Raúl Castro, violándose derechos fundamentales
de las personas, en especial a los que piensan diferente al régimen y seguirá
reinando la impunidad, esa tara que tanto critica Uribe.
31 de marzo de 2018.
(*)
Profesor de Derecho Público.
martes, 20 de marzo de 2018
GANO EL CASTROCHAVISMO DE LA DERECHA.
GANÓ
EL CASTROCHAVISMO DE LA DERECHA.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)
El
proceso electoral del pasado 11 de marzo, para elegir Congresistas y escoger
por consulta partidista dos candidatos presidenciales, estuvo satanizada por el
miedo, la ignorancia, el odio, la desinformación en el sentido que el comunismo,
se iba a tomar el poder, que iba a expropiar casas, empresas y a poner aguantar
hambre al pueblo; propaganda negra que tuvo o tiene aún soporte en la crisis
política y económica de Venezuela.
En
la mente alienada –que impide al hombre su libertad de conciencia- en muchas
personas, se plasmó la misma película: perdiendo sus escasos bienes y haciendo
fila para adquirir los productos de la canasta familiar; y ante esta eventual
amenaza, en su mayoría salieron a votar por sus propios verdugos, no importaba
si eran saqueadores de los dineros públicos, si están comprometidos con delitos
de lesa humanidad o se roban la plata de la salud y la educación; lo importante
era salvar a Colombia del Castrochavismo.
Con la misma intensidad con
que se agrava la situación en Venezuela, en Colombia sube el tono verbal
agresivo por redes sociales, que se ha convertido en un campo de batalla donde
imperan los insultos, agresiones e injurias, como lo demostraron los discursos
de Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez,
todos los candidatos siempre se refirieron a lo mismo: “que Petro es
Castrochavista, un comunista, que atenta contra la democracia en Colombia, que íbamos para un segundo Venezuela”.
Sumado a lo anterior, con la
participación en política que le otorgó el proceso de paz a las Farc, y su
participación en las elecciones a través del partido creado por la antigua
guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), han aumentado
el sentimiento anti-izquierda en especial de terratenientes, que teme que el
péndulo de la política se incline hacia ese lado, oportunidad que utilizó Uribe
inclinando la balanza electoral a su favor, con el cuento chino, que “no
queremos una segunda Venezuela”.
Con estos argumentos
terroríficos del Castrochavismo como una posible amenaza a la institucionalidad
y democracia del país, sus detractores le hacen creer al pueblo ignorante que tal
concepto es una nueva teoría política, donde la propiedad privada no existe, la
gente aguanta hambre y ver como la cúpula Castrochavista, se enriquece
sacrificando el mínimo vital de los venezolanos. Todo esto es una exageración
infundada de la extrema derecha para seguir en la danza de la corrupción, el
despojo de tierras y seguir gobernando para los ricos de este país.
Mientras tanto el pueblo
ignorante, el que no lee ni siquiera los periódicos de opinión, el que votó por
sus opresores, no le importa que siga la desigualdad en Colombia, no le importa
que más 20 millones de personas vivan en la pobreza, que se preste un mal
servicio de salud, como tampoco importa si no hay fuentes de empleo, o que se
roben la plata de la alimentación de ancianos y niños, lo importante es que el
liberal progresista Gustavo Petro, no llegue al poder, porque de pronto le
expropian hasta lo que no tienen.
Sin más explicaciones,
seguirá el Castrochavismo de la derecha gobernando este país por otra década, y
sus vasallos seguirán felices, idolatrando a su amo y Señor Feudal, así las
personas en pobreza extrema sigan sobreviviendo con menos de un salario mínimo,
vivan en casas de inquilinato, se mueran en hospitales por falta de
medicamentos y sus hijos escasamente sepan leer y escribir; lo importante es
que no llegue el comunismo, porque a lo mejor les va expropiar su pobreza
intelectual.
20
de marzo de 2018.
(*) Profesor de Derecho Público.
.
lunes, 5 de febrero de 2018
LA PAZ DE URIBE Y LA DE SANTOS.
LA
PAZ DE URIBE Y LA DE SANTOS. (*)
Por: Víctor julio García Rodríguez.
En el Gobierno de
Álvaro Uribe, se expidió la ley 975 de 2005, cuyo objeto era facilitar los
procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de paramilitares,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, facilitando la reinserción a la vida civil y garantizándoles la
amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley de amnistía
o 782 de 2002. Arts. 1 y 2 ley 975/05.
La referida ley le
otorgó a los paramilitares que se sometieron al proceso de paz, los principios
de alternatividad, que consistía en
un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena impuesta por la
jurisdicción ordinaria para reemplazarla por una pena alternativa o justicia
para la paz, que se le concedía por la contribución del beneficiario a la
consecución de la paz, la colaboración
con la justicia, la reparación a las
víctimas y su adecuada resocialización, es decir, se le otorgo unas serie de
beneficios de orden penal y económicos a los desmovilizados, aplicándoles los
beneficios antes citados. Art. 3.
El parágrafo único del artículo 10, les otorgó a los miembros de estos
grupos que se encontraban privados de la libertad, la opción de acceder a los
beneficios amnistía e indulto, es decir, que pasaran de la jurisdicción
ordinaria a la justicia especial para la paz, siempre que en las providencias
judiciales correspondientes se determinara su pertenencia al respectivo grupo
armado.
A lo
anterior, el artículo 29, le concedió a los paramilitares sometidos a la
justicia especial para la paz, una pena alternativa, que consistía en la
ejecución de una condena alternativa, por un periodo mínimo de cinco (5) años y
no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y
su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los asesinatos, masacres y
genocidios cometidos por los paramilitares, es decir, los delitos de lesa
humanidad, tan solo pagaron una condena máxima de ocho (8) años, siempre y
cuando, los beneficiados se comprometieran a contribuir con su resocialización
a través de trabajo comunitario, estudio o enseñanza durante el tiempo del
cumplimiento de su condena en zonas de concentración. El pago de la referida
condena se hizo zonas de concentración y una vez cumplida, un funcionario, debía
certificar el cumplimiento de su pena, para posteriormente, entregarles un
beneficio económico a cada desmovilizado, que oscilaba entre 8 y diez millones
de pesos, para que iniciara su empresa, previa capacitación certificada.
En
los artículos 59, 60 y 61 de la ley 975, estableció el Acuerdo Humanitario, preceptuando, que es obligación del Gobierno
Nacional, garantizar el derecho a la paz, conforme a los artículos 2, 22, 3,
115, 188 y 189-4, de la constitución política, fundamentos jurídicos, que
posteriormente, le sirvieron de base normativa al Presidente Santos, para
proseguir, con el actual proceso de paz, pese al haber ganado el “No” con un
mínimo de votos.
Los que hemos leído el
actual proceso de paz, podemos concluir, que el actual proceso de paz con las
Farc, es una fiel copia del proceso de paz que hizo Álvaro Uribe, con los
paramilitares, donde la condena máxima es de 8 años, para los delitos atroces,
el cumplimiento de esta condena en sitios especiales, el pago de un subsidio
mensual para los desmovilizados y la entrega un beneficio económico, al final
de su condena, para que se vuelvan empresarios.
En el proceso de paz de
Uribe, varios bandidos no se acogieron a dicho proceso y conformaron lo que hoy
se denominan las BACRIM, y algunos amnistiados volvieron a estas bandas; en la
paz de Santos, un grupo disidente de las Farc, siguieron delinquiendo como Bacrím,
pero muchos de los desmovilizados con la paz de Uribe, hoy en día, son personas
trabajadoras y la sociedad les dio una segunda oportunidad; en cambio, los que
se han desmovilizado con la de Santos, con el plan pistola han sido asesinados,
sin darles una segunda oportunidad.
Cuando Uribe hizo el proceso
de paz con los paras, fue aplaudido como un buen hombre, un buen Presidente y
nadie protesto por la impunidad, ni por la amnistía o indulto a los paramilitares,
autores de masacres, violación de mujeres, de desapariciones, mucho menos, por
los beneficios que se le entregaron bajo el amparo de la justicia para la paz, y
Santos, copiando los principios y beneficios de la ley 975, hizo el proceso de
paz similar con las Farc, y por tal motivo ha sido tildado por su mayor
opositor como traidor, como Castrochavista, que le entrego el país a los
comunistas, pero si este proceso de paz, lo hubiese hecho Uribe, sería la
verraquera, y nadie estaría hablando de impunidad, ni del peligro del
comunismo, sino por el contrario, se estaría elogiando, que Uribe es buen
demócrata, que fortaleció la democracia,
el pluralismo y la tolerancia y trajo la paz a Colombia, así, haya también
subido el IVA, los impuestos y estuviéramos en crisis económica, porque todo lo
del pobre es robado.
Sumado a lo anterior, todos
los males del país, como la situación económica, social y hasta la corrupción,
se los achacan al proceso de paz de Santos; así por ejemplo, si las bandas criminales
asesinan policías, extorsionan, atracan, el culpable es la falsa paz del
Farcsantos, si la guerrilla del ELN, destruye oleoductos, secuestra o asesina
policías y soldados, el culpable es el proceso de paz del traidor del Santos,
pero como el colombiano del común, como no lee o investiga, lo manipulan,
alienan y lo alinean, para que no comprende que el actual proceso de paz se
suscribió fue con las Farc y no con el ELN, mucho menos que conozca sus
beneficios.
Por el contrario, muchos
quieren que el próximo Presidente de la Republica, tumbe el proceso de paz de
Santos, porque tienen el convencimiento que la paz se consigue con guerra, que
todo lo bueno es malo y lo perverso es lo mejor.
Por todo esto es imposible
pedirle a una sociedad que vea su desigualdad e injusticia social y la
corrupción en la administración pública, porque nos acostumbramos a las
masacres, el asesinato de miembros de la fuerza pública y no medimos su alto
costo para el desarrollo económico y social del país, mucho menos pretender hacer
un proceso de paz, diciéndoles a los actores de la violencia, que entreguen sus
armas para meterle 60 años de cárcel, así no funciona, ni ha funcionado en
ninguna parte del mundo; lo mejor es desarmar el corazón, que tener que seguir
otros 52 años llorando a nuestro familiares masacrados.
Hay que desarmar nuestro
corazón, para tener el valor de mirar hacia el futuro y no retroceder 52 años evocando
el pasado, porque este no es reparable y con que se haga justicia con largas
condenas para los verdugos, no vamos a recuperar el pasado mucho menos nuestros
seres queridos; por el contrario, nos queda la lección de aprender a tolerarnos,
a respetar las diferencias y enseñarles a nuestro hijos, que no todo se
soluciona con violencia, sino que existen otras alternativas, como el dialogo,
la concertación y el perdón, porque hay que luchar por una sociedad justa y equitativa,
que nunca será perfecta, porque los hombres nunca hemos construido cosas
perfectas, pero sí podemos hacer las cosas mejor.
(*) Periodista y profesor de Derecho Público.
Enero
27 de 2018.
Este ensayo puede ser
publicado o compartido por redes sociales.
miércoles, 3 de enero de 2018
LO POSITIVO DEL PROCESO DE PAZ
LO
POSITIVO DEL PROCESO DE PAZ.
Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)
El hecho de haberse salvado
por lo menos más de 5.000 vidas de colombianos de los estratos 1, 2 y 3, en el
primer año del proceso de paz, es un argumento bioético, más que suficiente,
para que por lo menos los dirigentes políticos de la derecha, depongan sus
odios, resentimientos y sed de venganza y salgan en defensa del proceso de paz,
que después de más de 50 años de guerra, se ha logrado llevarla a su mínima
expresión.
Según el CERAC (Centro de Recursos para Análisis de
Conflictos), de no ser por el acuerdo de paz, hoy
tendríamos cerca de 600 familias de soldados y policías, llorando a sus muertos
y clamando por un acuerdo de paz y por lo menos habría más de 1.500 niños
huérfanos entre los tres actores en conflicto: guerrilleros, paramilitares y
fuerza pública.
La voladura de oleoductos,
puentes y torres de energía, los carros bombas y el ataque a la infraestructura
petrolera, son cosas del pasado, a pesar que aún queda el ELN, para ingresar al
proceso de paz, y lograr una paz definitiva, a pesar de la oposición y
argumentos de los profetas del mal, que el país se lo entregaron a la
guerrilla, para justificar sus maquiavélicos planes, de seguir lucrándose con
el negocio de la guerra, como el robo de tierras a campesinos, la mala
prestación del servicio de salud, la corrupción entre otros, y seguir
contaminando el ambiente político, para poner el acuerdo de paz, como el
anticristo, como un mal peor que la misma violencia, es decir, quieren justificar
la violencia, como el medio más seguro para la consecución de la paz; en otras
palabras, el “fin justifica los medios”.
Sin embargo, el proceso de
paz ha tenido sus bemoles, como la polarización del país, a cargo de Álvaro
Uribe, un resentido social, lleno de odios, resentimientos, venganza, que
quiere seguir manipulando al pueblo, como si fuéramos sus vasallos, pues al él
no le interesan los resultados positivos del proceso de paz, sino propiciar el
engaño y la mentira o publicidad negra, para generar miedo e incertidumbre y
seguir reinando en medio de la división o polarización de país.
Pero no todo es color de
rosa, ya estamos entrando en la etapa del posconflicto, donde han sido
asesinados varios defensores de derechos humanos, líderes de restitución de
tierras, líderes sindicales y reinsertados de la guerrilla, porque
sencillamente son voceros del comunismo o la guerrilla; así mismo, el
surgimiento de bandas criminales, como los disidentes de la guerrilla de las
Farc y los paramilitares, ponen en entredicho la paz verdadera, pero a pesar de
todas estas vicisitudes se debe seguir apoyando el proceso de paz, que dentro de tantas cosas malas que le
han sucedido a este país, es lo menos malo o perjudicial.
El Gobierno Nacional, ha
sido negligente en la prevención del asesinato de estos defensores o líderes, y
su argumento es que estos homicidios son producto de líos de faldas; no ha
cumplido a cabalidad con lo pactado en acuerdo de paz, según los voceros de la
guerrilla, como tampoco ha propiciado la reconciliación y el perdón; una
reparación real y efectiva a las víctimas del conflicto; la prevención de la
violencia y el crimen selectivo; no ha hecho la reforma a la fuerza pública; la
reconstrucción del desarrollo económico y agrario, mucho menos la estabilización
política y administrativa con la participación del sector privado, sociedad civil
y la comunidad internacional.
En el camino del
posconflicto, queda mucho por recorrer, y el primer paso es superar es la
polarización, el odio, el resentimiento y la sed de venganza, de algunos
sectores del pueblo.
Posdata. Con la oposición
férrea del Centro Democrático, al proceso de paz, este grupo político no
debería llamarse “Centro”, sino “Derecha Democrática”; de Centro, no tiene sino
el nombre.
27
de diciembre de 2017
(*) Periodista y profesor de
Derecho Público.
LUCAS TORRES, NUEVAMENTE EN LA PICOTA PUBLICA.
LUCAS
TORRES, NUEVAMENTE EN LA PICOTA PÚBLICA. (*)
Por: Víctor Julio García Rodríguez.
.
Las recientes declaraciones
de Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, implicando a Nebio Echeverri, actual
gobernador del Guaviare, en la conformación y financiación de grupos
paramilitares, y a Luis Carlos Torres Rueda, como aparente determinador de la
muerte de Eusser Rondón, Nubia Sánchez y Carlos Javier Sabogal Mojica, reunión
que se llevó a cabo en la Finca el Rollo, con la presencia de políticos
rufianes, entre los que se encontraba Lucas y Miguel Arroyave, pone en evidencia que este
país, no existe justicia, porque según don Mario, él denuncio estos hechos,
pero desaparecieron las pruebas aportadas, porque la administración de
justicia, esta putrefacta y sobran las explicaciones, según los recientes
escándalos del cartel de la Toga.
Pero el punto central es ¿se
puede reabrir el proceso penal en contra de Luis Carlos Torres, como determinador
de la muerte de estos políticos?
En
octubre de 2008, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se abstuvo de proferir medida de
aseguramiento en contra de Luís Carlos Torres Rueda, por el referido triple
homicidio acaecido el 13 de septiembre de 2004; en ese entonces, el ente
investigador, argumentó que no existieron pruebas contundentes ya que las
recopiladas eran de oídas.
El proceso en contra de
Lucas, fue archivado, es decir, se dictó un auto inhibitorio, por falta de
pruebas o sencillamente porque el defensor de ese entonces, el egregio Doctor
Tula, demostró, que su defendido no había cometido el hecho o no había sido determinador
de estos homicidios, es decir, el proceso terminó sin una evaluación sustantiva
de las pruebas, no se discutieron las aportadas al proceso, y simplemente quedaron
con el calificativo de sumarias, porque no hubo confrontación o contradicción, y
por este evento, el proceso fue archivado o con fallo de auto inhibitorio.
Como el caso llegó hasta
este punto, se puede reabrir la investigación nuevamente por aparecer nuevas
pruebas, y los familiares de los asesinados o sujetos procesales, pueden
solicitar a la Fiscalía, evaluar las declaraciones de Don Mario, entregadas a
Blu Radio, para conocer más de fondo, cual fue la participación real de Luis
Carlos Torres, en los referidos homicidios.
A través de una acción
extraordinaria de revisión según lo previsto en los artículos 473 al 480 del
Código Penal, se puede reabrir el proceso, ya que la acción penal prescribe en
el tiempo igual a la máxima de la pena, ya que no hubo fallo condenatorio y al
aparecer nuevas pruebas, se puede reabrir el proceso, porque la cosa juzgada
desaparece cuando hay nuevas pruebas, según las sentencias, T-520/09 y C-479 de
2015 de Corte Constitucional.
Esta declaración podría
beneficiar también a los condenados de conformidad con el artículo 192 numeral
3 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la revisión procede
cuando después de la sentencia condenatoria, aparezcan nuevos hechos o surjan
pruebas no conocidas en el juzgamiento, y que establezcan la inocencia del
condenado, es decir, los hechos
planteados no servirían para volver a juzgar a los condenados como Edilberto
Castro, sino por el contrario, que le favorezcan, en caso que las pruebas así
lo demuestren.
En este caso, los juristas,
expondrán en favor o en contra sus tesis, pero la última palabra la tiene el
Doctor Tula, una eminencia en demostrar que sus defendidos son todos unos
angelitos.
Villavicencio,
21 diciembre de 2017
(*) Periodista y profesor de
Derecho Público.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)